El 18 de marzo de 2021, la Fiscalía General del Tribunal de Casación presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional en la que solicitaba la disolución del HDP y la prohibición de ejercer actividades políticas para sus 687 miembros. En un comunicado público, la Fiscalía acusó al HDP de actuar “de manera incompatible con los principios jurídicos democráticos y universales”, “junto con el PKK y sus afiliados”, “con el objetivo de perturbar o eliminar la integridad indivisible del Estado”. El caso se inició en el marco de reiterados llamados a desmantelar el HDP por sus presuntos “vínculos con organizaciones terroristas” por parte del presidente del Partido de Acción Nacionalista (MHP), [1] socio de coalición del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), mientras que el vicepresidente del Grupo AKP se ha hecho eco de declaraciones similares. [2]
El mismo día, se despojó de su escaño en el Parlamento a Ömer Faruk Gergerlioğlu, diputado del HDP, defensor de los derechos humanos y médico expulsado de su puesto en el sector público por un decreto de emergencia, después de que el Tribunal de Casación confirmara el 19 de febrero de 2021 su condena por difundir “propaganda terrorista” en algunas publicaciones de sus redes sociales en 2016. Aunque fue condenado por una publicación en las redes sociales en la que compartió un artículo de prensa con un llamado del PKK [3] (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) instando a las autoridades a dar un paso hacia la paz, no se ha actuado contra el artículo original, lo que genera fundadas dudas sobre la motivación política de su condena. En el marco de otra investigación penal más, la policía lo detuvo brevemente en la madrugada del 21 de marzo en el Parlamento, donde había pasado el día y la noche en protesta por la situación. Ömer Faruk Gergerlioğlu podría ser detenido en breve para cumplir esta pena de prisión de dos años y medio.
Gergerlioğlu ha apelado su condena ante el Tribunal Constitucional por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales, aunque el recurso sigue pendiente de resolución.
Desde que fue elegido diputado en 2018, Ömer Faruk Gergerlioğlu ha defendido incesantemente los derechos humanos de varias personas, entre ellas, las supervivientes de torturas y malos tratos por parte de los agentes de seguridad, así como del personal público despedido de sus puestos por decretos de emergencia debido a supuestos “vínculos con organizaciones terroristas”. Recientemente, llamó la atención del Parlamento sobre la práctica de cacheos corporales a mujeres detenidas, pero los representantes del AKP negaron repetidamente las acusaciones. Su condena y la consiguiente revocación de su acta de diputado son claras violaciones de su libertad de expresión y de su derecho a defender los derechos humanos, así como de su derecho a la participación y representación políticas, a la vez que constituyen una vulneración de los principios fundamentales de una democracia pluralista.
Este reciente hecho también parece contravenir las sentencias anteriores del Tribunal Constitucional [4] sobre la detención de otros miembros del Parlamento, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [5]
La FIDH condena enérgicamente el acoso a las figuras políticas de la oposición y considera que los casos de acoso mencionados, incluso el hostigamiento judicial, tienen una motivación política y están dirigidos a obstaculizar las legítimas actividades políticas del HDP. Estos acontecimientos deben analizarse en el contexto de la progresiva erosión del Estado de derecho y de los derechos humanos, y del aumento de los ataques contra la sociedad civil y la oposición política en Turquía. Numerosos miembros del HDP, entre ellos sus antiguos copresidentes Selahattin Demirtaş y Pervin Buldan, continúan detenidos arbitrariamente a pesar de que una reciente sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la detención de Demirtaş viola sus derechos fundamentales. [6] Además, desde las últimas elecciones locales de marzo de 2019, en al menos 59 municipios de toda Turquía los alcaldes del HDP elegidos democráticamente fueron destituidos y sustituidos por síndicos nombrados por el Gobierno. [7]
La FIDH reitera su llamado al Gobierno de Turquía y le insta a que:
• Garantice de inmediato la liberación de todas las figuras políticas detenidas acusadas de delitos penales con una motivación política, en procedimientos que no respetan su derecho al debido proceso;
• Ponga fin al acoso judicial contra todas las figuras políticas del HDP y el resto de miembros de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos y agentes de la sociedad civil.
• Garantice el pluralismo y el ejercicio efectivo del derecho a la participación y la representación políticas, de modo que las personas elegidas, incluso las de la oposición, puedan ejercer su mandato sin obstáculos ni temor a represalias.
• Defienda el principio de la inmunidad parlamentaria de los miembros de la clase política, garantizando su protección ante investigaciones y enjuiciamientos por motivos políticos destinados a impedir el cumplimiento de su legítimo mandato político.
• Ponga fin de inmediato a la práctica antidemocrática de destituir de sus cargos a los alcaldes electos del HDP con el pretexto de acusaciones falsas en su contra, y restituya a quienes han sido destituidos a consecuencia de tales prácticas;