En los dos años y medio transcurridos desde la anterior audiencia del Consejo sobre el Estado de derecho en Polonia, han persistido los intentos del Gobierno polaco de socavar los valores y principios de la Unión Europea. Este gobierno ha ignorado las recomendaciones y decisiones formuladas al respecto por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde 2016. En su resolución de septiembre de 2020, el Parlamento Europeo también solicitó al Consejo que actuase urgentemente al respecto. En estos momentos es fundamental que el Consejo avance en el procedimiento establecido por el artículo 7.1 del TUE y celebre urgentemente una audiencia con el Gobierno polaco para examinar tanto las cuestiones planteadas por la Comisión Europea en su dictamen motivado de diciembre de 2017 como el resto de acontecimientos que han tenido lugar desde entonces y que suponen una amenaza aún más grave para el Estado de derecho y los derechos fundamentales en Polonia.
Pedimos a Portugal que vele por que el Consejo formule con urgencia recomendaciones específicas dirigidas al Gobierno de Polonia para salvaguardar todos los principios consagrados en el artículo 2 del TUE y, a partir de la información proporcionada, respalde la necesidad de determinar que en Polonia existe un riesgo de violación grave de los valores mencionados en el artículo 2 del TUE. Nos preocupa profundamente que la falta de acción por parte del Consejo haya dado alas al gobierno polaco para continuar aplicando políticas que socavan gravemente el Estado de derecho y afectan a los derechos fundamentales de la población de Polonia. El desmantelamiento de la independencia y de la eficacia del poder judicial del país no solo está teniendo consecuencias sin precedentes en el ejercicio de las profesiones jurídicas en Polonia, sino que actualmente también afectan a la vida de toda la ciudadanía polaca, que ya no puede contar con acceso a una justicia independiente cuando se violan sus derechos, incluso en virtud de la legislación de la Unión Europea. Es urgente que el Consejo actúe con rapidez y eficacia para frenar esta trayectoria.
Erosión de la independencia judicial
Como saben, los jueces y juezas de Polonia se han visto sometidos a procedimientos disciplinarios arbitrarios por criticar reformas judiciales problemáticas y remitir casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a fin de que se pronuncie con carácter prejudicial. Polonia no ha cumplido plenamente las sentencias de junio de 2019 y noviembre de 2019 del TJUE relativas a las leyes sobre el Tribunal Supremo y los tribunales ordinarios. Tampoco ha respetado las medidas cautelares dictadas por el Tribunal en abril de 2020, que ordenaban al Gobierno suspender las competencias de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo a la espera de una decisión sobre el caso que le afecta. Hasta el momento, el Gobierno polaco tampoco ha logrado convencer a la Comisión Europea de que la ley adoptada en febrero de 2020 (también conocida como "ley mordaza") es compatible con la legislación de la Unión Europea. Este hecho ha justificado la decisión de la Comisión de llevar a Polonia ante el TJUE y pedir a este tribunal que ordene medidas cautelares hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
Desde el inicio de la Presidencia portuguesa del Consejo, la Fiscalía Nacional solicitó el levantamiento de la inmunidad de los jueces y juezas de la Sala Penal del Tribunal Supremo que se perciben como críticos con la política del partido en el poder y pidió asumir los expedientes de los casos instruidos por estos/as jueces/as de la Sala Penal para transferirlos a la Sala Disciplinaria, que el TJUE considera ilegal.
Violación de los derechos de las mujeres, especialmente por medio del Tribunal Constitucional
Durante la Presidencia de Portugal, el 27 de enero de 2021, el Gobierno polaco publicó la sentencia de octubre de 2020 del Tribunal Constitucional, organismo comprometido políticamente, invalidando la constitucionalidad del acceso al aborto por "defecto grave e irreversible del feto o enfermedad incurable que amenace la vida del feto". La aplicación de la decisión de un tribunal cuya legitimidad se encuentra comprometida, según la propia apreciación de la Comisión Europea, corre el riesgo de perjudicar gravemente los derechos de las mujeres y el derecho al acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Conduce a violaciones de derechos protegidos por la legislación internacional y europea sobre derechos humanos, entre otros, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al más alto nivel posible de salud, a la intimidad y a la no discriminación, al tiempo que socava el respeto a los valores de la Unión Europea en materia de Estado de derecho, igualdad, derechos humanos y dignidad, consagrados en el artículo 2 del TUE. Más recientemente, en marzo de 2021 se presentó por iniciativa ciudadana un nuevo proyecto de ley que penaliza el aborto. En caso de aprobarse, el proyecto de ley otorgaría plena protección legal al feto desde el momento de la concepción y limitaría los supuestos de asistencia judicial al prohibir el aborto en aquellos casos en que el embarazo sea consecuencia de una agresión sexual o si la salud de la persona embarazada está en peligro, tal y como establece la Ley de Planificación Familiar actualmente en vigor. El aborto se trataría como un homicidio punible con hasta 25 años de prisión, aunque el tribunal tendría la facultad de dictar una pena más leve e incluso de renunciar a imponer pena alguna.
Además, 16 miembros del Congreso polaco afines a la coalición conservadora en el poder han presentado otro proyecto de ley, que, con el pretexto de prestar asistencia a las mujeres embarazadas cuyos fetos presenten un "defecto letal sospechado o diagnosticado", obligaría a remitirlas a centros prenatales donde se sometería a vigilancia el embarazo y se influiría en sus decisiones sobre el mismo. La decisión del Tribunal Constitucional y otras iniciativas similares son resultado de los intentos sistemáticos realizados en los últimos años por el Gobierno polaco, y por las fuerzas ultraconservadoras cercanas al poder, de hacer retroceder los derechos de las mujeres, entre otros, limitando su acceso a la salud y a sus derechos sexuales y reproductivos y promoviendo políticas que refuerzan los roles tradicionales de género, socavando así la igualdad de género en el marco de la sociedad polaca.
Nos preocupa también que este mismo tribunal políticamente comprometido que invalidó la constitucionalidad del acceso al aborto pueda tomar una decisión sobre la retirada de Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) después de que el primer ministro Mateusz Morawiecki le remitiera el Convenio para su revisión debido a su definición de "género". Paralelamente, el Parlamento está debatiendo la retirada de Polonia del Convenio debido a un proyecto de ley de iniciativa ciudadana titulado "Sí a la familia, no al género", que fue debatida por primera vez en el Parlamento el 17 de marzo de 2021 y, tras su primera lectura el 30 de marzo de 2021, se ha remitido a las comisiones parlamentarias de personas expertas para continuar los trámites. Este renovado ataque al derecho fundamental de las mujeres polacas a que se las proteja de la violencia supone otro intento de retroceder en los derechos de las mujeres y un ejemplo más de la utilización por parte del Gobierno polaco del sistema judicial, que se encuentra seriamente comprometido desde 2015 y es empleado como herramienta para aplicar una agenda regresiva y antidemocrática. En este sentido, tomamos nota de la declaración del representante polaco en el Grupo de Alto Nivel de la UE sobre No Discriminación, Igualdad y Diversidad, que se leyó durante la Conferencia de la Presidencia portuguesa sobre el Convenio de Estambul el 6 de abril de 2021. En estos momentos, el Gobierno polaco debe continuar, comprometerse a no retirarse del Convenio y aplicarlo plenamente.
Violación del derecho a la protesta pacífica y ataque a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres
Resulta igualmente preocupante que el Gobierno polaco continúe atacando a las organizaciones y a las activistas de los derechos de las mujeres, cuyo derecho a ejercer la protesta pacífica sin miedo a violencia o a represalias se ha sido vulnerado a través de campañas de desprestigio, de la denegación sistemática de financiación y de la brutalidad policial respaldada por el Gobierno. Han aumentado las amenazas contra la seguridad de las activistas: al menos cinco organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los derechos de las mujeres afirmaron haber denunciado amenazas de bomba entre el 8 de marzo y el 20 de marzo a la policía, que inspeccionó sus locales sin hallar indicios de artefactos explosivos. Sin embargo, algunas activistas han señalado que la policía minimizó los riesgos para la seguridad que suponían estas y otras amenazas de muerte recibidas e indicó que era poco probable que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. Por otra parte, una ordenanza reciente (de 25 de marzo de 2021) modifica las disposiciones previas sobre el establecimiento de determinadas restricciones, órdenes y prohibiciones en relación con un brote de una epidemia.
Las nuevas disposiciones prohíben, además de la organización de asambleas, la participación en las mismas, lo que puede causar una persecución aún mayor de las personas manifestantes. Esta prohibición es contraria a la Constitución polaca, ya que, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 233 de la Constitución del país, incluso en situación de catástrofe natural —es decir, con un estado de excepción constitucional— no sería posible restringir la libertad de organizar y participar en asambleas.
Estos alarmantes acontecimientos exigen una respuesta urgente y firme por parte del Consejo. Nos decepciona profundamente que el Consejo no haya celebrado ninguna audiencia en virtud del artículo 7.1 del TUE sobre el Estado de derecho en Polonia desde septiembre de 2018 y nos preocupa que se continúe sin examinar este problema y pueda redundar en una mayor erosión de los derechos fundamentales, como los mencionados anteriormente.
Acogemos con satisfacción sus llamados en el debate plenario del Parlamento Europeo sobre Polonia del 9 de febrero, con vistas a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres polacas y para garantizar el acceso de las ONG polacas de derechos de las mujeres a la financiación de la UE, como el Fondo Social Europeo, el nuevo Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, y otros instrumentos. Le instamos a que demuestre el apoyo de su Gobierno a las organizaciones polacas de defensa de los derechos de las mujeres y reitere su llamado para que tengan acceso legítimo a estos programas, así como que presionen para que el Consejo adopte medidas reales para frenar las graves consecuencias y las importantes implicaciones del retroceso del Estado de derecho llevado a cabo por el Gobierno polaco.
La ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales que trabajan por el Estado de derecho y los derechos fundamentales en toda la Unión Europea esperan que sus gobiernos alcen la voz y demuestren que el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho sigue siendo el núcleo de los valores de la Unión Europea, y que los ataques a estos principios no quedarán sin respuesta. De lo contrario, se pone en peligro la capacidad de la Unión Europea para salvaguardar eficazmente el cumplimiento de los valores fundamentales en los que se basa la Unión, a la vez que se socava su credibilidad ante los países no pertenecientes a la misma.