Con nuestra firma, pedimos urgentemente al gobierno argelino que ponga fin a la criminalización sistemática del activismo pacífico, el periodismo independiente, los sindicatos independientes y la disidencia, y que ponga en libertad a todas las personas encarceladas arbitrariamente.
En estos momentos en que el número de personas encarceladas por motivos de conciencia ha alcanzado un nuevo récord (340 hasta el 9 de febrero de 2022 [1]., incluidas siete mujeres) [2], resulta especialmente preocupante la proliferación de los juicios arbitrarias por acusaciones de terrorismo que acarrean fuertes sanciones y las acciones legales sin precedentes contra organizaciones civiles y políticas. En este contexto, al menos 46 personas encarceladas por motivos de conciencia iniciaron una huelga de hambre el 28 de enero de 2022 [3]. para protestar por su detención arbitraria. En lo que parece ser una acción de represalia, cinco de ellas sufrieron agresiones físicas [4] mientras que se trasladó a otras prisiones al menos a otras 23.
En estos momentos, las autoridades pretenden acabar con todo resquicio de espacio cívico y amenazan la propia supervivencia de todos los miembros de la sociedad civil independiente y del sistema multipartidista. En respuesta a esta nueva represión, 12 organizaciones argelinas, europeas e internacionales han reafirmado su compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos en Argelia mediante la creación de un grupo de trabajo ad hoc el 11 de febrero de 2022.
Mientras que parece materializarse en Suiza la posibilidad de celebrar un proceso judicial por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el general Khaled Nezzar (EN), nuestras organizaciones subrayan la necesidad urgente de luchar contra la falta de independencia del poder judicial argelino. Precisamente esta falta de independencia ha contribuido a una larga historia de impunidad que recuerda tristemente a los años 90, cuando agentes estatales provocaron la desaparición forzosa de 8.000 personas [5]
Más información sobre la evolución reciente de los derechos humanos en Argelia
• Uso indebido de las medidas antiterroristas para reprimir la disidencia pacífica
Entre mayo y agosto de 2021, las autoridades argelinas impusieron un cierre casi total del espacio público mediante detenciones masivas y uso ilegal de la fuerza contra manifestantes (EN), personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Desde entonces, se han producido numerosas detenciones y enjuiciamientos por acusaciones de terrorismo formuladas en términos vagos.
En la actualidad, hay al menos59 personas sometidas a un enjuiciamiento arbitrari (EN) o por acusaciones relacionadas con el terrorismo en virtud del artículo 87 bis del Código Penal, que define el terrorismo y que se modificó en junio de 2021 para ampliar la definición. Al menos 44 de ellas están en prisión preventiva de forma indefinida [6], entre las que se encuentra la defensora de los derechos de las mujeres y de la población amazig, Kamira Nait Sid, que fue detenida el 25 de agosto de 2021, Slimane Bouhafs, refugiado y activista amazig cristiano que fue secuestrado y devuelto a la fuerza desde Túnez el 25 de agosto de 2021 y el abogado de derechos humanos Abderraouf Arslane, detenido el 26 de mayo de 2021.En una comunicación (EN) fechada el 27 de diciembre de 2021, cinco procedimientos especiales de las Naciones Unidas advirtieron de que el artículo 87 bis del Código Penal "[socavaba] los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión e [imponía] penas desproporcionadas por actos que no eran competencia de la legislación antiterrorista."
• Acciones judiciales sin precedentes contra organizaciones civiles y políticas
Además, las acciones legales sin precedentes iniciadas contra las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos –especialmente contra los miembros del Pacto por una Alternativa Democrática (PAD) [7]– indican la determinación de las autoridades de endurecer la represión de cualquier activismo independiente y organizado y de acabar con los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
El 20 de enero de 2022, el Consejo de Estado suspendió temporalmente las actividades del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y cerró sus locales por "actividad ilegal". El mismo día, el Consejo de Estado desestimó una solicitud similar del Ministerio del Interior para suspender a la Unión por el Cambio y el Progreso (UCP), aunque aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de disolución de la UCP. El 5 de enero, la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD) recibió un aviso del Ministerio del Interior para que dejara de celebrar reuniones en sus locales sin autorización y amenazó al partido con emprender acciones legales. Este aviso se refería a una reunión que el RCD había organizado el 24 de diciembre de 2021 para lanzar un "frente popular contra la represión". Desde septiembre de 2021, al menos nueve miembros del RCD han sido condenados a prisión, puestos bajo vigilancia judicial o en prisión preventiva. El 13 de octubre de 2021, el tribunal administrativo de Argel también disolvió el Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), una destacada organización juvenil y de derechos humanos, alegando que sus actividades eran contrarias a sus estatutos. Desde 2019 se han enjuiciado al menos a 11 miembros del RAJ.
También han sido objeto de especial atención las personas activistas civiles y políticas. Se está procesando judicialmente a nueve miembros de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) en relación con su activismo y tres de ellos llevan varios meses en prisión preventiva. El 13 de enero se dictaron medidas de control judicial contra, Nasreddine Hamitouche e Hichem Khiat, de la Agrupación de Jóvenes por Argelia (RJPA). El 9 de enero de 2022, Fethi Ghares, coordinador nacional del Movimiento Democrático y Social (MDS), fue condenado a dos años de prisión por criticar a las autoridades en Internet y durante una reunión. El 14 de noviembre de 2021, Nacer Meghnine, presidente de la organización juvenil SOS Cultura Bab el Oued, fue condenado a un año de prisión por "distribuir y poseer publicaciones para socavar la unidad nacional" e "incitar a una reunión no armada".
• Continúan las detenciones y condenas arbitrarias basadas en acusaciones vagas y generales.
Paralelamente a estos dos importantes hechos, las detenciones y condenas arbitrarias de personas defensoras de los derechos humanos, activistas pacíficas y periodistas han continuado sin cesar, utilizando acusaciones vagas y generales, como "socavar la unidad nacional", "ofensa a los organismos públicos" o "incitación a una reunión no armada ". Según fuentes fidedignas, en enero de 2022 se condenó a prisión al menos a 27 activistas, manifestantes y periodistas pacíficos, entre quienes figuran el activista Mustapha Guira, condenado a tres años de encarcelamiento el 23 de enero (se encontraba en prisión preventiva desde el 29 de abril de 2021 por otra acusación de terrorismo), el activista Bouziza Boumediene, condenado a tres años de prisión el 30 de enero, y el periodista y bloguero Merzoug Touati (EN), condenado a un año de prisión el 1 de enero. Entre los 33 activistas y periodistas detenidos en enero de 2022 se encuentra el periodista Abdelkrim Zeghileche, detenido por acusaciones relacionadas con el terrorismo el 24 de enero, así como la defensora de los derechos laborales Dalila Touat, detenida de nuevo el 31 de enero de 2022. Estas dos personas ya ha habían sufrido acoso judicial.