Ejecuciones masivas en Arabia Saudita
El sábado 12 de marzo de 2022, Arabia Saudita anunció a través de la agencia oficial de prensa saudí SPA que había ejecutado a 81 personas condenadas por delitos que van desde el asesinato hasta la pertenencia a grupos terroristas como Al Qaeda o las fuerzas rebeldes Huti, así como por cargos relacionados con la participación en protestas. Se trata de la mayor ejecución masiva conocida llevada a cabo en el reino en varias décadas.
A pesar de las recientes promesas del príncipe heredero Mohamed bin Salman de reformar el sistema judicial y limitar el uso de la pena de muerte, Arabia Saudita ya había ejecutado a 11 personas en 2022 por diversos delitos. Esta última ejecución masiva elevó el total de este año a 92. Desde entonces, se ha producido otra oleada de ejecuciones, lo que eleva el total a 107.
De las 81 personas asesinadas, 73 eran de nacionalidad saudí (41 de la minoría chií), siete eran de Yemen y una persona era siria. SPA afirmó que se permitió a el acceso a asistencia letrada a las partes acusadas y durante el proceso judicial se garantizaron todos sus derechos según la ley saudí. Un dirigente de derechos humanos citado por el New York Times afirmó que los cargos contra los acusados no implicaban "ni una gota de sangre", lo que contradice las espurias acusaciones de asesinato.
"Las autoridades saudíes llevan mucho tiempo utilizando el aparato judicial del país para acosar y reprimir a las personas disidentes y activistas, esgrimiendo sobre todo la Ley Antiterrorista, de redacción imprecisa, para atacar el activismo político o las críticas afirmando que se trata de actividades terroristas."
"Según los datos con los que contamos, algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras juicios que no cumplían las garantías de un juicio justo y del debido proceso, por actos que no parecían cumplir el umbral de los delitos más graves, como exige el derecho internacional."
Ejecuciones masivas en Egipto
El martes 8 de marzo de 2022, la autoridad penitenciaria egipcia ejecutó a cuatro egipcios en el caso de la Celda del Microbús de Helwan, y a otros tres ciudadanos más el 10 de marzo en relación con el caso Agnad Masr.
Según los grupos de derechos, los acusados ejecutados habían sido sometidos a tortura y desaparición forzada desde la fecha de su detención hasta que se los puso oficialmente a disposición de la fiscalía. La fiscalía interrogó a los acusados sin la presencia de un abogado, lo que vulnera claramente el artículo 54 de la Constitución egipcia. Aunque la asistencia letrada de la defensa demostró que se había cometido vulneraciones de derechos durante el juicio, tanto los tribunales penales como los de casación decidieron ignorar las pruebas, según los grupos de derechos.
A pesar de las promesas de Egipto de reexaminar los casos de pena de muerte en función de la naturaleza de los delitos susceptibles de esta sanción, las autoridades han seguido imponiendo este castigo por delitos de derecho común y delitos políticos. Según los grupos de derechos, estas ejecuciones políticas se elevan a 105 desde que el presidente Abdel Fatah al Sissi llegó al poder en 2013. Egipto se encuentra ahora entre los principales verdugos del mundo, una desgracia mortal.
Declaración de la FIDH sobre las ejecuciones masivas en Arabia Saudita y Egipto
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su máxima preocupación por la pena de muerte en Egipto y Arabia Saudita, por principio y sin excepción, y condena en particular el uso de la pena capital para silenciar a las personas disidentes y erradicar la oposición política.
• Instamos a las autoridades egipcias y saudíes a poner fin de inmediato al uso de juicios masivos, que violan las garantías de un juicio justo y del debido proceso consagradas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
• Pedimos a Arabia Saudita y a Egipto que firmen y ratifiquen el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte.
• Instamos a Egipto y a Arabia Saudita a que reformen sus leyes antiterroristas y las adapten a las normas internacionales, y a que abandonen las definiciones imprecisas de terrorismo.
• Pedimos a la comunidad internacional y a los Estados miembros del CDH que condenen las violaciones de derechos humanos en Egipto y Arabia Saudita y que no encubran a estos regímenes autoritarios.
La FIDH se opone firmemente a la pena de muerte –independientemente del delito o las circunstancias– y, junto con sus organizaciones miembros, trabaja por su abolición universal. La FIDH es miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y pertenece a su comité directivo.