El despliegue por parte de Rusia de más de 130.000 soldados, helicópteros de ataque, buques de combate, tanques, artillería pesada y sistemas de defensa aérea acumulados en las regiones fronterizas del suroeste de Rusia y el sur de Belarús ha hecho temer un inminente ataque armado contra Ucrania.
La concentración de fuerzas listas para el combate en las fronteras es una violación del derecho internacional
El apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que "[t]odos los Miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado....". Dado que Rusia ya se anexionó y ocupó la península ucraniana de Crimea en 2014 y apoyó militarmente a las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk en un conflicto armado contra Ucrania, la actual concentración de fuerzas armadas listas para el combate amenaza directamente la integridad territorial de Ucrania, en violación del derecho internacional.
El hecho de que Rusia no haya respondido a las exigencias de Ucrania de explicar la concentración de tropas de acuerdo con el Documento de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que Rusia firmó, pone de manifiesto su falta de voluntad para cumplir sus compromisos políticos de mediar en las disputas sin recurrir a la fuerza.
Un ataque armado no provocado contra Ucrania, si se ejecuta, también puede constituir un crimen internacional de agresión, que entra en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), a partir de julio de 2018. La situación en Ucrania ya está bajo el escrutinio de la CPI desde 2014, ya que Ucrania había presentado dos declaraciones ad hoc en virtud del artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, reconociendo la jurisdicción de la Corte por crímenes internacionales, distintos de la agresión, cometidos en su territorio desde el 21 de noviembre de 2013.
El fiscal de la CPI concluyó en diciembre de 2020 que hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania desde noviembre de 2013.
Si bien una guerra a gran escala tendría consecuencias devastadoras en términos de muertes de civiles, así como de bajas militares, destrucción de propiedades y cientos de miles de desplazados internos y migrantes, la amenaza de un ataque armado ya ha causado un daño económico irreparable a Ucrania y ansiedad en toda la región, lo que ha provocado la salida de las misiones diplomáticas internacionales y de los observadores de la OSCE, así como restricciones a los viajes aéreos.
"La sociedad civil no puede permanecer en silencio mientras Rusia vuelve a incumplir sus obligaciones de derecho internacional, por eso lanzamos este llamado para evitar la agresión armada de Rusia, y la inevitable explosión de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que provocaría si se abandonan las gestiones diplomáticas".
Las organizaciones miembros de la FIDH piden a Rusia que se abstenga de llevar a cabo un ataque armado y que retire sus fuerzas armadas de las regiones fronterizas; que la comunidad internacional -incluida la ONU, la OSCE, la UE y las autoridades nacionales- redoble sus esfuerzos para evitar la escalada de la crisis, incluso mediante contramedidas contra Rusia por su actual incumplimiento del derecho internacional, y que Ucrania ratifique el estatuto de la Corte Penal Internacional.