18 de septiembre de 2026. Desde el pasado fin de semana, las autoridades turcas han desplegado oleadas de redadas policiales dirigidas contra la comunidad LGBTI+, en el marco de una amplia campaña denominada "Ailem Guvende" (en español "Mi familia está a salvo"). Al menos 116 personas han sido detenidas en el marco de estas operaciones, 44 de ellas defensoras de los derechos LGBTI+, y al menos 82 han ingresado desde entonces en prisión preventiva. La mayoría de las personas arrestadas son mujeres trans, acusadas de una combinación de delitos de prostitución, drogas y obscenidad, así como de infringir la Ley de Asociaciones. Asimismo, al menos otras 125 personas fueron detenidas en Ankara, Estambul y Esmirna tras manifestarse en apoyo a las víctimas iniciales de la represión. La solidaridad con las comunidades LGBTI+ también ha sido objeto de censura mediante restricciones en las cuentas de redes sociales de periodistas y activistas.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Turquía insan Haklari Dernegi (IHD) denuncian en los términos más firmes estas detenciones y exigen el sobreseimiento inmediato de todos los procesos judiciales basados en acusaciones discriminatorias. Instan a los actores internacionales a reaccionar con firmeza ante el giro generalizado de Turquía contra la comunidad LGBTI+ y su violación del derecho internacional de los derechos humanos, incluidas la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica (ONU, Consejo de Europa), así como ante el incumplimiento de sus compromisos políticos (adhesión a la UE) y económicos (normas y políticas de la OCDE).
"Ante estas violaciones inaceptables, y sin perspectivas de que las autoridades rectifiquen ni ofrezcan reparación alguna, la UE debe reconocer con firmeza la incompatibilidad de Turquía con los valores de la Unión y, por lo tanto, suspender indefinidamente su proceso de adhesión así como la financiación de preadhesión", comentó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
En los últimos años, Turquía ha experimentado una erosión sostenida de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, situándose las personas y organizaciones LGBTI+. Las disposiciones legislativas en materia de "obscenidad" y "protección de la infancia" se han instrumentalizado para criminalizar en la práctica la existencia de las personas LGBTI+. La presión sobre la sociedad civil es constante, mediante vigilancia, acoso policial y judicial, inhabilitación política y disoluciones impuestas a cualquier forma de oposición, real o percibida.
La comunidad LGBTI+ se ha convertido en un objetivo recurrente para el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recientemente proclamó los próximos diez años como la "Década de la Familia y la Población". Ningún concepto relacionado con los "valores familiares" debe utilizarse como herramienta para justificar un poder cada vez más autoritario y conservador en Turquía.
La FIDH y la IHD instan a las autoridades turcas a que pongan en libertad de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de esta operación y a que pongan fin a la criminalización de la sociedad civil LGBTI+. Asimismo, piden a la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a los mecanismos de las Naciones Unidas, que condenen firmemente las redadas y detenciones llevadas a cabo por las autoridades turcas.