"Sin perspectivas de reparación para las víctimas a nivel nacional, hemos pedido en repetidas ocasiones la apertura de una investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, durante las manifestaciones del Euromaidán, en Donbás y Crimea, y hace sólo unos días en el contexto de la invasión de Rusia y la reciente expansión del conflicto. Acogemos con especial satisfacción el anuncio del fiscal de la CPI de que esta investigación incluirá nuevos crímenes internacionales cometidos por cualquiera de las partes del conflicto en curso en Ucrania"
Junto con muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) ucranianas, la FIDH y el CCL han presentado varias comunicaciones en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma a la Fiscalía de la CPI en los últimos siete años, solicitando a la Corte que abra una investigación. Las dos últimas se centraron en los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (EN) cometidos contra los prisioneros detenidos, y en los delitos sexuales relacionados con el conflicto (EN) cometidos en centros de detención ilegales en el este de Ucrania. El CCL y otros defensores y defensoras de derechos humanos ucranianos están documentando activamente los crímenes en curso, incluso para sentar las bases de la rendición de cuentas. En concreto, se han recibido informes fiables (EN) de ataques contra objetos civiles y del uso de municiones de racimo por parte de las fuerzas armadas rusas en zonas densamente pobladas de Kyiv y Jarkov. Si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra que entrarían en la jurisdicción del tribunal.
"La rendición de cuentas puede tener un importante efecto disuasorio sobre la comisión de crímenes. Aunque Rusia nunca reconociera la legitimidad de la CPI, el anuncio del fiscal de la CPI de su intención de abrir rápidamente una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos por cualquiera de las partes del conflicto en curso en Ucrania envía un mensaje claro de que nadie está ni debe estar por encima de la ley, especialmente aquellos que tienen mayor responsabilidad por los crímenes internacionales cometidos desde 2014"
La predecesora de Karim Khan, Fatou Bensouda, concluyó (EN) en diciembre de 2020 que había una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la situación en Ucrania, y que su oficina estaba dispuesta a solicitar autorización a los jueces de la CPI para abrir una investigación. La falta de recursos y el consiguiente proceso de priorización de la carga de trabajo de la Fiscalía, así como la falta de un marco de cooperación claro entre Ucrania y la CPI, fueron subrayados como factores que contribuyen a este estancamiento de más de un año. La FIDH y el CCL se hacen eco de la declaración (EN) del Fiscal de la CPI de que "la importancia y la urgencia de la misión [de la Corte] son demasiado graves para que sean rehenes de la falta de medios".
Aunque Ucrania ha aceptado la jurisdicción de la CPI para los crímenes internacionales cometidos en su territorio desde febrero de 2014 a través de dos declaraciones ad hoc, no ha ratificado el Estatuto de Roma, a pesar de la activa labor de divulgación y defensa de las ONG ucranianas e internacionales ante las autoridades nacionales. Ahora que la apertura de una investigación de la CPI es inminente, la FIDH y el CCL consideran que es un momento oportuno para que las autoridades ucranianas reconozcan plenamente la jurisdicción de la CPI y ratifiquen el Estatuto de Roma.