La comunidad de derechos humanos de Rusia se resiste a la última y más descarada amenaza del régimen.
El 28 de diciembre, el Tribunal Supremo de Rusia dictaminó el cierre de la International Memorial Society, una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) más antiguas de Rusia, que documenta y revela pruebas de violaciones a los derechos humanos de la era soviética, localiza lugares de entierro, rinde homenaje a las víctimas y sensibiliza al público sobre los derechos humanos.
Al día siguiente, el Tribunal de la ciudad de Moscú ordenó la disolución de su organización hermana, el Centro de Derechos Humanos Memorial, que representa a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en los tribunales nacionales e internacionales, mantiene una lista de presos políticos y proporciona asistencia jurídica a los presos políticos, los refugiados y los migrantes. Estos cierres no son más que un acto político de represalia contra los defensores de derechos humanos.
Hoy, Memorial HRC recurre la decisión del Tribunal de la ciudad de Moscú que ordena su cierre, tras el reciente recurso de International Memorial contra la orden de liquidación del Tribunal Supremo. Si se rechazan los recursos, las decisiones de diciembre de 2021 marcarían un nuevo capítulo oscuro en la historia moderna de Rusia.
Ambas organizaciones han sido una piedra en el zapato de las autoridades. La decisión de desmantelarlas no fue inesperada y sirve para consolidar el poder del Kremlin sobre los actores independientes de la sociedad civil y sobre el relato histórico.
La FIDH defiende con firmeza las dos instituciones Memorial
En noviembre de 2021, la FIDH, junto con grupos de derechos humanos rusos e internacionales, emitió rápidamente una declaración conjunta en la que denunciaba la presentación de demandas por parte de los fiscales del Estado para cerrarlas. La FIDH y otras 55 de sus organizaciones miembros de todo el mundo emitieron una declaración de solidaridad con nuestros colegas rusos.
En respuesta a la amenaza de cierre, la FIDH presentó dos amicus curiae por separado ante el Tribunal Supremo ruso y el Tribunal de la ciudad de Moscú en apoyo de Memorial International y Memorial HRC, respectivamente, subrayando que los cargos de la Fiscalía General y la Fiscalía de Moscú, tienen una intención política y no deben ser considerados. Estas acusaciones contradicen el derecho internacional de derechos humanos y la Constitución de la Federación Rusa en lo que respecta a la libertad de asociación y expresión, y aceleran el desmantelamiento de la sociedad civil rusa.
Un representante de la FIDH asistió a las primeras audiencias de los juicios contra las dos instituciones conmemorativas para evaluar el cumplimiento de las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo y documentar posibles violaciones de derechos de los acusados por parte de los tribunales. Paralelamente, la FIDH publicó un hilo en Twitter en inglés sobre las audiencias.
Cuando los tribunales se pronunciaron sobre la liquidación de los dos Memoriales, la FIDH condenó enérgicamente estas decisiones de motivación política flagrante, que forman parte de los esfuerzos continuos del Estado por controlar la narrativa histórica y desempoderar a la sociedad civil. La FIDH, a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, también hizo un llamado urgente (EN) a las autoridades del país para que reviertan inmediatamente las decisiones de liquidar a las ONG y deroguen la problemática ley sobre "agentes extranjeros" que se ha utilizado para incriminarlas falsamente.
La actitud del gobierno hacia la sociedad civil independiente, los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos se ha vuelto más hostil en la última década. La labor en materia de derechos humanos de estas dos organizaciones, bastiones de la cada vez más vulnerable sociedad civil rusa, es legítima y debe permitirse que continúe. En los próximos días, la FIDH tiene previsto publicar un informe de observación de los juicios, en el que pondrá de manifiesto las numerosas violaciones de las normas y estándares internacionales sobre juicios justos cometidas por el Tribunal Supremo ruso y el Tribunal de la ciudad de Moscú en su consideración de los casos Memorial International y HRC Memorial, respectivamente.
Ley de "agentes extranjeros"
El ataque coordinado contra las dos organizaciones Memorial es la cúspide de una tendencia represiva (EN) en aumento durante casi una década. Los motivos legales inventados para justificar los cierres incluían el incumplimiento de la llamada ley de "agentes extranjeros", que exige a las entidades que reciben fondos del extranjero que se etiqueten como "agentes extranjeros", lo que conlleva el estigma de la época soviética de ser un espía o un traidor. La aparición de esta legislación, que contradice tanto el derecho nacional como el internacional, se remonta a 2012, cuando el presidente Vladimir Putin supervisó la aprobación de una serie de leyes para reprimir a la sociedad civil tras su reelección (véase un resumen de la legislación (EN) de 2012 a 2017).
En los últimos años, otras leyes han ampliado el alcance de la legislación sobre agentes extranjeros para incluir a los defensores de derechos humanos, los periodistas (EN) e incluso a ciudadanos de a pie. Quienes se dediquen a la política y reciban fondos de países extranjeros se enfrentan a multas y penas de prisión.
Las órdenes de disolución de las dos organizaciones Memorial son una amenaza existencial para una comunidad de derechos humanos ya asediada en Rusia. [1] Memorial impugna estas decisiones de motivación política y la FIDH insta a los tribunales a anularlas. Memorial ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha pedido a Rusia que suspenda la decisión tras una orden de medidas provisionales en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La legislación rusa sobre agentes extranjeros es un reflejo de la de otros países, una tendencia que la FIDH ha identificado y denunciado recientemente. Estas leyes, desde Etiopía hasta Nicaragua y más allá, pretenden frenar las actividades de las ONG privándolas de recursos y desacreditándolas.
El monopolio sobre la memoria histórica
El cierre del Memorial Internacional intenta neutralizar un desafío a la homogeneidad de la narrativa histórica oficial en Rusia: la de un glorioso pasado soviético. La organización lleva más de tres décadas trabajando para preservar la memoria de la represión de la era soviética, que incluía el hambre, las purgas políticas, las ejecuciones sumarias y los gulags. Estos esfuerzos se consideran amenazas hostiles que contradicen y socavan la versión oficial de la historia: la de una superpotencia respetada que salvó a Europa del azote nazi.
El control del relato histórico del pasado soviético se utilizó como herramienta para consolidar el régimen autoritario. Al construir la identidad colectiva de Rusia en torno a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, el régimen ataca a los activistas de la sociedad civil, a las ONG, a los historiadores -como Yuri Dmitriev (EN)- y a todos aquellos que se esfuerzan por mantener viva la memoria histórica identificando a los autores y a las víctimas de acontecimientos como el Gran Terror, la campaña asesina de represión política de José Stalin en 1937-38. Dada la naturaleza histórica de gran parte del trabajo de International Memorial, su cierre selectivo por parte de las autoridades puede verse en un contexto más amplio de crímenes contra la historia (véase el informe 2021 de la FIDH sobre este tema).
→ Para obtener más información y saber qué puedes hacer, visita OVD-Info, un proyecto mediático independiente: https://memorial.ovdinfo.org/en
Memorial International fue fundada a finales de la década de 1980 por el Premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov y otros disidentes de la época soviética para investigar los millones de asesinatos cometidos bajo el mandato de José Stalin y hacer campaña por los derechos de los presos y presas político/as y los oprimidos políticos. El Centro Memorial de Derechos Humanos, miembro de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) desde 2016, se centra en la persecución política en la Rusia actual, especialmente en el Cáucaso Norte, proporcionando representación legal a las víctimas de violaciones de derechos, defendiendo los derechos de los migrantes y apoyando a las presas y los presos políticos.