En la mañana del 16 de marzo de 2022, agentes de policía realizaron una redada en los domicilios de 24 defensoras de los derechos de las mujeres y activistas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y miembros del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Diyarbakır.
En estas redadas se retuvo a las siguientes defensoras de derechos y activistas, a las que se condujo al Departamento Antiterrorista de la Dirección Provincial de Seguridad de Diyarbakır: Adalet Kaya, presidenta de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Rosa (RWA); Nevin Oyman, miembro de la dirección ejecutiva de la RWA; Fatma Gültekin, miembro de la RWA; Zekiye Güler, activista del Movimiento de Mujeres Libres (Tevgera Jinen Azad - TJA); Remziye Sızıcı, copresidenta del distrito de Yenişehir del HDP; Filiz Buluttekin, copresidenta del municipio de Sur, que fue sustituida por un administrador; Fatma Yıldızhan, secretaria de mujeres del Sindicato de Trabajadores de la Salud y los Servicios Sociales (SES) de Diyarbakır; Nihal Yanık, copresidenta de TÜMBEL-SEN (Sindicato de Todos los Funcionarios Municipales); Hatice Efe, primera secretaria de Educación del Eğitim-Sen (Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia); Bahar Uluğ, Secretaría de Mujeres del BTS (Sindicato Unido de Trabajadores del Transporte); Sakine Karadeniz; Birsen Güneş; Gülşen Özer; Muhibet Özcanlı; Fatma Kavmaz; Esma Efetürk; Xezal Yıldırım; Jale Okkan; Yıldız Kardeş; Emine Akşahin; Songül Kapancı; Emine Kaya; Evin Yelboğa; y Safiye Akdağ.
Se impuso una prohibición de 24 horas durante las cuales las mujeres detenidas no pudieron recibir la visita de su abogado/a, aunque posteriormente se levantó, debido a las objeciones de los/as letrados/as. Sin embargo, la policía no empezó a tomarles declaración hasta la medianoche del 17 de marzo de 2022. Bajo la acusación de "pertenencia a organización terrorista" (artículo 314/2 del Código Penal turco), la policía interrogó a las mujeres sobre asambleas, protestas, reuniones y declaraciones de prensa que tuvieron lugar en Diyarbakır, incluso con motivo del Día Mundial de la Paz, el 1 de septiembre de 2021, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2021, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022 y sobre la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.
El 18 de marzo de 2022, Jale Okkan, Emine Kaya, Sakine Karadeniz, Fatma Kavmaz, Remziye Sızıcı, Gülşen Özer, Esma Efetürk, Filiz Buluttekin, Bahar Uluğ, Songül Kapancı y Fatma Yıldızhan fueron detenidas por decisión de los Jueces de Paz Penal y enviadas a la prisión de Diyarbakır. Yıldız Kardeş fue liberada por la fiscalía y el resto de defensoras de los derechos humanos y activistas fueron puestas en libertad, aunque se dictaron medidas de control judicial.
Las organizaciones firmantes lamentan que esta no es la primera vez que se ataca a las defensoras de los derechos de las mujeres en Diyarbakır. En realidad, ya se produjeron redadas y oleadas de detenciones similares, especialmente en mayo de 2020, julio de 2020 y abril de 2021 en el marco de las investigaciones contra las actividades de TJA y la Asociación de Mujeres Rosa. Como consecuencia de estas investigaciones se produjo la detención y condena de varias defensoras de los derechos de las mujeres con varias acusaciones falsas, apelando incluso a la legislación antiterrorista de Turquía, de la que se abusa sistemáticamente para acosar judicialmente a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, disidentes y políticos de la oposición, en particular los miembros del HDP.
El Observatorio, İHD y HRFT condenan enérgicamente estas redadas y posteriores detenciones de estas defensoras de los derechos de las mujeres, en lo que parecen ser una represalia por sus legítimas actividades en materia de derechos humanos. Las organizaciones firmantes expresan su preocupación por las flagrantes y reiteradas violaciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación cometidas por las autoridades en Turquía contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas las defensoras de los derechos de las mujeres kurdas.
Instamos a las autoridades a que liberen inmediata e incondicionalmente a todas las defensoras de los derechos de las mujeres antes mencionadas que se encuentran detenidas arbitrariamente y a que se retiren todos los cargos contra ellas. Instamos asimismo al gobierno a poner fin a todos los actos de acoso, incluso de tipo judicial, contra las defensoras de los derechos de las mujeres y todas las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía. Además, pedimos a las autoridades de Turquía que garanticen, en todas las circunstancias, los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, en los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Turquía se ha comprometido a respetar y aplicar.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH, cuyo objeto es evitar o remediar situaciones concretas de represión contra las personas defensoras de los derechos humanos. Tanto la FIDH como la OMCT son miembros de ProtectDefenders.eu, el mecanismo de la Unión Europea para las personas de defensoras de los derechos humanos desarrollado por la sociedad civil internacional.
La Asociación de Derechos Humanos (İHD, İnsan Hakları Derneği) fue fundada el 17 de julio de 1986 por 98 personas, entre las que se encuentran profesionales del derecho, periodistas, intelectuales, aunque principalmente familiares de presos políticos. El único objetivo de İHD es realizar actividades en defensa de los derechos humanos y las libertades. Con su sede y sus 31 sucursales y representaciones, İHD es la mayor organización no gubernamental de derechos humanos de Turquía y es miembro de la FIDH desde 1996.
La Fundación de Derechos Humanos de Turquía es una organización de la sociedad civil reconocida internacionalmente que ofrece servicios de tratamiento y rehabilitación a las personas sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, así como a sus familias, y trabaja desde 1990 para prevenir las violaciones de los derechos humanos, especialmente la tortura.