París, Argel, 14 de septiembre de 2026. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) manifiesta su plena solidaridad con las víctimas de los recientes incendios, con sus familias y con todas las partes que se han movilizado para socorrer a la población afectada, pero la respuesta penal articulada bajo el impulso del presidente de Abdelmadjid Tebboune resulta alarmante. La gravedad de los incendios intencionados y la pérdida de vidas humanas exigen una respuesta judicial seria, independiente y eficaz. Sin embargo, no pueden servir para justificar el restablecimiento de las ejecuciones, menos aun cuando ya existen detenciones en el marco de las investigaciones en curso.
El Código Penal argelino ya contempla la pena de muerte cuando un incendio intencionado provoca víctimas mortales (artículo 399). La modificación que pretende el ejecutivo busca extender la pena capital a cualquier provocación de incendio forestal intencionado, con independencia de si se cobra vidas humanas, y permitir la ejecución efectiva de las condenas. Esto implicaría un incremento drástico en la aplicación de la pena de muerte y la ruptura explícita con la moratoria de ejecuciones vigente desde 1993.
"La gravedad de un delito jamás puede legitimar la pena de muerte. Ante los incendios criminales, al igual que ante cualquier otra infracción, la justicia debe investigar, juzgar y sancionar a las partes responsables, pero no puede responder a la muerte con más muerte. Volver a ejecutar en Argelia supondría una regresión histórica y rompería con más de 30 años de moratoria de facto. El gobierno argelino no demostraría grandeza alguna reactivando el cadalso, sino transformando esta moratoria en una abolición definitiva y afirmando sin ambigüedades que el derecho a la vida no depende de la naturaleza del delito ni de las circunstancias políticas", declara Aissa Rahmoune, titular de la secretaría general de la FIDH y responsable del Collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (CS-LADDH).
Aunque los tribunales continúan dictando con regularidad condenas a muerte, Argelia es un país acumula ya 33 años sin ejecutar la pena capital. Además, en los últimos años ha respaldado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a los Estados a establecer una moratoria sobre las ejecuciones con miras a la abolición definitiva de la pena de muerte. Plantear el restablecimiento de las ejecuciones o la ampliación de la pena capital supone un importante retroceso para los derechos humanos y una señal sumamente preocupante a la luz de los compromisos internacionales del país.
La lucha contra los incendios provocados debe sustentarse en investigaciones independientes y rigurosas, la determinación de responsabilidades a partir de pruebas, el respeto a la presunción de inocencia y la plena garantía del derecho a la defensa. Toda persona procesada debe contar con un juicio justo ante un órgano judicial independiente y disponer de recursos efectivos.
La FIDH, miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y parte de su Comité Directivo, junto con su organización miembro en Argelia, el CS-LADDH, reiteran su oposición a la pena capital en cualquier circunstancia, con independencia del delito cometido, su gravedad o la conmoción social que haya generado. La justicia debe sancionar los delitos, pero no matar en nombre de las víctimas, ni de la sociedad ni del Estado.