República de Irlanda: El aborto legalizado en 2018

Charles McQuillan / Getty Images Europe via AFP

Entrevista con Sarah O’Malley, responsable de la política de justicia penal del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles (ICCL).

Lea el dossier de la FIDH sobre el derecho al aborto en el mundo en 2022.

El aborto se legalizó en Irlanda con la introducción de la Ley de Salud (sobre la regulación de la interrupción del embarazo) de 2018. Esta ley permite la interrupción del embarazo sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación. Aunque se trata de un importante paso adelante en materia de derechos humanos en Irlanda, que se debería haber producido hace tiempo, la ley presenta varias limitaciones importantes.

La ley prevé una revisión por parte del Ministerio a los tres años de su entrada en vigor. Sin embargo, esta revisión ya se ha retrasado y no tendrá lugar hasta este año. Además, el gobierno irlandés ha afirmado en repetidas ocasiones que la revisión examinará el funcionamiento de la ley, lo que, si se define de forma estricta, podría pasar por alto todas las políticas que afectan al acceso a los servicios de aborto. El ICCL, junto con otras organizaciones de derechos humanos y movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, elaboró una presentación conjunta sobre la revisión del funcionamiento de la ley, en la que puso de manifiesto sus problemas más significativos y proporcionó recomendaciones para abordarlos.

Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU revisó la situación de Irlanda en julio de 2022 en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ICCL presentó una alternativa al informe del Estado con observaciones específicas relativas a la legislación sobre el aborto, lo que llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU a formular recomendaciones a Irlanda, como la necesidad de eliminar las sanciones penales para los proveedores de servicios médicos, la revisión de las disposiciones que puedan crear obstáculos al aborto y la adopción de las medidas necesarias para eliminar los obstáculos actuales.

Retrasos restrictivos y arbitrarios
El límite restrictivo de 12 semanas de gestación no tiene en cuenta la complejidad de las circunstancias personales y los datos médicos pertinentes. Las nuevas estadísticas publicadas por el gobierno británico en junio de 2022 muestran que 775 residentes irlandesas se han visto obligadas a viajar al Reino Unido para abortar desde la introducción de la legislación sobre el aborto en Irlanda. La situación resulta especialmente difícil para las personas marginadas y las adolescentes, que se enfrentan a la barrera adicional de la falta de acceso a la información.

Además, la ley prevé la posibilidad de acceder al aborto después de las 12 semanas en caso de anomalía fetal mortal. Sin embargo, esta excepción conlleva unas condiciones muy restrictivas: el acceso a la asistencia al aborto solo es posible cuando dos médicos/as consideran que existe una enfermedad que puede provocar la muerte del feto antes del nacimiento o en los 28 días siguientes. Este límite arbitrario ha provocado un aumento significativo del número de residentes irlandeses que viajan al extranjero para someterse a un aborto después de que se les diagnostique una anomalía fetal cuando no se cumple el criterio de los 28 días.

Es necesario revisar estos plazos, ya que impiden a muchas personas acceder a la atención al aborto en Irlanda.

Acceso desigual y discriminación de determinados grupos
Existe un periodo de espera obligatorio de 3 días entre la primera cita concertada por una persona que desea abortar y el aborto propiamente dicho. A pesar de la afirmación del Estado en su respuesta a la lista de preguntas del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para numerosas personas, se trata de un obstáculo importante. En concreto, esta disposición discrimina a algunos grupos como las personas con discapacidad, las que viven en zonas rurales y las que tienen dificultades económicas, que no pueden desplazarse dos veces al centro médico.

De hecho, existen importantes disparidades regionales en los servicios de aborto, ya que los diez hospitales que prestan estos servicios no están distribuidos geográficamente de manera uniforme en el territorio nacional, sino que se concentran en las seis ciudades principales y en otros dos condados. Además, el último estudio disponible muestra que el 30% de las personas encuestadas viajaron entre 4 y 6 horas para acceder a un centro médico que pudiera prestar servicios de aborto. Esto genera importantes desigualdades en el acceso al aborto, especialmente para las personas migrantes, solicitantes de asilo, víctimas de la violencia doméstica y personas que viven en zonas rurales.

El informe de la Campaña por el Derecho al Aborto también mostró que existe una discriminación racista de la que son objeto las migrantes que pretenden acceder a servicios de aborto, así como la barrera económica a la que se enfrentan las mujeres migrantes indocumentadas y las solicitantes de asilo, que se ven obligadas a pagar el procedimiento porque no pueden presentar un número de seguridad social (PPSN).

Penalización, objeción de conciencia y campañas contra el aborto
Esta distribución geográfica desigual se debe en parte a los movimientos antiabortistas, que tienen un impacto desproporcionado en el acceso al aborto en todo el país. De hecho, para el personal médico, la amenaza de las protestas es "potencialmente el mayor obstáculo para la llegada de un nuevo proveedor a zonas que aún no cuentan con recursos adecuados". El Senado aprobó en abril de 2022 un proyecto de ley presentado por el grupo activista Juntos por la Seguridad, apoyado por el ICCL, que establecía la creación de Zonas de Acceso Seguro, pero se retrasó mientras el gobierno preparaba su propia legislación. El proyecto de ley del Gobierno se publicó en agosto. Estas zonas «limitarían las actividades que se pueden llevar a cabo legalmente fuera de las instalaciones en las que se prestan servicios de aborto» y, como ha afirmado el ICCL, son necesarias para crear un entorno seguro para que las mujeres puedan actuar conforme a sus decisiones médicas.

Por último, otro problema importante de la legislación irlandesa sobre el aborto es la penalización de los/as profesionales que sigue vigente cuando el aborto se realiza fuera del plazo legal. La penalización y el miedo a la persecución judicial tienen un efecto disuasorio en los/as profesionales de la salud que "socava el juicio clínico y la experiencia profesional". Por lo tanto, es esencial que el aborto se despenalice totalmente.

Además, a casi una de cada cinco personas embarazadas que quieren abortar se les ha negado la atención sanitaria y la derivación a otro/a médico/a a causa de la cláusula de objeción de conciencia. Esta denegación de asistencia por motivos de conciencia se debe regular mediante disposiciones que obliguen a una rápida derivación en las situaciones en las que no se prestan los servicios.

Este breve repaso a los problemas de la legislación irlandesa sobre el aborto muestra que continúan existiendo importantes problemas en la práctica, incluso después de la legalización. Los Estados deben tratar siempre de mejorar el acceso al aborto de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

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