El 23 de octubre de 2022, al menos 21 activistas, periodistas y figuras políticas, entre otras, Rita Karasartova, Asiya Sasykbaeva, Atai Beishenbek, Klara Sooronkulova y Gulnara Dzhurabaeva, sufrieron un registro y, desde entonces, se encuentran en detención arbitraria en Kirguistán, tras haber criticado un proyecto de acuerdo de demarcación fronteriza entre Kirguistán y Uzbekistán. Este acuerdo, firmado el 26 de septiembre, establece la entrega del territorio del embalse de Kempir-Abad a Uzbekistán.
El 25 de octubre, un tribunal de Biskek dictó una orden de dos meses de prisión preventiva para las personas detenidas. Sin embargo, estas detenciones han estado marcadas por numerosas irregularidades procesales. El Ministerio del Interior de Kirguistán afirmó que está llevando a cabo investigaciones sobre la presunta organización de un "motín de masas", delito que se puede castigar con hasta 10 años de prisión según el Código Penal de la República de Kirguistán.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Kirguistán, Bir-Duino, Kylym Chamy y la Clínica Jurídica Adilet, condenan enérgicamente la actual represión de las voces críticas contra el gobierno y piden la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente en represalia por el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión y de reunión.
"Las detenciones masivas, que al parecer son arbitrarias, de activistas y figuras políticas vulneran el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y de reunión. Además, se estableció la detención como medida preventiva para todas las personas acusadas, sin tener en cuenta las circunstancias individuales, lo que contradice tanto las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la práctica judicial, a la vez que sugiere que el caso tiene una motivación política", señaló Cholpon Dzhakupova, directora de la Clínica Jurídica Fundación Pública Adilet.
Las detenciones se produjeron después de que quienes se oponían al proyecto de acuerdo fronterizo se reunieran en un recién creado Comité para la Protección de Kempir-Abad. Estas personas activistas habían planteado su preocupación por el proyecto de acuerdo, que podría privar al campesinado kirguiso y a la población de la región del acceso a los recursos hídricos, y pusieron de manifiesto la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones. El Comité tenía previsto organizar protestas contra el acuerdo, incluso mediante concentraciones pacíficas. La mayoría de las personas detenidas son miembros del Comité.