La resolución 60/251 de la Asamblea General, por la que se constituyó el Consejo de Derechos Humanos, dispone que “la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.
Arabia Saudita ha cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos durante su período como miembro del Consejo y ha utilizado su posición dentro del Consejo para negarse a rendir cuentas por sus violaciones en Yemen. Arabia Saudita dirigió la coalición militar que combatió en Yemen y Riyadh ha sido la sede de su estructura de control y mando. Desde el 26 de marzo de 2015 la coalición ha llevado a cabo numerosos ataques que han vulnerado el derecho internacional humanitario, entre otros, ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados que han matado y herido a muchos civiles. En repetidas ocasiones ha utilizado municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, incluso en áreas ocupadas por población civil.
A pesar de las bien documentadas violaciones cometidas por la coalición dirigida por Arabia Saudita en Yemen, no se ha producido ningún tipo de rendición de cuentas. Arabia Saudita no ha llevado a cabo ninguna investigación imparcial, transparente y digna de crédito sobre posibles crímenes de guerra y, con ayuda de sus aliados, ha utilizado su posición en el Consejo de Derechos Humanos para obstruir de forma eficaz una investigación internacional independiente, tal como lo exigió el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Una comisión nacional de investigación constituida por el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, y respaldada por Arabia Saudita, no ha efectuado hasta la fecha investigaciones dignas de crédito sobre las violaciones cometidas durante el conflicto. Además, Arabia Saudita se ha valido de amenazas de suspender la financiación de programas críticos de la ONU con el fin de obligar al secretario general a eliminar a la coalición de su “Lista de la Vergüenza” por haber matado y mutilado niños y haber atacado escuelas y hospitales en Yemen. Hacemos un llamamiento a la Asamblea General para que suspenda los derechos de Arabia Saudita como miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta que, no solamente ponga fin a los ataques ilegítimos contra Yemen, sino que lleve a cabo una investigación imparcial y digna de crédito que se ajuste a las normas internacionales o acepte y coopere con una investigación internacional independiente sobre las supuestas violaciones cometidas en Yemen.
Las instituciones de la ONU denunciaron ya el año pasado las violaciones cometidas en Yemen por la coalición dirigida por Arabia Saudita.
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen, creado por la resolución 2140 (2013) del Consejo se Seguridad de la ONU, en un informe que se publicó el 26 de enero de 2016, “documentó 119 misiones de la coalición asociadas con violaciones” del derecho de guerra. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima que desde el comienzo de las operaciones militares de la coalición han muerto al menos 3.539 civiles y 6.268 han resultado heridos. En marzo de 2016 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que la coalición era responsable del doble de víctimas de todas las otras fuerzas juntas, según las cifras de de la Oficina del ACNUDH. Ha observado que “al parecer, la distinción entre los objetivos militares legítimos y los civiles –que gozan de protección según el derecho internacional– es, en el mejor de los casos, terriblemente inadecuada … [y] en el peor de los casos estaríamos probablemente ante la comisión de delitos internacionales por parte de los miembros de la coalición”.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado 69 ataques aéreos ilegales por parte de la coalición de dirección saudita, algunos de los cuales podrían ser constitutivos de crímenes de guerra, que han dejado al menos 913 civiles muertos y han afectado a viviendas, mercados, hospitales, escuelas, actividades civiles y mezquitas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado también 19 ataques en los cuales se han empleado municiones de racimo, prohibidas internacionalmente.
Las informaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el interior de Arabia Saudita comprometen igualmente su pertenencia al Consejo de Derechos Humanos. Desde que Arabia Saudita se convirtió en miembro del Consejo, en enero de 2014, la represión que ejerce contra toda forma de disensión ha continuado sin variaciones, incluso con la celebración de juicios claramente injustos ante tribunales especiales antiterroristas y largas condenas de prisión para disidentes pacíficos y defensoras y defensores de los derechos humanos. Se observa un gran aumento de las ejecuciones en Arabia Saudita, donde han tenido lugar más de 350 desde su entrada en el consejo. Muchas de dichas ejecuciones no se impusieron para castigar los delitos más graves sino para delitos como actos no violentos relacionados con drogas. Entre quienes esperan ejecución se encuentran personas que tenían menos de dieciocho años en el momento de la comisión del supuesto delito, en clara violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Arabia Saudita es parte. Algunas de estas sentencias de muerte parecen haber sido dictadas únicamente a partir de “confesiones” que los acusados afirman se obtuvieron por medio de torturas y otros malos tratos.
Arabia Saudita sigue igualmente discriminando a las mujeres, tanto legalmente como en la práctica, mediante la imposición del sistema de tutela masculina, que trata a todas las mujeres adultas como menores desde el punto de vista legal. La discriminación contra de la minoría chií sigue siendo sistemática e intensa; un destacado clérigo musulmán chií fue ejecutado en enero de 2016 tras un juicio claramente injusto y otros activistas chiís han sido detenidos, encarcelados y se enfrentan a la pena de muerte a consecuencia de su supuesta participación en protestas. Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger de los abusos a los trabajadores migrantes.
Al presentarse como candidata para la elección al Consejo de Derechos Humanos en 2013, Arabia Saudita se comprometió a prestar “apoyo a los mecanismos de supervisión de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y cooperar de forma constructiva con ellos, especialmente con el Consejo de Derechos Humanos y con sus mecanismos subsidiarios” [1] Sin embargo, el compromiso de Arabia Saudita con el Consejo de Derechos Humanos y con los demás mecanismos de derechos humanos de la ONU no ha sido satisfactorio, ya que actualmente es objeto de siete solicitudes pendientes de visita al país de los Procedimientos Especiales del Consejo, algunas de las cuales tienen más de diez años [2] El Gobierno ha impuesto una prohibición de viajar al activista Samar Badawi desde 2014, después de haber hablado ante el Consejo en nombre del activista saudí encarcelado Waleed Abu al-Khair. También han sido encarcelados otros defensores sauditas de derechos humanos que han cooperado con el Consejo de Derechos Humanos. El Ministerio del Interior adoptó en 2014 reglamentaciones según las cuales tomar contacto con “cualquier grupo… o personas hostiles a [Arabia Saudita]” constituye un “delito de terrorismo”.
Al celebrarse el 10.º aniversario del Consejo de Derechos Humanos, deben someterse a escrutinio su desempeño, su eficacia y su respeto por los criterios se miembro. Los Estados miembros de la ONU deben velar por que el Consejo de Derechos Humanos no tenga que hacer frente a la misma pérdida de credibilidad que sufrió su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La falta de reacción ante las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Yemen por Arabia Saudita y su uso de su calidad de miembro para obstaculizar un examen y una rendición de cuentas independiente amenaza la credibilidad tanto del Consejo como de la Asamblea General.