El tratado de paz que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte cumple hoy 25 años. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 fue un tratado de paz bilateral (entre el Reino Unido e Irlanda) depositado en la ONU que puso fin oficialmente a 30 años de conflicto abierto. Esta iniciativa conjunta repercutió muy positivamente en la imagen internacional del Reino Unido y la diplomacia británica. Hoy en día sigue presente el legado de la solidaridad internacional que suscitó el proceso de paz: Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participe en los actos de conmemoración, al igual que los Clinton y algunas personalidades de los gobiernos británico e irlandés, así como protagonistas locales de la época. Sin embargo, al igual que ocurre con muchos tratados de la década de 1990 que marcaron el “fin de una era”, la historia no fue tan sencilla. El Gobierno británico, a través de frías y calculadas maniobras, ha intentado socavar la aplicación del Acuerdo de Viernes Santo, así como los posteriores acuerdos del proceso de paz.
Un acuerdo de paz histórico roto por una ley de amnistía con “graves deficiencias” e “ilegal”
En un periodo de desestabilización en el contexto del “Brexit”, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno británico está impulsando el avance en el Parlamento de la etapa final del Proyecto de Ley sobre los Problemas de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación). En 2020, en su intento por presentar este proyecto de ley, el Gobierno de Boris Johnson rompió otro acuerdo bilateral del proceso de paz, el Acuerdo de Stormont House de 2014, que comprendía un tratado y habría establecido nuevos mecanismos de justicia transicional. En su lugar, el gobierno de Boris Johnson elaboró propuestas para una amnistía general de mayor alcance que la aprobada por el general Pinochet en Chile. La oposición nacional, tanto en el norte como en el sur de Irlanda, criticó duramente estas propuestas, al igual que los/as expertos/as de la ONU, que afirmaron que esta política situaría al Reino Unido en situación de "flagrante violación de sus obligaciones internacionales". En respuesta, se realizaron algunos cambios superficiales a la legislación definitiva que se presentó en mayo de 2022. Se sustituyó la amnistía general por un régimen de “inmunidades condicionales” con un umbral a todas luces bajo y subjetivo. En caso de aprobarse, impediría que se rindiesen cuentas por violaciones de derechos humanos y cerraría la puerta a nuevas investigaciones. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, creada por el Acuerdo de Viernes Santo, indicó que el proyecto presentaba “graves deficiencias” y era ilegal. En palabras de Daniel Holder, director del Comité de Irlanda del Norte para la Administración de Justicia (CAJ) “sencillamente no deberíamos encontrarnos en esta situación 25 años después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo”.
“El intento del Gobierno de Rishi Sunak de eximir a los responsables de torturas y otras violaciones y abusos de los derechos humanos en Irlanda del Norte es un intento inaceptable de enmascarar la historia. Si el Reino Unido desea desvincularse realmente de su pasado colonial, debe iniciar una sincera labor de introspección y permitir que, por fin, se reconozca la verdad y se otorgue reparación a las víctimas. Solo así se evitará la repetición de estos crímenes”, declaró Alice Mogwe, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Esta decisión de prescindir del tratado sobre el proceso de paz para privilegiar un proyecto de ley de amnistía se produce en un momento en que, por fin, las víctimas comienzan a obtener resultados tras años de obstrucción por parte del Reino Unido en un intento de impedir que se investiguen los asesinatos cometidos por el Estado y la connivencia con los grupos paramilitares. Algunos sectores de la prensa de derechas y del Partido Conservador llevaron a cabo una campaña contra lo que calificaron de “caza de brujas” dirigida a algunos militares veteranos, a pesar de que desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo únicamente se ha condenado a un soldado. Sin embargo, otro factor que favorece el impulso de esta legislación es el actual éxito en la recuperación de información, que está sacando a la luz patrones de violaciones de los derechos humanos.
El ejército británico cuenta con un preocupante historial de torturas y asesinatos sistemáticos
Durante el conflicto fueron asesinadas más de 3.700 personas, la mayoría a manos de grupos armados republicanos (irlandeses) y paramilitares lealistas (británicos), aunque también a manos de las fuerzas de seguridad británicas. Los patrones de violaciones estatales de derechos humanos que alimentaron el conflicto se refieren a la impunidad por muertes directas cometidas por militares, así como también a la connivencia de las fuerzas de seguridad con grupos paramilitares y al uso de la tortura. Estos comportamientos no son en absoluto exclusivos de Irlanda del Norte. Estas estrategias de contrainsurgencia de “bandas y contrabandas” del ejército británico se han utilizado en numerosas guerras coloniales. Las “cinco técnicas” y otras formas de tortura, como el “submarino”, que se practicaron en Irlanda del Norte volvieron a aparecer en Iraq y en otros lugares. La necesidad de rendir cuentas para evitar que la historia se repita no puede ser más clara.
La legislación todavía no es un hecho. Las víctimas y los organismos de derechos humanos se opondrán a ella en múltiples ocasiones. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa,Dunja Mijatović, pidió al Reino Unido que retirara este proyecto de ley. Asimismo, los/as expertos/as de los procedimientos especiales de la ONU han continuado advirtiendo de que la legislación incumple la obligación de investigar las violaciones graves de derechos humanos, al tiempo que negaría a las víctimas su derecho a verdad y reparación, socavaría el Estado de derecho e incumpliría las obligaciones internacionales. En 2023, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también se expresó en términos similares. Por otra parte, el Gobierno irlandés ha llevado directamente al Gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de un caso interestatal que se está estudiando en estos momentos. Si esta legislación termina por imponerse, no solo acabará con todas las investigaciones significativas en Irlanda del Norte, sino que sentará un peligroso precedente de impunidad orquestada por el Estado en otros lugares.