París, 14 de noviembre de 2024. Rusia continúa su giro ultraconservador. Hace dos días, la Duma aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe la difusión de información neutral o positiva sobre el hecho de no tener hijos en Internet, los medios de comunicación, el cine y la publicidad.
Esta ley aún debe ser aprobada por la Cámara Alta antes de ser enviada al Presidente Vladimir Putin para su aprobación definitiva. Incluye importantes sanciones económicas, que pueden alcanzar hasta 400.000 rublos para los particulares (unos 4.200 dólares) y 5 millones de rublos para las empresas (casi 50.000 dólares). También existe el riesgo de arresto administrativo y deportación para los ciudadanos no rusos.
Esta ley forma parte del giro ultraconservador que Rusia ha dado en los últimos años. El régimen hace hincapié en la familia y exalta la maternidad como piedra angular de la política nacional. En 2020, las autoridades rusas realizaron importantes revisiones de la Constitución, en particular añadiendo el artículo 67, que establece que "los niños son la prioridad más importante de la política estatal rusa." Del mismo modo, en noviembre de 2022, el presidente Putin firmó un decreto titulado "Fundamentos de la política estatal para la preservación y el fortalecimiento de los valores espirituales y morales tradicionales rusos". El decreto afirma, entre otras cosas, que la situación demográfica del país está amenazada por la «influencia ideológica destructiva» que se ejerce sobre los ciudadanos rusos, propagada por "los Estados Unidos de América y otros Estados extranjeros hostiles, así como por una serie de organizaciones no gubernamentales extranjeras."
"Sin embargo, son efectivamente la guerra, la movilización y la emigración las que han provocado la crisis demográfica en el país, y no supuestas influencias externas", explica Natalia Morozova, directora en funciones del departamento de Europa del Este y Asia Central de la FIDH. "Ahora, al régimen de Putin le faltan soldados para su guerra en Ucrania, ’carne de cañón’, razón por la cual la Duma Estatal aprueba continuamente leyes fascistas a un ritmo sin precedentes. Obviamente, esto no tendrá ningún efecto sobre las tasas de natalidad".
2024, año de la familia
El año 2024 ha sido declarado en Rusia "Año de la Familia". Esto supone una oportunidad para adoptar medidas destinadas a "fortalecer el matrimonio y los valores tradicionales". Las tasas de divorcio se han multiplicado por ocho, se han aprobado leyes que prohíben la "incitación al aborto" y, en una novedad para un país que fue pionero en el derecho al aborto durante la era soviética, las clínicas privadas de ciertas regiones se niegan ahora a practicar abortos voluntarios.
La ley recién aprobada prohíbe la difusión de información sobre el movimiento "childfree" (término utilizado para las personas que deciden conscientemente no tener hijos, ya sea por motivos personales, económicos o medioambientales). Según Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento, "este movimiento no se ajusta a las expectativas actuales de las mujeres" y "debe prohibirse legalmente".
Una vez que la ley entre en vigor, los ciudadanos rusos ya no podrán decir ni escribir nada que promueva una "imagen positiva de la falta de hijos y la elección consciente de no tenerlos, a menos que esta elección esté relacionada con contraindicaciones médicas".
Esta legislación intensifica la presión que ya ejerce el Estado ruso sobre el cuerpo de las mujeres, dificultando cada vez más el acceso al aborto. Forma parte de una tendencia más amplia, influida por el auge de las corrientes conservadoras, que se basa en una visión arcaica y nacionalista de la ortodoxia. El objetivo declarado es defender los "valores tradicionales", luchar contra un Occidente considerado "decadente" y, sobre todo, controlar el cuerpo de las mujeres.
Esto se suma a una serie de leyes represivas dirigidas a coartar la libertad de expresión, reforzando un ambiente de censura donde se criminaliza progresivamente cualquier oposición a las directrices pronatalistas del Estado, similar a la ley aprobada el 24 de noviembre de 2022, que prohíbe completamente la "propaganda LGBT" y amplía la prohibición de 2013 sobre la difusión de información a menores de edad.
La FIDH vigila y expresa su preocupación por este nuevo ataque a los derechos de las mujeres, que se inscribe en una tendencia mundial de regresión y de auge de las ideologías reaccionarias. Hace un llamamiento a una vigilancia reforzada, constante y solidaria.