Desde el inicio del Hirak y, sobre todo, en vísperas de las nuevas elecciones legislativas de este sábado, 12 de junio de 2021, las autoridades han prohibido y reprimido por la fuerza las manifestaciones. Actualmente, quienes se atreven a criticar la actuación del Gobierno son objeto de arresto, persecución judicial, encarcelamiento, intimidación, violencia y otros malos tratos. Sin embargo, el Gobierno argelino afirma ser un Estado de derecho, respetuoso con la democracia y la Constitución.
Por otra parte, desde el referéndum constitucional del 1 de noviembre de 2020, la nueva Constitución pretende reconocer las aspiraciones expresadas por el Hirak, un movimiento ciudadano pacífico que exige un cambio político profundo para la instauración de la Segunda República y el establecimiento de un Estado de derecho democrático que respete las libertades fundamentales.
Sin embargo, en la práctica, el Gobierno responde sobre todo con coacción a la frustración de la juventud y a las aspiraciones democráticas que manifiesta una sociedad civil que pide “cambios políticos y sociales profundos”. Desde la reanudación del movimiento el 26 de febrero de 2021, se han producido al menos 4100 detenciones de manifestantes pacíficos/as. El 10 de junio, cuarenta y ocho horas antes de las elecciones, fueron arrestados Karim Tabou e Ishane El Kadi, dos figuras de la libertad de expresión y la protesta social, así como el periodista Khaled Drareni.
Las personas defensoras de los derechos humanos conocidas por su implicación en el Hirak se encuentran en el punto de mira de los medios de comunicación y de una justicia afín al régimen. Apelando a una legislación poco precisa, se acusa a periodistas y activistas de atentar contra el orden público, la seguridad del Estado e incluso de apoyar el terrorismo. Entre los casos más emblemáticos cabe citar los de Said Boudour, Kaddour Chouicha y la periodista Jamila Loukil, así como el del abogado Abderraouf Arslane, miembro del colectivo de defensa de las personas detenidas del Hirak, que se encuentra en prisión preventiva desde el miércoles 26 de mayo. El 22 de mayo, el secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Mahmoud Rechidi, anunció que el Gobierno había iniciado un procedimiento judicial para la suspensión provisional del PST y de todas sus actividades políticas, así como el cierre de sus locales. Del mismo modo, muchos opositores políticos se enfrentan también a detenciones arbitrarias y a la violencia policial.
En lugar de reprimir la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y de reunión, las autoridades argelinas deberían abordar las causas profundas de la ira popular para dar respuestas positivas a las legítimas aspiraciones de sectores enteros de la sociedad: justicia social, igualdad y dignidad humana. Ni la represión, ni las medidas superficiales lograrán apaciguar la frustración de una población decidida a lograr un cambio real y profundo.
Para que la situación se estabilice y se satisfagan las exigencias legítimas del pueblo a través de medidas verdaderamente democráticas, la FIDH y EUROMED piden lo siguiente:
• La liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas arbitrariamente y el cese de los arrestos y detenciones arbitrarias.
• El fin de todos los procedimientos administrativos y del acoso judicial contra las asociaciones de derechos humanos, especialmente del Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) y de la asociación Bab Eloued.
• El cese inmediato de la censura y el bloqueo de los medios de comunicación independientes y el estricto respeto de la libertad de expresión. El fin del acoso judicial a periodistas, sociedad civil y activistas pacíficos/as.
• Una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las violaciones de los derechos humanos y las denuncias de violencia física, sexual y psicológica ejercida durante la detención y que los culpables rindan cuentas.
• El fin del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos/as y la garantía del respeto del derecho de reunión pacífica consagrado en la Constitución argelina y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).