Federación Internacional
por los Derechos Humanos

Este caso, junto a las crecientes detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, periodistas, académicos, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, la represión interna, la posible imposición de la pena de muerte a manifestantes y las conclusiones del informe del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas que indican que la Coalición dirigida por Arabia Saudita ha cometido actos en Yemen que pueden ser constitutivos de crímenes internacionales, demuestra el historial de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de Arabia Saudita. Por consiguiente, nuestras organizaciones también instan a la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Arabia Saudita del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 60/251 de 13 de abril de 2006 de la Asamblea General.
Arabia Saudita nunca se ha destacado por su tolerancia y respeto de los derechos humanos, pero se esperaba que, cuando el príncipe heredero Mohammed Bin Salman puso en marcha su plan económico (Visión 2030) y por fin se permitió conducir a las mujeres, se podría producir una flexibilización de las restricciones de derechos de las mujeres y de las libertades de expresión y asamblea. Sin embargo, antes de que se levantara la prohibición de conducción en el mes de junio, las defensoras de derechos humanos recibieron llamadas telefónicas advirtiéndoles de que permaneciesen en silencio. Entonces, las autoridades sauditas detuvieron a decenas de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres que habían participado en la campaña contra la prohibición de conducir. La represión ejercida por las autoridades sauditas contra toda forma de disidencia continúa hasta la fecha.
Khashoggi criticó las detenciones de los defensores y defensoras de derechos humanos y los planes de reforma del príncipe heredero y vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi fue al Consulado de Estambul con su prometida para realizar unos trámites, pero nunca salió de allí. Las autoridades turcas pronto afirmaron que había pruebas de que había sido asesinado en el Consulado, pero las autoridades sauditas no admitieron su asesinato hasta dos semanas más tarde.
Tan solo dos días después, el 20 de octubre, el Ministerio Fiscal saudita publicó sus conclusiones confirmando que Khashoggi había muerto. Sus informes indican que murió tras “una pelea a puñetazos” en el Consulado y que se había detenido a 18 ciudadanos sauditas. El rey Salman también emitió varios reales decretos destituyendo a funcionarios de alto nivel, entre otros Saud Al-Qahtani, asesor de la corte real, y Ahmed Assiri, subdirector de los servicios de Inteligencia. La Fiscalía continúa su investigación, pero el cuerpo todavía no ha sido hallado.
En vista de los informes contradictorios de las autoridades sauditas, es esencial que se lleve a cabo una investigación internacional independiente.
El 18 de octubre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras pidieron a Turquía que solicitase al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, una investigación de la ONU sobre la ejecución extrajudicial de Khashoggi.
El 15 de octubre de 2018, David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, y Agnès Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, solicitaron una investigación independiente que pueda alcanzar conclusiones creíbles y siente las bases para la adopción de medidas punitivas claras, entre otras, la posible expulsión de personal diplomático, la suspensión de organismos de las Naciones Unidas (como el Consejo de Derechos Humanos), prohibiciones de viajar, consecuencias económicas, reparaciones y la posibilidad de celebrar juicios en terceros Estados.
Observamos que el 27 de septiembre, Arabia Saudita se sumó al consenso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando aprobó una nueva resolución sobre la seguridad de los periodistas (A/HRC/Res/39/6). Observamos también que esta resolución insta a “realizar investigaciones imparciales, prontas, minuciosas, independientes y efectivas de todas las denuncias de actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, lleven a los autores de esos delitos ante la justicia, incluidos quienes ordenen cometerlos o conspiren para ello, sean cómplices en ellos o los encubran.” Y también “a quienes corresponda a que dejen en libertad, de inmediato y de manera incondicional, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que hayan sido detenidos o recluidos arbitrariamente”.
Khashoggi fue colaborador de los periódicos Washington Post y Al-Watan y redactor jefe del efímero canal de noticias Al-Arab News Channel en 2015. Salió de Arabia Saudita en 2017, cuando comenzó la escalada de detenciones de periodistas, escritores y defensores y defensoras de derechos humanos. En su último artículo de opinión publicado en el Washington Post, critica la condena a cinco años de prisión del periodista Saleh Al-Shehi, en febrero de 2018. Al-Shehi es uno de los más de 15 periodistas y blogueros arrestados en Arabia Saudita desde septiembre de 2017, lo que, según Reporteros Sin Fronteras, eleva a un total de 29 de ellos en prisión, además de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y, probablemente, miles de activistas que también permanecen detenidos, según el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) y otros colaboradores sauditas como ALQST. Muchas de las personas detenidas en el último año han criticado públicamente los planes de reforma relacionados con Vision 2030 y han señalado que las mujeres no alcanzarían la igualdad económica únicamente por poder conducir.
Otro objetivo reciente de la represión contra la disidencia es el destacado economista Essam Al-Zamel, un empresario conocido por sus escritos sobre la necesidad de reformas económicas. El 1 de octubre de 2018, el Tribunal Penal Especializado (TPE) celebró una sesión secreta en la que la Fiscalía acusó a Al-Zamel de violar la Ley de Delitos Informáticos al “movilizar a sus seguidores en las redes sociales”. Al-Zamel criticó Vision 2030 en las redes sociales, donde tenía un millón de seguidores. Al-Zamel fue arrestado el 12 de septiembre de 2017, al mismo tiempo que otros muchos defensores de derechos humanos y reformistas.
La inédita persecución actual contra las defensoras de derechos humanos se inició en enero de 2018 con la detención de Noha Al-Balawi por su ciberactivismo para apoyar las campañas en las redes sociales en favor de los derechos de las mujeres como (#Right2Drive) o contra el sistema de tutela masculina (#IAmMyOwnGuardian). Antes incluso, el 10 de noviembre de 2017, el TPE de Riad condenó a Naimah Al-Matrod a seis años de prisión por ciberactivismo.
La ola de detenciones continuó después del periodo de sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos y de la publicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) sobre Arabia Saudita. Loujain Al-Hathloul, fue secuestrada en los Emiratos y trasladada a Arabia Saudita contra su voluntad el 15 de mayo de 2018; le siguió la detención de Eman Al-Nafjan, fundadora y autora del Saudiwoman’s Weblog [Blog de las mujeres sauditas], quien previamente protestó contra la prohibición a conducir, y la de Aziza Al-Yousef, destacada activista de los derechos de las mujeres.
Otras cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas en mayo de 2018, Aisha Al-Manae, Hessa Al-Sheikh y Madeha Al-Ajrous, que participaron en el primer movimiento de protesta de mujeres exigiendo el derecho a conducir en 1990, así como Walaa Al-Shubbar, una joven activista conocida por su movilización contra el sistema de tutela masculino. Todas estas personas son académicas y profesionales que apoyan los derechos de las mujeres y ayudan a supervivientes de violencia de género. Aunque todas han sido liberadas, se cree que las cuatro mujeres aún se enfrentan a acusaciones penales.
El 6 de junio de 2018, la periodista, editora, productora de televisión y defensora de los derechos humanos Nouf Abdulaziz fue detenida después de una violenta incursión en su casa. Después de su arresto, Mayya Al-Zahrani publicó una carta de Abdulaziz, tras lo que ella misma fue detenida el 9 de junio de 2018 por la publicación de la carta.
El 27 de junio de 2018 fue detenida Hatoon Al-Fassi, una reconocida académica y profesora asociada de historia de las mujeres en la Universidad Rey Saud. Durante mucho tiempo ha defendido el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y a conducir, y fue una de las primeras en ponerse al volante el 24 de junio de 2018, día en que se levantó la prohibición.
En dos ocasiones en el mes de junio, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas instaron a la puesta en libertad de los defensores y defensoras de derechos de las mujeres. El 27 de junio de 2018, nueve expertos independientes de la ONU declararon que, en marcado contraste con este momento de celebración por la liberación de las mujeres sauditas, se ha arrestado y detenido a gran escala a defensoras de derechos humanos en todo el país, lo que es verdaderamente preocupante y, probablemente, el mejor indicador del enfoque del Gobierno en relación a los derechos de las mujeres. Destacaron que las defensoras de derechos humanos “sufren una estigmatización más grave, no solo por su labor como defensoras de derechos humanos, sino también por discriminación en razón de su género”.
Sin embargo, las detenciones de defensoras de los derechos humanos continuaron con la de Nassima Al-Sadah y Samar Badawi el 30 de julio de 2018. Permanecen detenidas en régimen de aislamiento en una cárcel controlada por la Dirección de Seguridad Nacional, un mecanismo creado por mandato del rey Salman el 20 de julio de 2017. El hermano de Badawi, Raif Badawi, actualmente cumple condena a diez años de prisión por su actividad de incidencia política en línea y su exmarido Waleed Abu Al-Khair cumple una condena de quince años. Abu Al-Khair, Abdullah Al-Hamid y Mohammed Fahad Al-Qahtani (los dos últimos, miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos - ACPRA) recibieron conjuntamente el Premio “Right Livelihood” en septiembre de 2018. De momento todos ellos siguen en la cárcel.
También han sido detenidos familiares de defensores y defensoras de derechos humanos. Amal Al-Harbi, esposa del destacado activista Fowzan Al-Harbi, fue detenida por agentes de seguridad del Estado el 30 de julio de 2018, mientras se encontraba en la playa con sus hijos en Jeddah. Su marido es otro miembro de ACPRA actualmente encarcelado. Resulta alarmante que, en octubre de 2018, se hayan impuesto prohibiciones de viajar a las familias de varias defensoras de derechos como Aziza Al-Yousef, Loujain Al-Hathloul y Eman Al-Nafjan.
Preocupa también el hecho de que, en un juicio ante el TPE el 6 de agosto de 2018, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de muerte para Israa Al-Ghomgam detenida junto a su marido, Mousa Al-Hashim, el 6 de diciembre de 2015 por su participación en protestas pacíficas en Al-Qatif. Al-Ghomgam fue acusado en virtud del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 por su actividad en las redes sociales, así como por otros cargos relacionados con las protestas. Si se la condena a muerte, sería la primera mujer que se enfrenta a la pena capital por acusaciones relacionados con el activismo. La próxima audiencia está prevista el 28 de octubre de 2018.
El TPE fue creado en 2008 para juzgar casos de terrorismo y se ha utilizado principalmente para procesar a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas críticas con el Gobierno, a fin de mantener un férreo control sobre la sociedad civil.
El 12 de octubre de 2018, los expertos de la ONU volvieron a instar a la liberación de todas las defensoras de derechos humanos detenidas en Arabia Saudita. Manifestaron una especial preocupación por el juicio de Al-Ghomgam ante el TPE, afirmando que, “nunca se debe utilizar las medidas antiterroristas para eliminar o limitar el trabajo de derechos humanos”. Es evidente que las autoridades sauditas no han tomado medidas tras la preocupación manifestada por los procedimientos especiales, y esta falta de cooperación aumenta el descrédito que suscita su pertenencia al CDH.
Muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos arrestados este año han permanecido en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares o abogados. A algunos se les ha tachado de traidores y han sido objeto de campañas de difamación en los medios de comunicación gubernamentales, aumentando así la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión. En vez de garantizar un entorno seguro para los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de la reforma económica, las autoridades sauditas han decidido aumentar la represión contra las voces disidentes.
Nuestras organizaciones reiteran su llamamiento a la comunidad internacional para que Arabia Saudita rinda cuentas, a fin de que no se permita la impunidad por estas violaciones de los derechos humanos.
Instamos a la comunidad internacional y, en especial, a las Naciones Unidas a que:
– Tomen las medidas necesarias para garantizar que se lleva a cabo una investigación internacional, imparcial, rápida, exhaustiva, independiente y efectiva sobre el asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi.
– Garanticen que Arabia Saudita rinde cuentas por el asesinato de Khashoggi y por sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
– Convoquen un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ante la reciente ola de detenciones y ataques contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otras voces disidentes en Arabia Saudita.
– Tomen las medidas necesarias en la Asamblea General de las Naciones Unidas para suspender a Arabia Saudita como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
– Pidan al Gobierno de Arabia Saudita que cumpla las recomendaciones que se formulan a continuación.
Instamos a las autoridades de Arabia Saudita a que:
– Entreguen el cuerpo de Jamal Ahmad Khashoggi e inviten a expertos internacionales independientes a supervisar las investigaciones sobre su asesinato; cooperen con todos los mecanismos de las Naciones Unidas y garanticen que se lleva a los responsables de esta muerte ante la justicia, entre ellos a los responsables de mando.
– Anulen inmediatamente las condenas de todos los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, de las mujeres y los hombres que defienden la igualdad entre géneros, y que retiren todas las acusaciones en su contra.
– Liberen inmediata e incondicionalmente a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, escritores, periodistas y prisioneros de conciencia en Arabia Saudita detenidos por su legítimo y pacífico trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, entre otros, de los derechos de las mujeres.
– Establezcan una moratoria de la pena de muerte, incluso cuando se utiliza como castigo para los delitos relacionados con el ejercicio del derecho a la opinión y expresión y de reunión pacífica.
– Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en Arabia Saudita pueden desempeñar actividades legítimas de derechos humanos y de información de interés general sin temor a represalias.
– Cumplan de manera inmediata las recomendaciones del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen, y
– Ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, que todas las leyes nacionales que restringen los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación se ajusten a la normativa internacional de derechos humanos.