Desde la noche del 10 de marzo de 2011, unos desconocidos ha publicado en Internet un llamamiento al asesinato de tres defensores de los derechos humanos —Mohammed Al-Maskati, Naji Fateel y Abduhadi Al-Khawaja—, a los que acusan de traición, y la amenaza está circulando por el servicio de mensajería de Blackberry, foros, Twitter y Facebook. Se han publicado su información personal, los números de sus teléfonos móviles, sus números del Registro Central de Población, sus fotos, sus direcciones particulares y las descripciones de sus coches. Desde entonces, los tres defensores de los derechos humanos han estado recibiendo numerosas llamadas de teléfono de individuos que no se identifican y los insultan y los amenazan. Nabeel Rajab ha recibido también con regularidad amenazas de muerte a través de redes sociales como Facebook y Twitter desde que se inició el movimiento de protesta social el 14 de febrero de 2011.
Uno de los mensajes que circulan, concretamente en Facebook, dice: «Estos son los instigadores del desorden que han organizado los movimientos de sabotaje y que están insistiendo en que se vaya al Tribunal Real el viernes. Hay que matar y aniquilar a los líderes de la agitación y el desorden en nuestro querido Bahréin. Esta es la información sobre los traidores: (...)».
La FIDH lamenta que los defensores de los derechos humanos de Bahréin sigan siendo tomados por opositores políticos. Estos actos de intimidación, difamación y acoso se producen en el contexto de una oleada de protestas que piden una nueva constitución, la liberación de los presos políticos, el fin de las discriminaciones y otras reformas políticas en Bahréin desde mediados de febrero de 2011.
La FIDH expresa su más profunda preocupación por los actos de acoso mencionados, que parecen estar dirigidos sencillamente a sancionar sus actividades en defensa de los derechos humanos. La FIDH recuerda que durante los últimos años las autoridades han orquestado o tolerado varias campañas de difamación contra los defensores de los derechos humanos.
La FIDH pide a las autoridades que inicien una investigación rigurosa, independiente e imparcial de estos hechos, cuyo resultado debe hacerse público para lograr que los responsables comparezcan ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas legalmente. Es más, la FIDH insta a las autoridades a que expresen públicamente su apoyo al trabajo realizado por los defensores bahreiníes de los derechos humanos y a que adopten medidas para garantizar su integridad física.
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