El verano pasado, en una serie de protestas, cerca de 100 000 personas salieron a las calles de Moscú para apoyar a los candidatos independientes a las elecciones al Consejo Municipal de Moscú, que tendrán lugar el 8 de septiembre. La desproporcionada reacción de la Guardia Nacional Rusa y de la policía para reprimir esta oleada de movilización cívica —fuerza bruta y persecución judicial— desmiente el temor de disidencia de la clase política. Un nuevo informe de la FIDH ofrece una relación completa de las protestas —cuyo alto nivel de participación juvenil sugiere una tendencia de creciente compromiso político entre la generación joven— y las violaciones de los derechos humanos que las acompañaron.
Yan Rachinsky, miembro de la junta directiva de la ONG rusa líder en derechos humanos Memorial Human Rights Center, organización miembro de la FIDH, asistió a los mítines.
"Las autoridades consideran que los derechos solo pueden invocarse con el permiso de la administración —cualquiera que opine algo diferente es percibido como un oponente y una amenaza".
Las fuerzas de seguridad respondieron a esta amenaza golpeando a decenas de manifestantes pacíficos con porras de goma y deteniendo arbitrariamente a miles de personas, entre otros, menores, periodistas e incluso transeúntes. Los manifestantes detenidos sufrieron maltrato en los vehículos policiales y en los centros de detención, y posteriormente algunos fueron acusados formalmente. Hasta la fecha, desde el inicio del movimiento el 14 pasado de julio, las autoridades han detenido a cerca de 3 000 manifestantes pacíficos y han abierto decenas de procesos administrativos y varios procesos penales, entre ellas el llamado "Caso de Moscú", en el que se acusa a 14 personas, en su mayoría jóvenes, de organizar "disturbios masivos".
Esta dura respuesta de las autoridades, que han recurrido a la represión de la ciudadanía, revela una cierta fragilidad del régimen. Sin embargo, muchos manifestantes, entre ellos estudiantes y otros jóvenes, no se dejan intimidar por los ataques físicos y legales y han continuado organizándose y comprometiéndose políticamente.
La FIDH insta a las autoridades rusas a que pongan en libertad a todos los manifestantes pacíficos y retiren todos los cargos que se les imputan, a que permitan que candidatos independientes se presenten a las elecciones del domingo para el Consejo Municipal de Moscú, y a que investiguen y procesen a los responsables del uso excesivo de la fuerza.
A partir del 14 de julio de 2019, después de que las comisiones electorales locales utilizaran argumentos inventados para prohibir arbitrariamente que los candidatos de la oposición se presentaran a las elecciones del 8 de septiembre para el Consejo Municipal de Moscú, se produjo una ola de protestas en favor de la celebración de elecciones libres en Moscú. La brutal respuesta de la Guardia Nacional Rusa y de la policía violó gravemente el derecho de reunión pacífica de la ciudadanía rusa, así como otros derechos civiles y políticos, al prohibírseles participar de manera significativa en el proceso político.
El informe ofrece una cronología del movimiento de protesta y un relato detallado de la represión por la fuerza de las protestas por parte de las autoridades. Explica por qué la reacción de las autoridades constituye una violación atroz y generalizada del derecho de reunión pacífica garantizado por el artículo 31 de la Constitución de Rusia y los de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Rusia, así como otras numerosas violaciones.
Ver el informe aquí debajo (en inglés)
