Después de que las comisiones electorales de Moscú prohibieran arbitrariamente a los candidatos de la oposición (en ruso) que se presentaran a la Duma de la ciudad de Moscú —el Consejo Municipal—, el 14 de julio comenzó en la capital rusa una ola de protestas pacíficas a favor de unas elecciones libres. La Guardia Nacional Rusa y la policía respondieron suprimiendo brutalmente las protestas, violando gravemente el derecho de los ciudadanos rusos a participar de manera significativa en el proceso político, el derecho de reunión pacífica y otros derechos civiles y políticos.
Si bien algunas de las protestas anteriores fueron autorizadas y en cierta medida toleradas por las autoridades, incluida la manifestación del 10 de agosto, que convocó algunas de las mayores multitudes de la historia reciente del país, la solicitud de autorización para la protesta del próximo sábado 17 de agosto fue rechazada (en ruso), lo que llevó a los manifestantes a creer que era probable que se produzcan nuevos arrestos y palizas.
Yan Rachinsky, miembro de la junta directiva del Memorial Human Rights Center, una importante organización rusa de derechos humanos, asistió a todos los mítines.
"Las autoridades consideran que los derechos solo pueden invocarse con el permiso de la administración —cualquiera que opine algo diferente es percibido como un oponente y una amenaza"
Las fuerzas de seguridad respondieron a esta amenaza golpeando a docenas de manifestantes pacíficos con porras de goma y deteniendo arbitrariamente a miles de personas, entre otros, menores, periodistas e incluso transeúntes (en ruso). Los manifestantes detenidos fueron maltratados en los vehículos policiales, centros de detención y juzgados. Hasta la fecha, desde el inicio del movimiento el 14 de julio, las autoridades han detenido a cerca de 3 000 manifestantes pacíficos y han iniciado docenas de causas administrativas y varias causas penales.
La enérgica represión de las protestas pacíficas por parte de las autoridades constituye una violación flagrante y generalizada del derecho de reunión pacífica garantizado por el artículo 31 de la Constitución rusa y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Rusia, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la injerencia del Gobierno en reuniones pacíficas recurriendo a la fuerza.
Una represión sin precedentes
La brutalidad de las tácticas de represión utilizadas contra estas protestas pacíficas del verano de 2019 en Moscú ha superado a la empleada contra todos los movimientos masivos anteriores de protesta contra las violaciones de los derechos fundamentales cometidas por el régimen del presidente Vladimir Putin, incluidas las protestas en la Plaza Bolotnaya de 2011-2012.
"La expresión no violenta de apoyo a un candidato político es un derecho fundamental de toda la ciudadanía. De acuerdo con el derecho de los derechos humanos aplicable, golpear a los manifestantes con porras o recurrir a la fuerza de cualquier otro modo para dispersar estas reuniones es absolutamente inaceptable, independientemente de si se obtuvo la autorización del gobierno."
La represión de las protestas por parte de las autoridades constituye una violación masiva del derecho de la ciudadanía rusa a participar de manera significativa en el proceso político, de su libertad de reunión y de expresión, de su derecho a no ser detenida arbitrariamente y a no recibir un trato inhumano. Incluso los menores, que tienen derecho a una protección especial en virtud del derecho internacional, entre otras, gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño, que Rusia también ha ratificado, no están exentos de estos abusos.
Líderes juveniles de la protesta acusados de "disturbios masivos"
Investigadores estatales de la Comisión de Investigación presentaron una denuncia penal contra 14 personas, en su mayoría hombres jóvenes, acusados de organizar "disturbios masivos" —un levantamiento— a pesar de la ausencia de llamados reales de los organizadores a la violencia o de cualquier prueba de acciones violentas por parte de los manifestantes. Doce de los catorce jóvenes ya han sido arrestados, entre ellos Yegor Zhukov, de 21 años, estudiante de una de las principales universidades de Rusia, la Escuela Superior de Economía, que se ha convertido en símbolo de las protestas. Los medios de comunicación estatales informaron en televisión sobre los supuestos "disturbios masivos", estigmatizando así a los manifestantes como criminales patrocinados por Occidente, aislando a la oposición e intimidando a la ciudadanía para que no se una al movimiento de protesta.
Dado que las autoridades no han aportado pruebas creíbles de que se hubieran producido o estuvieran a punto de producirse "disturbios masivos", la FIDH y sus asociados consideran que el caso tiene motivaciones políticas y es contrario a las leyes rusas e internacionales que protegen a las personas contra la detención arbitraria.
"Lo importante es que los candidatos independientes y sus equipos son personas relativamente jóvenes; en su mayoría son estudiantes. Debido a su edad, perciben la injusticia de manera más aguda y el no tener la experiencia de haber vivido en la Unión Soviética les ha permitido mantener su dignidad mucho más que a las generaciones anteriores. Creen que sus derechos, garantizados por la Constitución, no pueden ser manipulados por burócratas".
La persecución de los sospechosos de simpatizar con el movimiento de protesta de Moscú, patrocinada por el gobierno, se intensificó tras el mitin del 27 de julio: los estudiantes fueron amenazados con ser expulsados de las universidades, las fuerzas del orden llevaron a cabo redadas repentinas contra los manifestantes y las personas que habían superado la edad de reclutamiento recibieron citaciones para el ejército. En un caso kafkiano, los investigadores estatales presentaron cargos contra una pareja joven que acudió a la manifestación con su hijo pequeño por ponerlo en peligro (artículo 125 del Código Penal) y por incumplimiento de las obligaciones que conlleva criar a un menor (artículo 156 del Código Penal).
La FIDH y sus organizaciones miembros, alarmados por la magnitud y el carácter violento de las represiones contra la oposición política y sus partidarios que expresan su protesta de manera pacífica, piden a las autoridades de Rusia que:
– Retiren todos los cargos y liberen a los acusados en la causa penal por "disturbios masivos", entre ellos a Yevgeny Kovalenko, Kirill Zhukov, Ivan Podkopaev, Samariddin Rajabov, Egor Zhukov, Alexey Minyailo, Daniil Konon, Vladislav Barabanov, Sergey Abanichev, Aidar Gubaidulin, Danila Beglets, Dmitry Vasiliev, Valery Kostenok, y Sergey Fomin;
– Retiren todos los cargos y pongan fin al acoso judicial y a otras formas de acoso relacionadas con las protestas que tuvieron lugar en Moscú y otras ciudades de Rusia desde el 14 de julio de 2019, contra las personas acusadas, entre otras cosas, de participar u organizar un evento no autorizado (artículo 20.2 del Código de Delitos Administrativos) o desobediencia a la orden legal de un agente de policía (artículo 19.3 del Código de Delitos Administrativos);
– Pongan fin a todos los intentos de privar a Olga y Dimitry Prokazovy de sus derechos parentales y retiren todos los cargos contra su familia;
– Permitan que los candidatos independientes, a los que se había prohibido participar en las elecciones, incluidos los dirigentes de la oposición Gennady Gudkov, Dmitry Gudkov, Sergey Mitrokhin, Elena Rusakova, Ilya Yashin, Andrey Babushkin, Anastasia Bryukhanova, Julia Galyamina, Konstantinas Yankauskas, Ivan Zhdanov, Lyubov Sobol y Kirill Goncharov, se presenten a las elecciones del 8 de septiembre de 2019 para el Consejo Municipal de Moscú.
Cronología de los acontecimientos desde el 14 de julio
Cada cinco años, en septiembre, los moscovitas votan a los candidatos al Parlamento de Moscú, que antes era un órgano legislativo muy ceremonioso controlado por el alcalde de Moscú y protegido del presidente Vladimir Putin, Sergey Sobyanin. El registro de candidatos en vísperas de las elecciones de este año, que se celebrarán el 8 de septiembre, se vio empañado por un nivel de fraude sin precedentes por parte de las comisiones electorales, que prohibieron que 57 candidatos de la oposición se presentaran a las elecciones por motivos inventados, lo que dio lugar a una serie de protestas pacíficas.
Las concentraciones comenzaron el 14 de julio, cuando los candidatos de la oposición organizaron una reunión a la que asistieron aproximadamente mil de sus votantes frente al edificio del Parlamento de Moscú. Representantes de la policía declararon que la reunión era una manifestación no autorizada y detuvieron a 38 personas, utilizando la fuerza bruta sin que hubiera provocación alguna. Algunos manifestantes fueron golpeados repetidamente con porras en la cabeza y el cuerpo, se les arrastró por el pelo y se les introdujo por la fuerza en vehículos de la policía, sufriendo moretones y fracturas de miembros que requirieron hospitalización. Los detenidos fueron acusados de violar el artículo 20.2 del Código de Delitos Administrativos de la Federación Rusa (CAO) - "Violación del procedimiento establecido para organizar o celebrar una reunión, mitin, manifestación, procesión o piquete".
Tras el mitin del 14 de julio, las autoridades no solo no inscribieron a los candidatos, sino que también abrieron una causa penal por "obstaculizar el ejercicio de los derechos electorales o el trabajo de las comisiones electorales" basándose en el artículo 141 del Código Penal de la Federación Rusa. En relación con este último caso, los domicilios de varios candidatos y un diputado municipal, así como de familiares de los candidatos, fueron registrados del 24 al 26 de julio, la mayoría de ellos durante la noche. También se registraron los cuarteles generales de los principales candidatos de la oposición Lyubov Sobol, Ivan Zhdanov, Ilya Yashin y Dmitry Gudkov.
En manifestaciones pacíficas no autorizadas celebradas el 27 de julio en varios lugares del centro de Moscú, la policía y las tropas de la Guardia Nacional detuvieron a 1.373 personas (uno de cada 16 manifestantes). Una semana después, el 3 de agosto, los manifestantes se reunieron de nuevo.
Utilizando las mismas duras tácticas, las fuerzas de seguridad fuertemente equipadas detuvieron a más de mil personas, a menudo capturando personas al azar entre la multitud. La mayoría de los detenidos fueron acusados de participar en una reunión no autorizada (artículo 20.2 del CAO) y de desobediencia a la orden legal de un oficial de policía (Artículo 19.3 del CAO) y se les aplicaron sanciones de hasta 250.000 rublos o de detención administrativa de hasta 30 días.
El 10 de agosto, más de 50.000 ciudadanos se reunieron en la avenida Sajarov de Moscú (en ruso) para apoyar a sus candidatos en una protesta pacífica, una de las mayores de la historia moderna de Rusia. Después de que terminase el mitin, las autoridades reanudaron la represión contra los manifestantes que se dirigían a otra reunión en el centro de Moscú, con 244 personas detenidas al final del día. Numerosos piqueteros fueron golpeados, sufrieron torceduras de brazos, se los arrastró a los furgones policiales, entre ellos, una joven que aparece en un vídeo ampliamente difundido en redes y que fue golpeada en el estómago por un miembro de la Guardia Nacional, lo que causó una protesta pública.
Durante la protesta del 10 de agosto, los participantes exigieron a las autoridades que pusieran fin a la causa penal por "disturbios masivos", liberaran a todos los acusados y permitieran la participación de candidatos independientes en las próximas elecciones. Ese mismo día, se llevaron a cabo en más de 40 ciudades rusas acciones de solidaridad con demandas similares a las que asistieron varios miles de personas en todo el país. En San Petersburgo, Rostov del Don y Briansk, la policía detuvo a 96 personas, entre ellas 28 menores y tres periodistas.