El colectivo de asociaciones afirma en casi todas las regiones se ha expulsado a los miembros más experimentados de las Comisiones Públicas de Vigilancia establecidas por una ley de 2008, y han sido sustituidos por testaferros, a menudo antiguos funcionarios de los servicios de seguridad plenamente comprometidos con el servicio penitenciario. Tras las protestas provocadas por la expulsión de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las comisiones en octubre de 2016 en la mitad de las regiones, aprovechando el proceso de renovación, se decidió llevar a cabo un proceso de reclutamiento adicional. Sin embargo, el estudio, realizado en diciembre de 2017, reflejaba la misma lógica de socavamiento del sistema por parte de la Cámara Pública de la Federación de Rusia, el órgano responsable de determinar el número y la composición de las Comisiones. Dos tercios de los candidatos estaban respaldados por el grupo de trabajo tripartito (Cámara Pública, Comisionado para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia y Consejo Presidencial para los Derechos Humanos), creado para garantizar que se rechazase el regreso de las personas más experimentadas.
La reacción que adopte el Consejo de Europa en los próximos días es crucial en muchos aspectos. En primer lugar, las situaciones en las que se pide a los organismos europeos que se aborden los casos de tortura en las cárceles rusas —y, por tanto, que examinen el contexto general en el que se producen— son extremadamente raras, debido a las represalias sistemáticas en caso de denuncia y a la dificultad de agotar los recursos internos. Por lo tanto, estos casos rara vez terminan en Estrasburgo (a diferencia de la violencia policial). El Gobierno de la Federación de Rusia también se refiere, ante el Comité de Ministros, al escaso número de sentencias dictadas en esta esfera para afirmar que no existe ningún problema de tortura en las cárceles rusas, en contra de los relatos de antiguos detenidos, de las grabaciones en vídeo y de los informes de autopsias que periódicamente se filtran a la prensa. Por lo tanto, lo que está en juego hoy en día es la capacidad del mecanismo europeo para abordar una realidad que afecta directamente al núcleo duro de los derechos fundamentales.
Además, desde 2013, las autoridades se han negado sistemáticamente a publicar los informes de las visitas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura cuando se refieren al sistema penitenciario. Por lo tanto, el Comité de Ministros es el único órgano del Consejo de Europa que puede manifestar públicamente sus opiniones sobre las políticas relacionadas con la tortura y, por lo tanto, ejercer influencia sobre las autoridades rusas.
Por último, la mitad de las Comisiones Públicas de Vigilancia se renovarán en octubre. Esta es una última oportunidad para reactivar este mecanismo fundamental. Además de la identificación de los lugares de tortura que a menudo proporciona, permite que las quejas de los detenidos sobre todos los tipos de disfunciones carcelarias se lleven ante los tribunales y, en caso necesario, ante el Tribunal Europeo, lo que genera así una jurisprudencia sobre las cárceles. Del mismo modo, las Comisiones Públicas de Vigilancia desempeñaban un papel de caja de resonancia y contribuían a mantener un debate público sobre las cárceles.
Por todo ello, lo que está en juego hoy es el futuro de un mecanismo estructuralmente esencial para el cumplimiento por parte de Rusia de las condiciones que se habían establecido para su adhesión al Consejo de Europa —reformar su sistema penitenciario, mejorar las condiciones de las cárceles, llevar ante la justicia a los autores de violaciones de los derechos humanos.
Por consiguiente, la EPLN y la FIDH piden al Comité de Ministros que exija encarecidamente a las autoridades rusas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la reincorporación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en las Comisiones Públicas de Vigilancia y que, más allá de este imperativo a corto plazo, doten a este instrumento de las garantías estatutarias y presupuestarias necesarias para garantizar su independencia y su funcionamiento efectivo.