13 de junio de 2025. Cada año, miles de mujeres salen de Polonia para interrumpir su embarazo. Las que no pueden, abortan en condiciones inseguras, arriesgando sus vidas. Esta realidad está bien documentada y se reconoció oficialmente en un informe de investigación publicado en 2024 por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en inglés CEDAW). En el informe se concluía que la criminalización de la asistencia al aborto, junto con las escasas excepciones legales y la frecuente inaccesibilidad de los servicios, impide a la mayoría de las mujeres polacas ejercer su derecho a un aborto seguro y legal.
Una de las legislaciones más restrictivas de Europa
Esta observación se inscribe en un contexto de constante retroceso legislativo. Aunque desde 1993 el aborto ya se encontraba muy restringido en Polonia, una decisión de 2020 del Tribunal Constitucional polaco, recién reformado y controlado por el poder político, eliminó la excepción que legalizaba el aborto en caso de embarazo no viable (malformación del feto), lo que redujo los motivos legales para abortar a los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando el embarazo ocurrió como consecuencia de una violación. Antes de esta decisión, los embarazos no viables representaban alrededor del 98 % de la totalidad de abortos practicados anualmente en Polonia. Desde entonces, se limitó mucho el derecho a abortar, sobre todo con el gobierno del PiS, que promovió posiciones conservadoras tradicionales en cuestiones sociales y familiares.
A consecuencia de esto, con frecuencia el aborto resultó ser inaccesible en la práctica, incluso en los casos en los que la ley lo permite. Aun en las escasas ocasiones en que se cumplen las condiciones establecidas, el personal médico se muestra cada vez más reacio a practicar abortos por temor a sufrir criminalización, lo que limita gravemente los casos en los que un aborto formaría parte de la primera excepción en la que sigue siendo considerado legal según la ley modificada del aborto. Varias personas fallecieron a consecuencia de la negativa del personal médico a realizar abortos. Entre las decisiones del Tribunal Constitucional de 2020 y 2023, seis mujeres murieron debido a las restricciones al acceso al aborto en virtud de la nueva ley. Aunque a legislación polaca no prohíbe a las mujeres abortar por su cuenta, la asistencia al aborto está prohibida y se castiga con tres años de prisión en virtud del artículo 152 del Código Penal.
Este marco represivo ha llevado a la persecución y condena de varias personas defensoras del aborto que ayudaron a otras mujeres a acceder a abortos seguros. Este ha sido el caso de Justyna Wydrzyńska, que fue sometida a juicio y condenada a ocho meses de servicios a la comunidad por proporcionar píldoras abortivas a una mujer. En 2020, Justyna Wydrzyríska, una de las fundadoras de la ONG Abortion Dream Team, ayudó a una mujer embarazada víctima de violencia de généro a obtener medicamentos para abortar. Fue acusada de "aborto asistido" y "posesión de medicamentos sin autorización para comercializarlos". El 13 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación anuló esta condena y ordenó la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal de primera instancia. Esta decisión permite albergar la esperanza de que se archive el proceso en un caso que se ha convertido en emblemático de la criminalización de la asistencia en materia de derechos reproductivos.
En este contexto, la difusión de información sobre los servicios relacionados con el aborto, que por el momento continúa sin penalizar, es una de las últimas herramientas legales disponibles para apoyar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Sin embargo, este derecho también es objeto de repetidos ataques. Los movimientos antiderechos y antiabortistas, que ganaron importancia en los últimos años, alentados por la agenda ultraconservadora promovida por el anterior Gobierno del PiS y estrechamente vinculados a las organizaciones antiabortistas de carácter mundial, continúan su campaña contra los derechos de las mujeres presionando para que se restrinja aún más el acceso a esta información esencial.
A pesar de estos ataques, las mujeres del país continúan luchando por mantener este derecho, como lo demuestra la apertura en marzo de 2025 de un centro de aborto, situado frente al Parlamento, que ofrece información sobre el aborto en el exterior, apoyo a quienes deciden llevar a cabo un aborto médico de forma independiente y la posibilidad de realizar una prueba de embarazo.
Un futuro incierto para el acceso al aborto en Polonia
Tras las últimas elecciones parlamentarias de octubre de 2023, que pusieron fin a los ocho años de gobierno del PiS y dieron esperanzas a la restauración democrática en Polonia, el nuevo primer ministro, Donald Tusk, se comprometió a revisar la legislación para que el acceso al aborto sea gratuito, seguro y legal para todas las personas.
En 2024, superaron la primera lectura cuatro proyectos de ley destinados a liberalizar el aborto superaron su primera lectura, por primera vez desde la adopción de la Constitución polaca. Un proyecto de ley presentado por la Izquierda Unida polaca para despenalizar la asistencia al aborto fue rechazado por tres votos el 12 de julio de 2024. Otras dos propuestas de reforma, entre ellas un proyecto de ley presentado por la coalición liderada por el primer ministro Donald Tusk, Plataforma Cívica Liberal, tienen por objeto legalizar el aborto hasta la duodécima semana de embarazo, mientras que un texto propuesto por la Tercera Vía (una alianza entre el Partido Campesino conservador y el Movimiento Demócrata Cristiano) propone volver al "compromiso" vigente entre 1993 y 2020. Este "compromiso" autorizaba el aborto en los siguientes casos: peligro para la salud o la vida de la mujer, malformación del feto o cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas propuestas ha visto la luz. En vísperas de las elecciones presidenciales, se suspendió la labor legislativa, ya que la coalición temía que este trabajo pudiera influir en el resultado de las votaciones o en la participación en los comicios. Tras el resultado de las elecciones, todo nuevo intento de reformar la ley para liberalizar aún más el aborto podría verse obstaculizado por el veto presidencial, en un intento del actual partido de la oposición, el PiS, de sabotear las iniciativas del Gobierno destinadas a restablecer el Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país.
Paralelamente a los debates parlamentarios, se produjo un avance notable con la publicación por parte del Ministerio de Salud en 2024 de un reglamento que estipula que las empresas proveedoras de servicios de salud que reciben fondos públicos para prestar atención obstétrica y ginecológica están obligadas a ofrecer servicios de aborto en los casos previstos por la ley. Los hospitales que no lo hagan pueden ser objeto de sanciones económicas de hasta el 2 % del valor de su contrato con el Fondo Nacional de Salud (NFZ), el organismo que financia la sanidad pública en Polonia. En los casos más graves, el NFZ puede rescindir su contrato con el hospital.
A principios de 2025, el Gobierno se felicitó del aumento por el número de abortos legales, con alrededor de 750 casos registrados. Aunque las autoridades polacas siguen insistiendo en que en estos momentos el aborto es más accesible en los hospitales del país, es necesario matizar estas afirmaciones. En realidad, muchas mujeres continúan encontrando una reticencia persistente por parte del personal médico, condiciones de acogida a veces hostiles e incluso maltrato. Además, las restricciones legales continúan suponiendo una importante limitación para el número de abortos que se practican en los hospitales. Así lo confirman las cifras del Abortion Dream Team, que, durante el mismo período, ayudó a abortar a casi 47 000 mujeres.
Por último, en febrero de 2024, el Parlamento polaco aprobó una ley que liberaliza el acceso a la píldora del día después para las mujeres mayores de 15 años. Sin embargo, el presidente conservador de Polonia, Andrzej Duda, miembro del partido PiS y antiabortista declarado, la vetó aludiendo a "normas de protección de la salud infantil" como motivo.. El Gobierno anunció entonces que eludiría este obstáculo publicando un reglamento que permitiera la dispensación de la píldora con receta expedida por un/a farmacéutico/a.
El resultado de estas elecciones preocupa a la FIDH en relación con el avance de las propuestas legislativas que prevén la liberalización del derecho al aborto, que actualmente se están revisando, debido a la posición de Karol Nawroci y el posible uso del veto presidencial.