Las 19 personas defensoras de los derechos humanos LGBTI+ se enfrentan a cargos por "participación en una reunión ilegal" y "no dispersarse a pesar de haber sido advertidos", al haber formado parte de la marcha del Orgullo celebrada en el campus de la METU el 10 de mayo de 2019. A principios de año, el 21 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Distrito de Ankara nº 12 había levantado la prohibición general que impedía cualquier actividad LGBTI+ en Ankara, medida que había sido introducida en 2017 con el estado de emergencia, por considerar que era ilegal al limitar los derechos y libertades de forma incondicional, vaga y desproporcionada. No obstante, la dirección de la Universidad se amparó legalmente en la prohibición inicial para prohibir la marcha.
El Orgullo se había venido celebrando de forma pacífica en la METU anualmente desde 2011. Sin embargo, el 6 de mayo de 2019, la administración de la METU prohibió ilegalmente esta concentración pacífica. El 7 de mayo de 2019, el grupo de Solidaridad LGBTI+ de la METU impugnó esta prohibición ante el Tribunal Administrativo de Ankara. Mientras, dado que la decisión de la administración de la METU contravenía la sentencia del tribunal de Ankara de febrero, tanto activistas como estudiantes ejercieron su derecho legal a la libertad de reunión y se concentraron para continuar con su celebración anual del Orgullo en el campus. En respuesta a ello, la dirección de la universidad se puso en contacto con la Dirección de Seguridad de Ankara para solicitar su intervención a fin de impedir la celebración de la marcha.
La policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra las personas que se manifestaban pacíficamente el día de la marcha, el 10 de mayo: dispararon gases lacrimógenos y balas de plástico contra la multitud, se arrastró a estudiantes por el suelo, se les empujó contra los árboles y sufrieron lesiones en la cabeza. El uso excesivo de la fuerza desplegado durante la intervención policial vulnera el derecho de reunión pacífica, que está protegido por la legislación nacional y el derecho internacional, entre otros, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Turquía es parte.
En junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Ankara nº 7 dictó una sentencia en relación con la acción interpuesta por la asociación Solidaridad LGBTI+ de la METU, en la que hacía referencia a la sentencia de 2019 del Tribunal Administrativo de Distrito de Ankara nº 12, que había anulado la prohibición general de celebrar eventos LGBTI+ en la capital, afirmando que "aunque se pueden prohibir asambleas y manifestaciones específicas, el derecho de reunión y manifestación pacíficas debe protegerse como un derecho inalienable en una sociedad democrática" y que "el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que este derecho se puede ejercer de forma segura ". Esta sentencia confirmó que la prohibición de la Marcha del Orgullo en el campus por parte de la dirección de la METU en mayo de 2019 carecía de base legal. A pesar de ello, las personas acusadas aún no han sido absueltas.
Se han enfrentado a un juicio que se ha prolongado durante más de dos años desde la apertura de la causa penal contra ellas en agosto de 2019, y es una amenaza que pende sobre sus cabezas, repercute negativamente en su vida cotidiana y les afecta desde el punto de vista personal, académico y profesional.
Por ello, pedimos que en la audiencia del 8 de octubre que tendrá lugar en el 39º Tribunal Penal de Primera Instancia de Ankara se absuelva las 19 personas defensoras de los derechos humanos. Además, instamos a las autoridades turcas garantizar que las fuerzas de seguridad y la dirección de la METU respetan el derecho a la libertad de reunión pacífica consagrado en la legislación nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, de modo que las futuras marchas del Orgullo en el campus de la METU y en Ankara se celebren sin obstáculos. Pedimos asimismo a las autoridades turcas que lleven a cabo una investigación rápida, independiente e imparcial sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el campus, y que se lleve ante la justicia los agentes de policía responsables de un uso de la fuerza arbitrario o abusivo.