La FIDH insta a Rusia a poner en libertad a todas las personas detenidas por manifestarse pacíficamente en el marco de estas protestas, así como al propio Navalny, pide que retire todas las acusaciones y permita a su ciudadanía ejercer libremente sus derechos fundamentales. La FIDH insta a la Unión Europea adoptar sanciones específicas individuales contra el personal oficial que participó en la represión del 23 de enero, en la detención arbitraria de Navalny y en otras violaciones de los derechos humanos.
Entre 250.000 y 300.000 personas participaron en las protestas del 23 de enero. A pesar de las detenciones preventivas contra la organización de las marchas, de la intimidación y de las amenazas que recibieron quienes probablemente iban a participar en las protestas, entre ellos, algunos/as estudiantes, se unieron a ellas personas provenientes de 125 ciudades de todo el país.
Las fuerzas del orden, incluida la policía antidisturbios, reprimieron violentamente estas manifestaciones pacíficas. Las imágenes de video de las protestas muestran que la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes: al menos 28 de ellas sufrieron lesiones por golpes efectuados con porras de goma o en el transcurso de violentos arrestos. El caso de una mujer a la que un policía dio una patada en el estómago por bloquearle el paso cuando él y un compañero arrastraban a un detenido hasta un furgón policial provocó una protesta pública. Los/as abogados/as del Centro de Derechos Humanos Memorial, organización miembro de la FIDH en Rusia, documentaron un importante número de violaciones contra los derechos de las personas detenidas en 39 ciudades del país.
Se produjeron malos tratos al menos en 25 comisarías. En numerosos casos, se amenazó a las personas detenidas, se les negó el acceso a un/a abogado/a, se les confiscó el pasaporte, se les obligó a firmar informes o, por el contrario, no se les permitió presentar denuncia. Se detuvo a casi 3700 personas y se interpusieron 15 demandas penales contra manifestantes pacíficos/as por el mero hecho de participar en las marchas.
En algunos análisis sociológicos sobre el desarrollo de las protestas se observó un cambio cualitativo en relación con las de 2019 y 2011, que se consideran las más importantes de la historia moderna de Rusia. En estos análisis se señala que el 40% de las personas encuestadas se manifestaban por primera vez, y no más del 5% tenían menos de 18 años.
A diferencia de protestas anteriores, en las que Moscú tenía un mayor protagonismo, esta vez únicamente un cuarto de las protestas tuvo lugar en la capital. Para la mayoría de manifestantes, lo más importante no era tanto la detención del político, que sobrevivió al envenenamiento del año pasado con el agente nervioso novichok, sino la reciente investigación de su equipo sobre el palacio supuestamente construido para Vladimir Putin, que obtuvo más de 90 millones de visitas en YouTube. Muchas personas salieron a protestar contra la corrupción generalizada en la represión sistemática en el país, la opresión de la oposición política y la inexistencia de un poder judicial independiente.
Teniendo en cuenta que se había amenazado a las personas que habían participado en las concentraciones no autorizadas con multas y cárcel, y, ante la elevada probabilidad de ser objeto de la violencia policial, el récord de asistentes demuestra que la ciudadanía no está dispuesta a tolerar el régimen represivo de Putin durante más tiempo.
“Las respuestas de la semana pasada son una señal muy positiva. La gente tiene menos miedo al régimen y una mayor voluntad de defender sus derechos,” afirmó Valentin Stefanovic, vicepresidente de la FIDH. “Sin embargo, al igual que en ciclos de protestas anteriores, es probable que se continúen produciendo graves violaciones de los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía rusa, ya que la oposición política al régimen del presidente Putin se siente más fortalecida y ha convocado nuevas protestas para este sábado, 30 de enero.”
La FIDH condena en los términos más enérgicos las acciones de la Federación Rusa, por ser incompatibles con los compromisos del Estado según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La FIDH insta a las autoridades rusas a poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas por ejercer su libertad de expresión y reunión en el marco de las protestas del 23 de enero, así como a Alexei Navalny y a todas las demás personas encarceladas por motivos políticos en el país.
La FIDH pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que sancionen a las personas físicas y jurídicas implicadas en la represión ejercida en el marco de las protestas del 23 de enero y a quienes sean responsables de la decisión de detener y encarcelar a Alexei Navalny, entre ellas, el presidente ruso, Vladimir Putin.
La FIDH se une al Parlamento Europeo en su petición a la Unión Europea y sus Estados miembros de que elaboren una nueva estrategia para las relaciones de la Unión con Rusia, centrada en apoyar la sociedad civil, que promueve los valores democráticos, el Estado de derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Esta estrategia debería contemplar la adopción de sanciones individuales contra funcionarios y ejecutivos de empresas rusas vinculados al régimen, así como contra los miembros del círculo íntimo del presidente Putin, en particular, contra las personas implicadas en la detención y el encarcelamiento de Alexei Navalny, la represión de las protestas del 23 de enero y otras violaciones de los derechos humanos.
La Unión Europea y sus Estados miembros deben asimismo revisar de forma crítica la cooperación con Rusia a través de diversas plataformas de política exterior, así como proyectos como Nord Stream 2, a cuya culminación la Unión debe poner fin inmediatamente.