París, Ginebra, Londres, 14 de mayo de 2025. La iniciativa de crear un tribunal especial se ha precipitado debido a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 y constituye un paso importante para enjuiciar a las personas responsables del crimen de agresión, incluso al más alto nivel. En su reunión anual celebrada el 14 de mayo en Luxemburgo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa invitó al secretario general de la Organización a liderar el proceso de creación del tribunal especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, que se llevará a cabo a partir de un acuerdo entre el Consejo de Europa y Ucrania.
"Este tribunal supone un importante avance para la comunidad judicial internacional y, en especial, para los millones de personas ucranianas que han sufrido la agresión rusa ", indicó Oleksandra Matviichuk, vicepresidenta de la FIDH y directora del Centro para las Libertades Civiles. "Sin embargo, para que el tribunal sea realmente eficaz, es necesario que no se convierta en una entidad lejana y vacía ajena a las víctimas ucranianas y que no les permita acceder a los procedimientos".
Hasta que se publique el proyecto de Estatuto del tribunal, no es posible comentar específicamente su contenido. No obstante, a partir de una reciente nota explicativa publicada por el Consejo de Europa sobre el tribunal propuesto, podemos formular una serie de observaciones.
Como observación preliminar fundamental, las organizaciones esperan que el tribunal pueda investigar y enjuiciar a los altos cargos gubernamentales y militares responsables del crimen de agresión, incluso cuando ocupen la jefatura del Estado. A este respecto, las organizaciones lamentan profundamente la existencia de "inmunidades personales" que, según la nota explicativa del Consejo de Europa, se concederán a los miembros de la troika (jefatura del Estado, jefatura del Gobierno y ministro/a de Asuntos Exteriores).
Las organizaciones se oponen firmemente a la existencia de inmunidades personales dentro del marco jurídico del tribunal. La inmunidad carece de cualquier relación con la posible responsabilidad individual de una persona y este mecanismo no puede permitir que este tipo de inmunidades permitan que aquellas personas sobre quienes probablemente recaiga la mayor responsabilidad por el crimen de agresión eludan el enjuiciamiento y queden impunes. Las organizaciones piden a todas las partes interesadas, en particular al Consejo de Europa y a Ucrania, que modifiquen urgentemente el proyecto de Estatuto del tribunal para eliminar la posibilidad de disfrutar de inmunidades personales que no están reconocidas por los tribunales penales internacionales y que cada vez se excluyen más de la legislación y la práctica.
Veronika Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania, declaró: "la creación del tribunal especial supone un paso adelante para resolver algunas de las numerosas deficiencias en materia de rendición de cuentas que dificultan que se haga justicia a la población ucraniana. Debería garantizar que se investigan plenamente los crímenes de agresión. Sin embargo, la inmunidad va de la mano de la impunidad. En opinión de Amnistía Internacional, el objetivo primordial del tribunal debe ser exigir responsabilidades al más alto nivel de las autoridades políticas y militares de Rusia y otros Estados. Por consiguiente, es necesario suprimir urgentemente cualquier disposición sobre inmunidad que figure actualmente en el proyecto de marco jurídico del tribunal, ya que, de lo contrario, se correría el riesgo de comprometer la justicia futura para las víctimas de la agresión. Este tribunal no debe evitar perseguir a todas aquellas personas que hayan ordenado, planificado y ejecutado el crimen de agresión contra el pueblo de Ucrania, incluso aquellas sobre quienes recae la principal responsabilidad".
La posibilidad de celebrar juicios en rebeldía (sin la presencia de la parte acusada) supone asimismo un retroceso con respecto a los tribunales penales internacionales establecidos anteriormente. Aunque al parecer el proyecto de Estatuto del tribunal especial garantiza que las partes acusadas tengan derecho a solicitar la reapertura del procedimiento si no han renunciado previamente a su derecho a comparecer o no han aceptado la sentencia inicial, el tribunal deberá garantizar que los juicios que se celebren en rebeldía respeten los derechos de las partes acusadas a un juicio justo, incluso la representación efectiva por un/a abogado/a, aunque no comparezcan. Concretamente, los juicios en rebeldía pueden afectar a la percepción de la objetividad e imparcialidad de los juicios cuando la parte acusada no está presente para defenderse. Por todos estos motivos, el tribunal debería evitar este tipo de juicios. También hacemos hincapié en la importancia y la percepción de la imparcialidad y la independencia en todas las investigaciones, enjuiciamientos y resoluciones judiciales, de conformidad con el derecho internacional y las normas aplicables del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
"El tribunal debe garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales para mantener su credibilidad", afirmó Kate Vigneswaran, directora de la Iniciativa de Responsabilidad Global de la CIJ. "La Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar y juzgar normalmente los casos de agresión , y los Estados Partes en el Estatuto de Roma deben ratificar la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión para garantizar la capacidad de la Corte para ello".
La FIDH, Amnistía Internacional, la CIJ y las organizaciones abajo firmantes instan a la comunidad internacional, en particular a todos los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa, a los miembros del grupo restringido y a las organizaciones internacionales, a que agoten todas las vías para investigar y enjuiciar el crimen de agresión en Ucrania. En este sentido, será fundamental la cooperación de todas las partes interesadas para que las investigaciones sean eficaces.
Las organizaciones también subrayan que debe establecerse una cooperación eficaz entre el tribunal, el Registro de Daños y la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Europa, una vez que se haya creado, así como con el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA) y la CPI. Además, las organizaciones instan a los Estados a que ratifiquen el Convenio de Liubliana-La Haya sobre asistencia judicial recíproca para sentar las bases tanto de la cooperación con el tribunal como de la cooperación internacional entre los Estados.
El tribunal especial debería reunir los requisitos jurídicos y la capacidad necesaria para investigar y enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania. Sin embargo, aunque el tribunal constituye un paso importante, en la coyuntura actual, la necesidad de una rendición de cuentas exhaustiva por el crimen de agresión exige que las Naciones Unidas y la comunidad internacional sigan trabajando en pro de una respuesta judicial global e internacional al crimen de agresión contra Ucrania y otros países. Dicho mecanismo internacional también debería excluir, si se establece bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la posibilidad de establecer cualquier tipo de inmunidad para los/as presuntos/as autores/as del crimen de agresión.
Las víctimas de la agresión de Rusia merecen justicia ahora: la paz debe ir unida a la justicia. Todas las víctimas deben ser escuchadas, y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación deben ocupar un lugar central en todos los debates y medidas que se adopten con el avance del establecimiento del tribunal especial.
Antecedentes
Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, en la que se cometieron violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, la CPI ha dictado órdenes de detención contra seis autoridades rusas, entre las que se encuentra Vladimir Putin, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la CPI carece actualmente de jurisdicción para enjuiciar el crimen de agresión en Ucrania.
Se espera que el Secretario General del Consejo de Europa firme el acuerdo por el que se establece el tribunal especial tras la decisión del Comité de Ministros adoptada el 14 de mayo de 2025. Ucrania solicitó oficialmente al Consejo de Europa la creación de un tribunal especial para el Crimen de Agresión el 14 de mayo de 2025.