En el informe de la Comisión Europea se mencionarán seguramente diversos acontecimientos muy problemáticos ocurridos en ambos países desde los últimos debates del Consejo sobre el artículo 7.1 en junio, tras años de procedimientos. Estos hechos suponen un claro desafío por parte de los gobiernos de Polonia y Hungría a la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El incumplimiento de las sentencias de estos tribunales constituye una nueva degradación del Estado de Derecho en la Unión Europea, al que es necesario poner fin sin demora.
A pesar de los procedimientos judiciales iniciados por la Comisión Europea, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso la imposición de sanciones por el incumplimiento de sus sentencias, el informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2021 en el que se exponen las preocupaciones concretas respecto de estas cuestiones relativas al Estado de derecho y sus investigaciones actuales sobre la protección del presupuesto de la Unión Europea, a pesar también de las numerosas resoluciones, misiones y otras medidas del Parlamento Europeo y a pesar de los años de procedimientos en virtud del artículo 7.1 y de la clara preocupación que han manifestado la gran mayoría de los Estados miembros, los gobiernos de Hungría y Polonia han continuado su camino alejándose cada vez más de los valores fundacionales de la Unión Europea.
Toda la serie de acciones legales, sentencias judiciales e informes del Parlamento Europeo desde los últimos debates del Consejo en junio han confirmado o sacado a la luz, en uno o en ambos países, prácticas abusivas por parte de sus gobiernos, incluyendo el hackeo en Hungría de periodistas y miembros de la oposición política con el programa espía Pegasus, los repetidos ataques contra jueces/as y personas defensoras de los derechos humanos, los ataques constantes contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTIQ+, así como la negación de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Ante un historial tan atroz, ha llegado el momento de que el Consejo diga claramente lo que se espera de las autoridades húngaras y polacas. Las conversaciones de diciembre en el Consejo de Asuntos Generales deberían servir de advertencia final para poner remedio a la larga lista de violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho, antes de que el Consejo proceda a adoptar recomendaciones formales en virtud del artículo 7.1 del TUE.
Francia, en su próxima Presidencia del Consejo, se ha comprometido a realizar avances reales en relación con los retos del Estado de Derecho a los que se enfrenta la Unión Europea. El presidente Macron lo describió como "una lucha histórica y existencial" ante el Comité de las Regiones el 1 de diciembre. En su declaración, se refirió explícitamente a los méritos del procedimiento del artículo 7, que "se refiere a la violación de los valores fundamentales y abre el camino al proceso que puede conducir a una sanción política".
Los próximos meses suponen una oportunidad para la adopción de recomendaciones concretas que ambos países deberían aplicar en un plazo establecido. Además, el Consejo se debería comprometer a evaluar su aplicación de forma oportuna. Tras esta evaluación, el Consejo puede proceder a tomar una decisión en virtud del artículo 7.1 del TUE y, si las condiciones lo justifican, avanzar según lo estipulado en el artículo 7.2 del TUE.
Ofrecemos nuestra disposición a aportar más información sobre la evolución de ambos países cuando sea necesario. Es casi imposible seguir el ritmo de desmantelamiento del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos que se está produciendo. Sin embargo, está claro que el Consejo debe dar un paso al frente y tomar medidas concretas, tal y como piden las demás instituciones de la Unión Europea, las personas profesionales del derecho y la sociedad civil, el mundo académico, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, así como organizaciones de toda Europa. Es necesario aprovechar al máximo los importantes procedimientos que brinda el artículo 7 para proteger los cimientos de la Unión Europea. El futuro de los pueblos de Hungría y Polonia y de la propia Unión depende de que todas las instituciones desempeñen su papel de forma unida y de que el Consejo cumpla con su responsabilidad.