París, Kiev, 29 de abril de 2026. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha reclutado al menos a 27 000 ciudadanos extranjeros de más de 130 países para que participen en su guerra de agresión contra Ucrania, una cifra en rápido aumento que refleja una estrategia deliberada e institucionalizada, que va mucho más allá del mero uso de voluntarios.
El informe, titulado ¿Combatientes, mercenarios o víctimas de la trata de personas? La explotación de combatientes extranjeros por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania” (resumen ejecutivo en español), es el resultado de una investigación conjunta llevada a cabo por la FIDH, Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR), con el apoyo de socios de Corea del Sur y tras consultar con expertos regionales de Nepal, Cuba y Kenia. Se basa en entrevistas con dieciséis prisioneros de guerra (POW por sus siglas en inglés) retenidos en Ucrania y exmilitares rusos, así como en investigaciones de fuentes abiertas y consultas con autoridades ucranianas y expertos en derechos humanos.
“Este informe pone de relieve algo fundamental: que el uso de combatientes extranjeros por parte de Rusia no es un fenómeno ni marginal ni espontáneo. Rusia ha creado un sistema de reclutamiento global que se dirige deliberadamente a las poblaciones más vulnerables, como migrantes indocumentados, detenidos, trabajadores en situación precaria o incluso estudiantes extranjeros, en decenas de países de Asia, África y América Latina. Muchos de estos hombres sabían, en cierta medida, a qué se estaban comprometiendo. Pero a algunos también se les engañó o se les coaccionó. En todos los casos, sin embargo, es un Estado el que los ha instrumentalizado como parte de su maquinaria bélica y los ha enviado a las posiciones más peligrosas en el frente,” declaró Alexis Deswaef, presidente de la FIDH, antes de añadir: “en febrero de este año, visité a Truth Hounds en sus oficinas de Kiev y pude ver de primera mano cómo llevaban a cabo su trabajo esencial sobre este tema, realizado en condiciones extremadamente difíciles.”
El informe documenta cómo el reclutamiento de combatientes extranjeros por parte de Rusia se ha convertido en una operación global dirigida a personas en situaciones de vulnerabilidad económica, social o jurídica. En Rusia, a los migrantes laborales, muchos de ellos procedentes de países de Asia Central como Kazajistán, se les han ofrecido contratos militares como alternativa a la detención o la deportación. En África subsahariana, Nepal, Cuba y Yemen, intermediarios se han acercado a personas prometiéndoles empleos civiles bien remunerados –en la construcción, la seguridad o la limpieza– y la ciudadanía rusa, solo para que, días después de llegar a Rusia, se encontraran con uniforme y fueran enviados al frente. Hasta el 20 % de estos combatientes no sobrevive a los primeros cuatro meses de despliegue y algunos denuncian malos tratos y humillaciones por parte de compañeros o comandantes, lo que apunta a explotación y abuso.
“A pesar de que muchos Estados están tomando medidas para frenar el reclutamiento, y aunque Rusia afirma que ya no recluta a ciudadanos de ciertos países, el reclutamiento predatorio continúa. Las autoridades ucranianas prevén que en 2026 Rusia reclutará a más de 18 500 ciudadanos extranjeros, lo que supondría la cifra anual más alta desde 2022”, afirma Maria Tomak, investigadora asociada y experta en defensa de los derechos humanos de Truth Hounds. “Esto subraya la continua relevancia de nuestro informe. Nuestro objetivo principal sigue siendo claro: detener el reclutamiento y obligar a Rusia a repatriar a quienes ya han sido reclutados. Agradecemos a nuestros socios de la FIDH por su atención a este tema. También expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros socios locales por su apoyo experto para navegar por contextos regionales específicos. Este es un esfuerzo colectivo vital que debe impulsarse aún más para garantizar que Rusia ya no pueda explotar cínicamente a ciudadanos de otros países en su guerra de agresión contra Ucrania” añadió.
El proceso de reclutamiento, la motivación y el trato recibido durante el despliegue dificultan la evaluación de la situación jurídica de los combatientes. Una parte importante de los reclutas sabía que se estaba sumando a un conflicto armado, motivados por promesas de ciudadanía y salarios muy superiores a los que podían obtener en sus países de origen. Muchos de esos combatientes se enfrentarán a procesos penales por mercenarismo o por participar en un conflicto armado extranjero en sus países de origen.
Otras personas, engañadas para que se alistaran en las Fuerzas Armadas de Rusia, podrían haber sido víctimas de la trata de personas, lo que justifica tener en cuenta la superposición de los regímenes jurídicos del derecho internacional humanitario, el derecho penal transnacional y el derecho internacional de los derechos humanos. El informe concluye que esta situación ha activado la obligación de los Estados de garantizar la repatriación de sus nacionales antes de que finalice la fase activa de la guerra y de enjuiciar a los reclutadores que hayan facilitado el engaño o la coacción que ha dado lugar a su traslado a Rusia y, finalmente, a Ucrania. Obligaciones que pocos Estados cumplen.
Más allá de los casos individuales, el informe pone de relieve una arquitectura institucional: un marco legislativo que amplía la elegibilidad de los extranjeros para el servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia «bajo contrato» y para vías aceleradas de obtención de la ciudadanía; bonificaciones por alistamiento para reclutadores y combatientes; participación documentada del FSB, las misiones diplomáticas y las «Casas Rusas» en el reclutamiento en el extranjero; incluida la expedición sin escrúpulos de visas de turista. El informe concluye que, en algunos casos, el reclutamiento depredador de Rusia cumple los criterios constitutivos de la trata de personas tal y como se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (el Protocolo de Palermo) –acto, medios y propósito–, lo que implica la responsabilidad de Rusia en virtud del derecho internacional.
El informe también analiza la responsabilidad de determinados países de origen en virtud del Protocolo de Palermo y de los convenios que prohíben el mercenarismo. Si bien Kazajistán, Nepal y, especialmente, Kenia han puesto en marcha medidas judiciales o diplomáticas, ninguno ha cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud del Protocolo de Palermo. Cuba cuenta con un marco jurídico adecuado, pero su aplicación sigue siendo opaca.
El informe presenta recomendaciones detalladas dirigidas a los países de origen, a organizaciones internacionales —la ONU, la UE, la OSCE y el CICR—, así como a Ucrania y Rusia. En particular, insta a que se revise la definición internacional de mercenarismo, se refuerce la legislación contra la trata de personas para que abarque el reclutamiento en conflictos armados y se establezcan mecanismos de repatriación para las víctimas de reclutamiento abusivo que se encuentran detenidas como prisioneros de guerra.