El 24 de agosto, fue detenido en el aeropuerto de Orán junto con su esposa Kaddour Chouicha, destacado defensor de los derechos humanos, vicepresidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) y presidente de la Liga en Orán. Tras un interrogatorio de dos horas sobre el motivo de su viaje, su destino y sus vínculos con los mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se le impidió embarcar en su vuelo sin que las autoridades le hubieran informado previamente de que su nombre figuraba en una lista de personas sobre las que pesaba una prohibición de viajar. El procedimiento de la prohibición de viajar coincide con la disposición de Kaddour Chouicha a viajar para preparar, junto con otras personas, varias reuniones con los relatores especiales de las Naciones Unidas, y pone de manifiesto las continuas restricciones a la libertad de trabajo de los sindicatos y asociaciones. Había viajado con su esposa, que participaba en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos el 31 de agosto, en vísperas de la sesión oficial del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos, cuya celebración está prevista para el próximo mes de noviembre. Es probable que la prohibición de viajar sea también una represalia por su participación en una presentación conjunta que arrojó luz sobre la reducción del espacio cívico y la dura represión contra las personas defensoras de los derechos humanos y activistas del movimiento Hirak por parte de las autoridades argelinas. Esta creciente represión incluye agresiones físicas, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas durante la detención, y acoso judicial contra personas que se manifiestan pacíficamente, miembros del movimiento de derechos humanos, sindicalistas y periodistas.
Las organizaciones firmantes temen que este incidente, que coincidió con la visita del presidente francés a Argelia, sea una prueba más de la continua condonación por parte de las principales autoridades europeos de las crecientes violaciones de los derechos humanos en Argelia, a cambio de la seguridad de que se cubren las necesidades energéticas de Europa. Nuestras organizaciones consideran que esta discrecionalidad e incoherencia en el apoyo a las normas internacionales de derechos humanos alimenta la inestabilidad y promueve el crecimiento de grupos extremistas violentos.
Además, la estrategia de intentar alcanzar compromisos con regímenes autoritarios impediría el avance de los procesos de democratización en las costas del sur del Mediterráneo y aumentaría el número de personas migrantes jóvenes desesperadas por lograr el cambio.
Cabe mencionar que las autoridades argelinas cuentan con un largo historial de acoso contra Kaddour Chouicha: el 12 de marzo de 2021, la policía de Orán le golpearon violentamente a él y su hijo (uno de los policías intentó estrangularlo). El 29 de abril de 2021, las personas defensoras de los derechos humanos Kaddour Chouicha, Jamila Loukil, Said Boudour y otras 12 personas activistas pacíficas fueron procesadas por cargos relacionados con el terrorismo. la fiscalía les acusó de "conspirar contra la seguridad del Estado para incitar a la ciudadanía a tomar las armas contra la autoridad del Estado o para socavar la integridad del territorio nacional, propaganda de origen o inspiración extranjera que puede perjudicar el interés nacional e inscripción en una organización terrorista o subversiva que actúe en el extranjero o en Argelia", según los artículos 77, 78, 87 bis, 87 bis 3, 87 bis 6, 87 bis 12 y 96 del Código Penal. Esta lista de acusaciones refleja la deliberada e injusta asociación por parte de las autoridades argelinas de la actividad pacífica y legítima de las personas defensoras de los derechos humanos y los delitos de terrorismo, de forma que se les pueda condenar a largas penas de prisión de hasta 20 años.
En este contexto, las organizaciones firmantes exigen:
1. Los procedimientos especiales de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) deben plantear inmediata y públicamente a las autoridades argelinas su preocupación por los continuos ataques y represalias contra el defensor de los derechos humanos Kaddour Chouicha.
2. Los organismos internacionales y las organizaciones internacionales y regionales independientes de derechos humanos deben trabajar para que la sociedad civil argelina pueda actuar libremente y sin represalias ni represión, especialmente la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos.
3. Las autoridades argelinas deben retirar de forma urgente e inmediata todas las medidas de prohibición de viajar y los cargos contra el defensor de los derechos humanos Kaddour Chouicha, que se encuentra en su punto de mira por su labor legítima y pacífica de defensa de los derechos humanos y su participación en protestas pacíficas.
4. Las autoridades argelinas deben garantizar que, en toda circunstancia, las personas defensoras de los derechos humanos en Argelia puedan llevar a cabo sus legítimas actividades en materia de derechos humanos sin restricciones ni temor a represalias. No se debe penalizar a las personas que se manifiestan pacíficamente, especialmente utilizando acusaciones infundadas de terrorismo para encarcelarlas.
5. Las autoridades argelinas deben modificar las disposiciones del Código Penal que suponen un riesgo de criminalizar indebidamente la labor de derechos humanos, entre otros, los artículos 87 bis y 96, en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) ratificada por Argelia.
Antecedentes:
Abuso por parte de las autoridades argelinas de la lucha antiterrorista como herramienta de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos:
El decreto ejecutivo n° 21-384, de 7 de octubre de 2021, estableció las modalidades de elaboración e inclusión en la lista nacional de terroristas, en virtud de las que las entidades o personas que figuran en la lista pueden ser objeto de severas restricciones (prohibición de viajar, congelación de activos y prohibición de ejercer actividades políticas, sindicales o públicas). Según el decreto, el proceso de inclusión en la lista se basa únicamente en una investigación preliminar e independiente realizada por los organismos de seguridad, sin supervisión judicial ni normativa legislativa. Sobre esta base, una comisión presidida por el ministro del Interior y compuesta por otros ministros y jefes de organismos de seguridad, decide la inclusión y la eliminación de personas y entidades de la lista. Esta falta de revisión independiente es contraria a las normas internacionales que exigen que se lleve a cabo una investigación independiente antes de imponer un castigo.
El 27 de diciembre de 2021, los procedimientos especiales de la ONU advirtieron que la legislación antiterrorista socavaba los derechos fundamentales e imponía penas desproporcionadas por actos que no debían ser sometidos a la legislación antiterrorista. Afirmaron que los procedimientos para incluir los nombres de entidades y personas en la lista nacional de terroristas no cumplían con las normas internacionales de derechos humanos y expresaron su "preocupación por el hecho de que este marco legislativo pudiera dar lugar a abusos y permitir la adopción de decisiones arbitrarias".
Entre abril y octubre de 2021, el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) documentó la imputación de al menos 59 personas por cargos infundados de terrorismo. Las mencionamos a título ilustrativo, pero no son las únicas.
1. El 29 de abril de 2021, las personas defensoras de los derechos humanos Kaddour Chouicha, Jamila Loukil y Said Boudour, y otras 12 personas activistas pacíficas, fueron procesadas por cargos relacionados con el terrorismo.
2. La manifestante Hakima Bahri fue detenida el 21 de mayo de 2021 por "participación en una organización terrorista".
3. El 26 de mayo de 2021, el abogado de derechos humanos Abderraouf Arslane, miembro del Colectivo para la Defensa de los Detenidos del Hirak, fue detenido y procesado por participación en una organización terrorista (artículos 87bis 2 y 87bis 3 del Código Penal).
4. Las activistas Fatima Boudouda y Moufida Kharchi se encuentran en prisión preventiva desde el 21 de mayo de 2021 por acusaciones relacionadas con el terrorismo.
5. El sindicalista Ramzi Derder y otros tres activistas, Aissam Messadia, Okba Toulmit y Oussama Medaci, fueron detenidos en Batna los días 27 y 30 de junio de 2021, acusados de terrorismo.
6. El 24 de agosto de 2021, la defensora de los derechos de las minorías Kamira Nait Sidive fue sometida a desaparición forzada, tras lo cual fue acusada de varios cargos relacionados con el terrorismo.
7. El activista cristiano amazig Slimane Bouhafs, refugiado argelino, fue devuelto a la fuerzadesde Túnez el 25 de agosto de 2021 para ser juzgado por "participación en una organización terrorista".
8. Quince activistas amazig y el periodista Mohamed Mouloudj fueron detenidos entre el 2 y el 14 de septiembre de 2021 y procesados por cargos de terrorismo.
9. El ex policía Zahir Moulaoui fue detenido el 5 de octubre de 2021 y acusado de "participación en una organización terrorista" y "enaltecimiento del terrorismo".
10. El defensor de los derechos humanos Mohad Gasmi fue condenado a tres años de prisión el 9 de junio de 2022 por "alabanza del terrorismo" debido a varias publicaciones críticas en sus redes sociales. Fue asimismo condenado a tres años de cárcel el 15 de junio de 2022, declarado culpable de "revelar información confidencial sin intención de traición o espionaje" (artículo 67 del Código Penal) por sus viajes al extranjero para asistir a conferencias sobre medio ambiente y por el intercambio de varios correos electrónicos sobre la explotación de gas de esquisto en el sur de Argelia.
11. El 12 de septiembre de 2021, el periodista Hassan Bouras fue encarcelado de forma preventiva por ocho delitos y acusaciones penales relacionadas con el terrorismo. Bouras corre el riesgo de ser condenado a pena de muerte, por publicaciones en línea sobre la crisis de oxígeno durante la pandemia de COVID-19, así como sobre el asesinato del activista de Hirak Djamel Bensmail, linchado por una multitud el 11 de agosto de 2021.
12. El 10 de noviembre de 2021, el activista Bouabdella Bouachria fue condenado a nueve años de prisión por cargos como "alabanza del terrorismo".
13. El 18 de febrero de 2022, el defensor de los derechos humanos Zaki Hannache fue detenido por "alabar el terrorismo", "socavar la unidad nacional", "recibir fondos que atentan contra la unidad nacional", "exhibir y distribuir publicaciones que pueden perjudicar el interés nacional" y "difundir información falsa", basándose en su trabajo de derechos humanos que documenta las persecuciones y detenciones arbitrarias relacionadas con el Hirak o el ejercicio de las libertades civiles y políticas desde 2019 (el Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos está dirigiendo la comunicación sobre su caso). Fue puesto en libertad el 30 de marzo de 2022, pero la fiscalía no ha retirado los cargos contra él y el caso sigue pendiente.