Memorial cuenta con dos entidades principales: el Centro de Derechos Humanos Memorial y la Sociedad Internacional Memorial. El 11 de noviembre, la Sociedad Internacional Memorial recibió una carta del Tribunal Supremo de Rusia en la que se le informaba de que el 8 de noviembre la Fiscalía General había presentado una demanda en la que solicitaba su liquidación por repetidas violaciones de la legislación rusa sobre "agentes extranjeros". La vista judicial está fijada para el 25 de noviembre.
En su demanda, la Fiscalía General alega que International Memorial está "cometiendo una flagrante violación de los derechos de la ciudadanía" al "ocultar sistemáticamente información sobre su actuación como agente extranjero". La Fiscalía General fundamentó su acusación haciendo referencia a una serie de sanciones administrativas impuestas a la organización y a sus dirigentes a finales de 2019 -2020 por no marcar algunos de los materiales que había publicado con la tóxica y estigmatizante etiqueta de "agente extranjero", uno de los perniciosos requisitos de la ley de "agentes extranjeros". La Fiscalía General hizo entonces una afirmación kafkiana de que el incumplimiento de este requisito suponía una violación del derecho a la libertad de expresión y de los derechos del niño consagrados en la Constitución rusa, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El 12 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Memorial recibió información del Tribunal de la Ciudad de Moscú de que su Fiscalía había presentado una demanda similar contra ellos y que estaba pendiente la vista judicial.
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, ya que son una herramienta que permite a las personas trabajar para acabar con las violaciones de los derechos humanos y pedir cuentas a los responsables. La Declaración de la ONU sobre las personas defensoras de los derechos humanos destaca especialmente el derecho a constituir organizaciones, asociaciones o grupos de la sociedad civil, unirse y participar en ellos para promover o defender los derechos humanos, un elemento esencial del derecho de asociación. Además, subraya la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer libremente los derechos de asociación y expresión, incluso a través de actividades como la búsqueda, obtención y difusión de ideas e información, la defensa de los derechos humanos, el acceso y la comunicación con los organismos internacionales de derechos humanos y la presentación de propuestas de reforma política y legislativa a nivel local, nacional e internacional.
Toda restricción que se imponga al derecho de asociación debe estar prevista por la ley, así como ser necesaria para un objetivo legítimo y proporcionada al mismo. En particular, las Directrices Conjuntas sobre Libertad de Asociación adoptadas por la OSCE/ODHIR y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa establecen que cualquier sanción a las organizaciones de la sociedad civil "debe ser siempre coherente con el principio de proporcionalidad". Se recomienda también que "las autoridades procuren aplicar la medida que menos perturbe y destruya el derecho a la libertad de asociación". Por otra parte, tal y como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia y como respalda la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en sus dictámenes, la disolución involuntaria de una ONG únicamente se debe utilizar como una medida extrema a la que se puede recurrir solo en circunstancias excepcionales, con un motivo bien fundado.
Es importante que la aplicación de cualquier sanción contra las ONG se base en motivos bien fundados y esté relacionada con infracciones reales. No es este el caso. A lo largo de casi una década, las autoridades rusas han utilizado la represiva legislación sobre "agentes extranjeros" introducida específicamente para limitar arbitrariamente el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y castigar a las voces críticas, entre otros, a los grupos de derechos humanos. Con la medida de cerrar Memorial, uno de los gigantes de los derechos humanos en Rusia, el gobierno ruso ha superado un nuevo límite en su campaña para acabar con las voces independientes.
Este ataque a Memorial es un acto político de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos. Las autoridades rusas deben retirar inmediatamente las demandas contra el Centro de Derechos Humanos Memorial y la Sociedad Internacional Memorial, y tomar medidas para la derogación de la legislación sobre "agentes extranjeros", ya que atenta directamente contra el derecho de asociación. Además, las autoridades deben adaptar toda la normativa sobre el derecho de asociación a la legislación y las normas internacionales de derechos humanos y poner fin a la represión de los grupos y activistas independientes.