Guerra en Ucrania: Llamado urgente a la Comisión Europea y al Consejo para que apoyen a refugiados

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y otras organizaciones hacen un llamado a la Comisión Europea y al Consejo para que se abstengan de aprobar fondos de recuperación para los gobiernos de Polonia y Hungría y proporcionen apoyo directo a las autoridades locales, la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos que atienden a las personas refugiadas de la guerra en Ucrania.

Carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea Von Der Leyen y al presidente del Consejo Europeo Michel

Bruselas, 23 de marzo de 2022

Estimada presidenta Von der Leyen:
Estimado presidente Michel:

Expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que la Comisión Europea y el Consejo se planteen desbloquear los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) a los gobiernos de Polonia y Hungría, y que la Comisión plantee la posibilidad de retrasar aún más la activación del reglamento de condicionalidad del Estado de derecho en lo que respecta a estos dos países, debido a la actual crisis política y humanitaria tras la invasión militar rusa de Ucrania el 24 de febrero pasado.

Modificar ahora la importante decisión de suspender la aprobación de los fondos de recuperación de la UE para Polonia y Hungría, lanzaría un mensaje político erróneo a los gobiernos de ambos países, que no han realizado avance alguno hacia la modificación de las leyes, políticas y prácticas que socavan los controles y equilibrios y la arquitectura general del Estado de derecho. Esta decisión corre igualmente el riesgo de sentar un peligroso precedente y socava el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho de la UE, establecido con el objeto de proteger el presupuesto de la Unión a largo plazo.

En nuestra calidad de organizaciones implicadas en toda Europa en la defensa de los derechos fundamentales y el Estado de derecho, pedimos a la Comisión Europea y al Consejo que se abstengan de aprobar apresuradamente los fondos de recuperación destinados a los gobiernos de Polonia y Hungría sin garantías verdaderas y sólidas de que estos países resolverán los problemas relacionados con el Estado de derecho, especialmente en lo que respecta a la falta de independencia del poder judicial y a las salvaguardias democráticas contra la corrupción.

No se debe utilizar la guerra en Ucrania como pretexto para debilitar el mecanismo del Estado de derecho y dejar que cualquier Estado miembro salga impune cuando comete graves violaciones del mismo. Si algo muestra esta guerra es sin duda el peligro real que conlleva el desmantelamiento del Estado de derecho y la supervisión democrática en un país. Este no es el momento de dejar de lado la preocupación por el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros de la UE. Resultaría altamente perjudicial desbloquear los fondos mientras la inquietud respecto de la situación en ambos países sigue siendo tan grave como siempre.

La UE tiene la obligación legal de mitigar los riesgos de que la financiación de la UE se utilice de forma indebida y de mantenerse firme en cuanto a la necesidad de nuevas negociaciones antes de distribuir los fondos de recuperación, al tiempo que activa sin más demora el mecanismo de condicionalidad. Los procedimientos del artículo 7.1 del TUE deben proseguir, ya que se sigue socavando el artículo 2 del TUE. Ni Polonia ni Hungría han realizado avances significativos para restaurar los controles y equilibrios necesarios para mantener el Estado de derecho y restablecer un poder judicial independiente. Si la UE permite que el gobierno polaco ignore la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo existe un riesgo muy real de que se criminalice aún más a la sociedad civil independiente de Polonia –que ha sido la protagonista de la respuesta a la crisis de las personas refugiadas ucranianas–, y de que se vea obligada a interrumpir sus actividades.

Ante su obligación de demostrar que emprender reformas positivas, el Parlamento polaco reaccionó de forma contraria e intentó modificar una ley para garantizar la impunidad de las autoridades durante la crisis de Ucrania. Además, se derrotó por escaso margen (un voto en el Parlamento polaco) una propuesta legislativa que intentaba que no se pudiera hacer rendir cuentas a los funcionarios del gobierno por disponer de los fondos de emergencia.

Ayuda directa a las autoridades locales, a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos que atienden a las personas refugiadas de la guerra

La guerra en Ucrania ya ha obligado a más de tres millones de personas a abandonar su país en busca de seguridad. Proporcionar ayuda a estos millones de personas supone un gran reto que implica proveer de refugio, alimentos, ropa, cuidado infantil, atención sanitaria, apoyo psicológico, asistencia jurídica y otros servicios esenciales. La sociedad civil, las autoridades locales, la ciudadanía y las personas defensoras de los derechos humanos han respondido rápidamente, aportando a quienes huyen la gran mayoría de los servicios con los que cuentan. En cambio, la asistencia del gobierno central en Hungría y Polonia ha sido limitada. Dado que se prevén más llegadas y se requiere un apoyo a más largo plazo, es urgente proporcionar la ayuda financiera directamente a la sociedad civil, para evitar una catástrofe humanitaria que puede estallar rápidamente.

El gobierno de Polonia no solo está incumpliendo su deber humanitario, sino que no contribuye al esfuerzo local de asistencia y se encuentra bajo sospecha de haber gestionado mal tanto los fondos de la UE como los fondos polacos destinados a apoyar a los grupos vulnerables. No cabe duda de que existe un grave riesgo de que, si se proporciona la ayuda de emergencia al gobierno esto acabe suponiendo que se gestionen los fondos de la UE de una forma contraria a su objetivo y se vulneren las normas generalmente aceptadas sobre una gestión responsable.

Por otra parte, existe un grave riesgo de que, si se permite que pase por el gobierno, esta ayuda de emergencia se utilice de forma abusiva con fines políticos y se gaste de forma que no cumpla su propósito, según advierten 41 organizaciones de la sociedad civil polaca. Compartimos esta preocupación.

No es el momento de olvidar la condicionalidad del Estado de derecho. En Hungría, el gobierno sigue sin ejecutar la sentencia del TJUE que establece que la llamada Ley Stop Soros, que criminaliza la ayuda a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, viola la legislación de la UE y se debe derogar. Esta ley expone a un alto riesgo a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran en primera línea prestando asistencia a las personas refugiadas que huyen de Ucrania, en ocasiones incluso a penas de prisión. La UE no puede permitir que el gobierno polaco continúe negándose a aplicar las sentencias del TJUE relativas a la Sala Disciplinaria y se arriesgue a nuevos ataques. Es necesario ejercer un escrutinio.

Les pedimos que, en su calidad de presidenta de la Comisión Europea y presidente del Consejo, respectivamente, se mantengan firmes en la lucha por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales y el Estado de derecho que la invasión rusa en Ucrania ha vuelto a poner en el centro de nuestras vidas. La ayuda de emergencia se puede aportar por otras vías y nuestras organizaciones están dispuestas a reunirse y a debatir sobre el modo en que podemos apoyar a la Comisión Europea para garantizar que los fondos de emergencia lleguen a quienes necesitan ayuda urgentemente.

Atentamente,

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