Las dos leyes forman parte de un conjunto de enmiendas -la Ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, la Ley sobre el Sistema de los Tribunales Comunes y la Ley sobre el Tribunal Supremo- presentadas por el Gobierno y aprobadas en cuestión de días (entre el 12 y el 22 de julio) tanto por la cámara baja (Sejm) como por la cámara alta (Senado) del Parlamento polaco. El proceso a través del cual se presentaron y aprobaron estas leyes, así como su contenido, generaron gran controversia en Polonia y en toda Europa. Cada una de estas leyes puede reducir gravemente la independencia del poder judicial y socavar la separación de poderes en Polonia, un elemento fundamental del Estado de derecho. Constituiría, además, una violación de la propia Constitución polaca (artículo 45), de los principios y normas de la UE recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como de otras obligaciones internacionales suscritas por Polonia.
Aunque el veto del presidente Duda ha impedido por el momento que se aprueben la Ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y la Ley sobre el Tribunal Supremo [1], la Ley sobre el Sistema de los Tribunales Comunes -aprobada por el Parlamento el 15 de julio- ha superado el trámite presidencial y pronto entrará en vigor. Esta ley, que otorga al ministro de Justicia (que también es el fiscal general, por lo que ya cuenta con amplios poderes de intervención en los procedimientos) la potestad de nombrar los presidentes y vicepresidentes de todos los tribunales inferiores, lo que amenaza seriamente la independencia del poder judicial polaco [2]. Pone asimismo en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo.
En cuanto a las otras dos leyes vetadas, han sido enviadas de nuevo a trámite a la cámara baja del Parlamento polaco, que puede intentar forzar su aprobación. Para que el Parlamento pueda volver a aprobar las leyes a pesar del veto presidencial, deben cumplirse dos condiciones simultáneas: deben participar en la votación al menos la mitad de los parlamentarios y la ley debe aprobarse con una mayoría de tres quintos. Se espera que el presidente Duda presente enmiendas a los dos proyectos de ley en los próximos dos meses. El riesgo de que se aprueben sin cambios o con cambios menores continúa siendo alto.
Estos últimos ataques contra el poder judicial se producen en un contexto de deterioro más amplio del Estado de derecho en Polonia que se está produciendo desde que el actual Gobierno llegó al poder en octubre de 2015. Deben situarse en una perspectiva más amplia, con sucesivas reformas que han socavado los contrapesos y salvaguardias -en especial a través de reformas que han afectado al Tribunal Constitucional y a su independencia- y han limitado los derechos humanos en el país, entre ellos la libertad de expresión y de los medios de comunicación, la libertad de asociación y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Refuerzan la opinión de la Comisión de hace un año, en el sentido de que se trata de un ataque sistemático contra el Estado de derecho en Polonia [3] e instaba a que se tomasen medidas para hacer frente al claro riesgo de que el Gobierno polaco violase los valores recogidos en el artículo 2 del TUE, en especial en lo relativo a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
"Instamos a las autoridades polacas a no llevar a cabo estas reformas y a retirar las leyes actuales, como la recientemente aprobada Ley sobre el Sistema de los Tribunales Comunes, que amenazaría aún más el Estado de derecho, al socavar los contrapesos y salvaguardias y limitar los derechos humanos".
El Gobierno debería también reconocer el papel fundamental que desempeña la sociedad civil a la hora de supervisar y garantizar la rendición de cuentas de las actuaciones públicas y proporcionar un contexto que permita el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
La Unión Europea y, en especial, la Comisión Europea deberían continuar supervisando la situación y presionando al Gobierno polaco para impedir que tome ninguna medida que obstaculice la independencia judicial y debilite los contrapesos y salvaguardias, así como también debería supervisar de cerca la recién adoptada Ley sobre el Sistema de Tribunales Comunes y su compatibilidad con la legislación de la UE.
"Ya es hora que la UE reaccione con firmeza ante el ataque de Polonia contra sus valores fundamentales y pida responsabilidades al Gobierno del país por no cooperar ni garantizar el respeto a sus obligaciones en virtud de los Tratados. Cualquier reacción debería considerar todas las violaciones de los principios y normas de la UE cometidas por el actual Gobierno".
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Carta abierta conjunta del 11 de mayo de 2017 firmada por la FIDH y otras organizaciones, dirigida al Consejo de Asuntos Generales y a los Estados miembros sobre la situación en Polonia: https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/poland/joint-open-letter-calling-on-the-general-affairs-council-to-trigger.
Carta abierta conjunta del 16 de febrero de 2017 firmada por la FIDH y otras organizaciones, dirigida al Colegio de Comisarios sobre la situación en Polonia y la información anexa sobre la preocupación en relación al Estado de derecho y los derechos humanos en Polonia y la nota de prensa que la acompañaba: https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/poland/eu-polish-government-undermines-rule-of-law.