Disolución del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y derecho a la representación política
Tras la última ronda de alegatos escritos y orales en defensa del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), se espera que el Tribunal Constitucional anuncie su decisión en los próximos meses. En caso de que el Tribunal Constitucional respalde la petición de la fiscalía general y se pronuncie a favor de su demanda de cerrar el HDP de forma permanente o parcial, o de privarlo completamente de las ayudas del Ministerio de Economía, el HDP dejará de existir. Además, sus representantes, que son presuntamente responsables de unos hechos que –en opinión de la fiscalía general– justificarían la disolución del partido, también serían condenados a inhabilitación para toda actividad política durante cinco años.
La fiscalía general del Tribunal Supremo de Apelaciones remitió su escrito de acusación al Tribunal Constitucional el 7 de junio de 2021. La acusación solicitaba la disolución del HDP y la prohibición de ejercer la política durante cinco años para 451 miembros del partido, entre quienes se encuentran los copresidentes del HDP Mithat Sancar y Pervin Buldan. Se afirma que el motivo principal de la demanda de cierre del partido político son las palabras y acciones de 69 miembros del partido. En la acusación no se ha presentado ninguna prueba concreta o fiable atribuible al HDP como institución, y no se ha aportado ninguna justificación acerca de la solicitud de disolución del partido, que violaría el derecho a la representación política de más del 10% de las personas votantes en las últimas elecciones.
Tras la defensa preliminar presentada por el HDP en noviembre de 2021, la fiscalía general presentó su dictamen sobre el fondo al Tribunal Constitucional, que lo notificó al HDP el 20 de enero de 2022. El dictamen sobre el fondo reitera las pretensiones y las demandas del escrito de acusación, sin que exista indicación alguna de que la fiscalía haya tenido en cuenta la detallada defensa presentada por el HDP.
El procedimiento tiene lugar en un contexto de grave retroceso de la democracia y del Estado de derecho en Turquía.
A pesar de las enmiendas constitucionales introducidas en el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea en la década de 2000, que hicieron que resultara más difícil el cierre de partidos –un hecho común en la década de 1990–, el Tribunal Constitucional clausuró en 2009 el Partido para una Sociedad Democrática (DTP), un partido político anterior al HDP. En los últimos años, Turquía ha sido condenada en repetidas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar el convenio, en casos como los relacionados con el cierre del DTP o con el HDP y sus miembros, en los que el Tribunal consideró que los procedimientos iniciados en su contra violaban los derechos de la parte demandante en virtud del Convenio.
El gobierno turco ha incumplido sistemáticamente las sentencias del TEDH, lo que ha justificado el inicio de un procedimiento de infracción contra Turquía por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de febrero de 2022. Las repetidas declaraciones del partido en el poder, el AKP, así como de los portavoces de su aliado, el MHP, pidiendo el cierre del HDP y la prohibición de sus miembros de participar en política, también apuntan a un intento del gobierno de socavar la autoridad del TEDH y de interferir en los procedimientos que se celebran ante los tribunales nacionales, con ante el Tribunal Constitucional, en violación del principio de independencia judicial de otros poderes del Estado.
Nuestras organizaciones manifiestan su profunda preocupación por el impacto que la decisión del Tribunal Constitucional podría tener sobre los derechos de las personas acusadas y sobre la democracia política en Turquía.
Hacemos un llamado al Tribunal Constitucional para que garantice que los procedimientos judiciales se desarrollen cumpliendo plenamente con las normas nacionales e internacionales sobre un juicio justo, lo que incluye el principio de independencia e imparcialidad judicial y los derechos de la defensa. Instamos asimismo al gobierno turco a que respete la independencia e imparcialidad del poder judicial, se abstenga de influir directa o indirectamente en la decisión del Tribunal y defienda los derechos de representación política y participación democrática, que son una condición previa para el respeto de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Turquía.