24 de febrero de 2026. Cuando Vladímir Putin comenzó su invasión a gran escala de Ucrania hace hoy cuatro años, afirmó que su ataque "no era contrario a los altos valores de los derechos humanos y las libertades que surgieron en el contexto de las décadas posteriores a la guerra". Sin embargo, desde el principio de la invasión hasta la actualidad, su guerra ha estado basada en terribles abusos de los derechos humanos y crímenes internacionales cometidos a gran escala contra la población civil desarmada y las personas prisioneras de guerra.
Desde la masacre de Bucha hasta los bombardeos diarios contra la población civil, pasando por el funcionamiento constante de centros de tortura en las regiones ocupadas de Ucrania y en territorio ruso, la deshumanización de las personas ucranianas es parte integral de la táctica de Rusia. Asimismo, Rusia viola sistemáticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario al atacar la infraestructura energética civil de Ucrania, condenando a la población ucraniana al frío invernal y a una vida cotidiana sin electricidad.
"Esta guerra no puede reducirse a unas líneas en un mapa y cifras que se negocian detrás de puertas cerradas, sino que también se define por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia, que únicamente se pueden abordar a través de juicios públicos, testimonios de las víctimas y un trabajo de documentación que permita esclarecer la verdad. Nuestro actual sistema de justicia mundial resulta insuficiente, ya que el enjuiciamiento del crimen de agresión cometido por Vladímir Putin y otras autoridades rusas se encuentra fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), y, por otra parte, Rusia tiene derecho de veto en las Naciones Unidas. Esta tarea solo puede llevarse a cabo mediante un tribunal especial fuerte, que cuente con el respaldo de un apoyo diplomático decidido", afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
"Aunque el pueblo ucraniano está aguantando y se están llevando a cabo unas supuestas conversaciones de paz, no debemos olvidar nunca la gravedad y la magnitud del daño infligido a las personas ucranianas. Hemos documentado decenas de miles de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por el ejército ruso y las fuerzas afines desde 2014. Es necesario juzgar y condenar a Vladímir Putin y a otros líderes políticos y mandos del ejército por ordenar, permitir y, a menudo, alentar, la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", declaró Oleksandra Matviïtchuk, presidenta del Center for Civil Liberties (CCL).
"Un principio fundamental de la propaganda de Rusia en su guerra contra Ucrania es que supuestamente dirige sus esfuerzos bélicos contra objetivos militares. Esta falsa narrativa se contradice con los innumerables casos de asesinatos, violaciones y actos de tortura de personas civiles y prisioneras de guerra ucranianas a manos de las fuerzas armadas rusas, así como con la táctica constante de Rusia, orquestada y respaldada por sus dirigentes, de intentar privar a la población ucraniana de electricidad y calefacción durante uno de los inviernos más fríos registrados. La guerra de Rusia es contra las personas ucranianas y se basa en el odio, la deshumanización y la negación sistemática de sus derechos humanos y la dignidad", agregó Dmytro Koval, codirector ejecutivo de Truth Hounds.
Los acuerdos alcanzados entre el Consejo de Europa y Ucrania en junio de 2025 abrieron la puerta al establecimiento de un tribunal especial. La FIDH, CCL, KHPG y Truth Hounds instan a los gobiernos europeos y al resto de gobiernos de todo el mundo a que apoyen el Tribunal Especial y hagan de la rendición de cuentas y la justicia internacionales un requisito previo innegociable para una resolución genuina de la guerra de Rusia contra Ucrania.