La FIDH y su organización miembro en Italia, Unión Forense para la Tutela de los Derechos Humanos (UFTDU), acogen con satisfacción estas decisiones [1] en las que el Tribunal insiste en la necesidad de poner fin a la impunidad de la que goza la empresa y condena a Italia por no asumir en reiteradas ocasiones su responsabilidad de reparar las violaciones provocadas por la fuerte contaminación de la planta.
"Nos preocupa profundamente que Italia persista en su actitud de no abordar la situación de Taranto, y que la ciudadanía, sobre todo la infancia, de la UE siga expuesta a este nivel de contaminación y de perjuicio. Resulta especialmente preocupante en un momento en el que se están debatiendo en el foro europeo nuevos instrumentos para una mayor protección de los derechos humanos y el medio ambiente en el marco de la actividad de las empresas,"
En abril de 2018, la FIDH, la UFTDU y las organizaciones asociadas Peacelink y Human Rights International Corner publicaron un informe en el que se denunciaba esta crisis ambiental y sanitaria, así como la falta de medidas por parte del gobierno en el escándalo de ILVA. Se trata de uno de los diversos estudios alarmantes en los que se basa la decisión del Tribunal, que ponen de manifiesto que la infancia que vive en zonas de riesgo de contaminación tiene un 54% más de probabilidades de desarrollar cáncer que la media regional, los hombres, un 30% más, y las mujeres, un 20%. [2]
El Gobierno italiano conoce, al menos desde la década de 1990, las consecuencias negativas de la actividad de ILVA para el medio ambiente. Sin embargo, la adopción de medidas preventivas o de sanciones se ha ido retrasando deliberadamente, en flagrante violación de las obligaciones europeas e internacionales de Italia en materia de derechos humanos. Varios organismos y organizaciones, entre ellos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos durante su visita a Italia en octubre de 2021, han denunciado en repetidas ocasiones las repercusiones de esta crisis de salud pública sobre la población de Taranto.
"Ya basta! El Gobierno italiano debe tomar medidas inmediatas para limpiar la zona, como se reitera hoy en cuatro nuevas sentencias», ha declarado el profesor Anton Giulio Lana, presidente de la UFTDU y abogado que representa a la parte demandante en uno de los casos. "Lamentablemente, el Tribunal Europeo no ha llegado a examinar el fondo de las demandas de reparación a las personas que viven en las zonas cercanas al antiguo complejo de ILVA y que se han visto gravemente perjudicadas por sus emisiones contaminantes."
Esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rara vez acepta o dicta sentencias en casos relacionados con actividades empresariales, se inscribe en la pauta que marca su sentencia de 2019 en el caso Cordella y otros contra Italia sobre el mismo asunto. Esta decisión representa otro paso significativo en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal a este respecto. Sin embargo, es lamentable que el Tribunal, a pesar de reconocer las violaciones cometidas por el Gobierno italiano y el daño causado por la empresa, únicamente en una ocasión haya concedido una indemnización a la demandante.
Actualmente, el gobierno italiano tiene la obligación de hacer frente a las consecuencias de las actividades pasadas de ILVA y a prevenir futuros daños. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno no haya ejecutado plenamente la sentencia de 2019 sienta un precedente preocupante. La sentencia del Tribunal se debe aplicar rápida y completamente para garantizar por fin el acceso efectivo y pleno a la justicia a la ciudadanía de Taranto. Si se ejecutan correctamente, estas sentencias lanzarán un mensaje firme a toda Europa de que los abusos cometidos por empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente no quedarán impunes y que las víctimas de las violaciones pueden obtener justicia.
Estas decisiones se han adoptado en un contexto de debates en la Unión Europea sobre la nueva legislación propuesta por la Comisión Europea en materia de gobernanza empresarial sostenible, que introduciría normas vinculantes para los Estados miembros de la Unión en materia de derechos humanos y diligencia ambiental de las empresas. Tanto las sentencias del TEDH como las negociaciones sobre el proyecto de directiva confirman la actual tendencia en Europa de que las organizaciones y los tribunales regionales establezcan un umbral más estricto cuando se trata de la responsabilidad de las empresas y exijan a los Estados miembros normas más firmes para el cumplimiento de sus obligaciones. El hecho de que Italia no ejecute rápida y completamente la sentencia del TEDH no solo negaría a las víctimas la reparación a la que tienen derecho, sino que también iría en contra de esta tendencia regional, además de comprometer la posición del Gobierno italiano en estos asuntos.
Notas al pie de página
[1] A.A. y otros contra Italia, Ardimento y otros contra Italia, Briganti y otros contra Italia, Perelli y otros contra Italia, sentencias de 5 de mayo de 2022.
[2] Instituto Nacional de Salud de Italia, S.E.N.T.I.E.R.I (Estudio Epidemiológico Nacional de Territorios y Asentamientos Expuestos a Riesgos de Contaminación). Evaluación de las pruebas epidemiológicas, 2010, http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2010-34-5-6-suppl-3