Por un lado, las autoridades ignoraron los procedimientos establecidos para la adopción de enmiendas. Efectivamente, la votación de las enmiendas sustantivas de 14 artículos de la Constitución se llevó a cabo mediante un procedimiento que no estaba previsto en la legislación rusa, concretamente, a través de una votación constitucional de ámbito nacional, con el fin de eludir la ley federal sobre referéndums de 2004, que establece que el electorado debe votar las enmiendas a la Constitución por separado.
Además, dado que los cambios propuestos se refieren a los dos primeros capítulos de la Constitución, los "Fundamentos del sistema constitucional" y los "Derechos y libertades del hombre y del ciudadano", el artículo 135 exige que cuando existe una nueva Constitución, esta debe ser aprobada por una Asamblea Constitucional, y posteriormente ratificada mediante referéndum. Ni la ley que rige la formación de la Asamblea Constitucional ni el propio órgano fueron establecidos por las autoridades rusas. En lugar de atenerse a esos procedimientos, las autoridades celebraron un referéndum constitucional en todo el país, en un intento de dar una apariencia de legitimidad a la enmienda propuesta.
Según diversas organizaciones no gubernamentales independientes, entre ellas, Golos, una entidad independiente de supervisión de procesos electorales, este referéndum no se ajusta a la legislación rusa ni a las normas internacionales. En concreto, no se respetaron plenamente los requisitos de realizar una campaña justa y transparente, permitir el acceso a los observadores, contar con un procedimiento de votación transparente y otros criterios que garantizan un proceso electoral democrático. Se denunciaron numerosas violaciones de la ley electoral, como fraude, votación múltiple, obligación de algunos trabajadores y trabajadoras de votar contra su voluntad, campañas injustas e incumplimiento de los procedimientos en los colegios electorales.
Todos estos factores nos llevan a considerar que los resultados de estas elecciones no son fiables ni legítimos y que no reflejan plenamente la voluntad de la ciudadanía rusa. Ante esta observación y lo que podría calificarse de "falsa democracia", hacemos un llamamiento a Francia, a la Unión Europea y a la comunidad internacional para que no reconozcan los resultados de estas elecciones y las consecuencias que de ello se derivan en cuanto a la modificación de la Constitución rusa.