I. La necesidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Después de haber adoptado durante mucho tiempo una actitud de espera en relación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional firmado el 12 de diciembre de 1998, Kirguistán anunció en enero del 2015 su negativa a ratificarlo. Esta decisión tiene un fundamento político y no jurídico [1].
Pese a algunos intentos de ajustar la legislación de Kirguistán a las normas internacionales en este ámbito, la reglamentación jurídica de los crímenes de guerra recogida en el Código Penal de la República de Kirguistán continúa presentando en la actualidad algunas lagunas importantes;
El establecimiento de las responsabilidades en la comisión de la mayoría de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma es una obligación adquirida por la República de Kirguistán en relación al derecho internacional, conforme a otros instrumentos jurídicos internacionales aprobados por nuestro Estado y de conformidad con la Constitución de la República de Kirguistán, que autoriza el recurso en la aplicación de la ley a los acuerdos internacionales multilaterales adoptados por Kirguistán (y, en primer lugar, los acuerdos sobre la protección de las libertades y los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional);
Esta ratificación es indispensable para lograr la regulación mundial de las cuestiones de definición y de penalización de los delitos contra la paz y la seguridad en Kirguistán. Se trata de un hecho de gran actualidad debido a que no se ha hecho justicia en ningún caso relacionado con el conflicto interétnico que se produjo en el sur de Kirguistán en junio de 2010;
La ratificación del Estatuto de Roma es una condición indispensable para que pueda llevarse a cabo con eficacia la reforma del sistema de justicia de Kirguistán.
II. La necesidad de humanizar la legislación penal relacionada con las personas condenadas a cadena perpetua
La derogación de la pena de muerte y su sustitución por la cadena perpetua no han cambiado la naturaleza represiva de la práctica judicial. Los tribunales pronuncian las condenas perpetuas del mismo modo que antes pronunciaban sentencias de muerte y el número de este tipo de sentencias va en aumento- [2]l.
Las condiciones de detención de las personas condenadas a cadena perpetua vulneran las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos y otras obligaciones internacionales adquiridas por la República de Kirguistán.
Los detenidos carecen de un acceso adecuado a recursos básicos (condiciones dignas de detención, alimentación correcta, atención médica, un espacio vital suficiente, instalaciones sanitarias, programas de rehabilitación social, etc.), a una justicia justa, a asistencia jurídica cualificada, a información y a comunicación con el mundo exterior. Además, la seguridad no está garantizada en los centros de privación de libertad (ni para el personal penitenciario ni para los reclusos o visitantes) [3].
Aunque que las condiciones de detención en la cárcel son inhumanas, la pena máxima podría reducirse a veinte años de prisión, lo que representa una duración considerable para una persona y correspondería a un tercio de la esperanza de vida en la República de Kirguistán.
III. La situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos
Desde hace algunos años asistimos en Kirguistán a una intensificación de la persecución de las organizaciones y de las defensoras y defensores de los derechos humanos que participan activamente en la protección de los derechos cívicos y políticos de la ciudadanía, de las minorías étnicas, de los creyentes y de los grupos LGTB.
Estas presiones y persecuciones se llevan en un marco de refuerzo de los sentimientos nacionalistas, con la aparición de organizaciones juveniles radicales y el aumento de la influencia rusa debido a la adhesión de Kirguistán en la Unión Aduanera y a la Unión Económica Euroasiática. El Parlamento intenta restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales promoviendo proyectos de ley sobre los "agentes extranjeros", la "propaganda de la homosexualidad" o la prohibición de las organizaciones no registradas.
Durante los últimos dos años, el Comité Estatal para la Seguridad Nacional (GKNB) ha llevado a cabo registros en los locales de al menos dos organizaciones de defensa de los derechos humanos. Se confiscaron sus documentos y equipos y se les acusó de incitar el odio étnico y el extremismo. El 27 de marzo de 2015, el GKNB ha realizado registros ilegales en las oficinas de la filial del Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos Bir Duino Kirguistán, además de en las viviendas de los abogados Valerian Vakhitov y Khusanbay Saliev. Los abogados y activistas de los derechos humanos ven en estas acciones del GKNB una presión directa ejercida por los órganos de seguridad del Estado sobre letrados, defensoras y defensores independientes y sus organizaciones para evitar que hagan su trabajo.
Desde 2014, la organización Bir Duino, su presidenta Tolekan Ismaïlova y los miembros de su familia están siendo objeto de una continua campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación que están a favor de las organizaciones gubernamentales y rusas.
El 14 de mayo de 2016, durante una solemne ceremonia dirigida a las madres de familias numerosas de la condecoración Baatyr ene, que se celebró con motivo del Día de la Madre, el presidente de Kirguizistán, A. Atambaev atacó a los activistas de los derechos humanos Tolekan Ismaïlova y Aziza Abdirasulova, que fueron acusados de "ejecutar órdenes de sus donantes extranjeros" y de tener vínculos con grupos de la oposición. El 16 de junio de 2016 el tribunal de Pervomaisk, en el distrito de Bishkek, desestimó la denuncia presentada por Tolekan Ismaïlova y Aziza Abdirasulova contra el presidente de Kirguistán, Almazbek Atambaïev, por insultar su honor y dignidad.
IV. La propuesta de modificación de la Constitución de la República de Kirguizistán
El 29 de julio de 2016, varios diputados de Zhogorku Kengesh (C. Tursunbekov, I. Omurkulov, O. Babanov, K. Isaev, B. Torobaev, A. Sulaymanov y otros) presentaron un proyecto de ley titulado Celebración de un referéndum (por sufragio universal) sobre la ley de la República de Kirguistán relativa a la introducción de enmiendas a la Constitución de la República de Kirguistán. Las enmiendas propuestas son de naturaleza antidemocrática y vulneran el principio de la separación y el equilibrio de poderes, lo que, a corto plazo, llevará a la usurpación del poder y al fin de la independencia de la justicia. Estas modificaciones tienen la finalidad de proclamar que los valores supremos del Estado no son los derechos y libertades de la ciudadanía, sino la independencia, la soberanía del Estado, los intereses nacionales de la República de Kirguistán y su integridad territorial. Además, la aprobación de estas enmiendas podría acarrear otras consecuencias negativas que serán patentes una vez que se realicen los cambios correspondientes. Es importante destacar especialmente que los diputados que están a la cabeza de este proyecto de ley infringen la moratoria sobre las enmiendas de la Constitución de la República de Kirguistán en vigor hasta 2020.
V. La situación de los derechos de las y los trabajadores migrantes
Durante el período de 1999 a 2015, se produjeron aproximadamente unos 500 000 movimientos migratorios dentro de las fronteras de Kirguistán, es decir, entre 30 000 y 40 000 al año.
El principal problema al que se enfrentan la mayoría de las personas migrantes del interior del país es la falta de un registro oficial, sin el que los migrantes sufren grandes dificultades para acceder a los servicios relacionados con la salud y la educación, beneficiarse de asistencia social, percibir ingresos por jubilación y ser contratados por el servicio público.
Las hijas e hijos de los migrantes interiores son una de las categorías de niñas y niños más vulnerables. Al no estar registrados oficialmente en la localidad donde residen de hecho, no tienen acceso a los servicios educativos, médicos y sociales garantizados por el Estado.
Oficialmente, el número total de trabajadores migrantes de Kirguistán que residen en la Federación Rusa o en Kazajstán se eleva a aproximadamente 640 000 personas. [4]. Sin embargo, el número real es muy superior a las estadísticas publicadas por los países de acogida y, en realidad, es de aproximadamente un millón de personas.
Las mujeres migrantes tienen más posibilidades de sufrir violencia de tipo sexual y en la práctica carecen de posibilidades de lograr asistencia jurídica cualificada a tiempo.
Los trabajadores migrantes originarios de Kirguistán están sometidos a un alto riesgo de ser objeto de esclavitud en el trabajo y de trata de seres humanos.
La adhesión de Kirguistán a la Unión Económica Euroasiática y la Unión Aduanera no ha mejorado el estatuto jurídico de los migrantes.
A la atención del 39.º Congreso, Johanesburgo, del 23 al 27 de agosto de 2016
Incidencia política para la ratificación por parte de Kirguistán del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para juzgar a los autores de la mayoría de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
Incidencia política para la humanización de la legislación penal de Kirguistán y para examinar la posibilidad de reducir a una duración fija la pena del grupo vulnerable que forman las personas condenadas a cadena perpetua, incluyendo a los condenados por actos llevados a cabo después de junio del 2010.
Aplicación de los principios fundamentales de la ONU, la OSCE y la Unión Europea relativos a las defensoras y defensores de los derechos humanos y sus familias para garantizar la seguridad de los activistas y ampliar el espacio político en el que actúan las ONG.
Intensificación de los esfuerzos de la sociedad civil y de los medios de comunicación para oponerse a la aprobación de enmiendas a la Constitución de la República de Kirguistán.
Simplificación del sistema de obtención de pasaportes y de registro en el lugar de residencia a través de la incorporación a los pasaporte de toda la ciudadanía kirguiza de un cupón de registro.
Alentar a los países de acogida a ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y a incorporar estas normas internacionales a su legislación.
Crear en la República de Kirguistán un sistema para preparar a los migrantes laborales, antes de su salida, a su vida en los países de acogida con información sobre las legislaciones de los países de acogida, las condiciones de contratación, el pago de las pensiones, el seguro médico y la atención sanitaria.
Promover el desarrollo de los sindicatos en Kirguistán y en los país de acogida