Bruselas, 5 de diciembre de 2022
Carta abierta a los gobiernos de la UE en relación con los fondos de la UE a Hungría
Las organizaciones abajo firmantes que defendemos los derechos humanos les pedimos que protejan el Estado de derecho en Europa y apoyen la propuesta de suspender los fondos de la UE a Hungría en virtud del mecanismo de condicionalidad, ante los continuos intentos del gobierno de socavar los valores de la UE.
Mediante esta carta, les instamos a votar a favor de la propuesta de la Comisión sobre el mecanismo de condicionalidad que pretende suspender la entrega de 7.500 millones de euros a Hungría. Es urgente que el Consejo reconozca que no se han resuelto los problemas sistémicos del Estado de derecho, que esta cuestión supone un riesgo continuado para el presupuesto de la UE en Hungría, y garantice que el mecanismo de condicionalidad establecido en diciembre de 2020 faculta a las instituciones de la UE para examinar y evaluar adecuadamente los avances que se realicen.
El 30 de noviembre de 2022, la Comisión Europea confirmó su recomendación al Consejo de aplicar medidas de protección del presupuesto de la UE, tal y como establece la legislación de la UE. La Comisión estimó que el gobierno húngaro no había aplicado de forma adecuada los aspectos principales de las 17 medidas correctoras que abordan problemas relacionados con el Estado de derecho y mantuvo la propuesta de suspender los fondos de la UE hasta que se apliquen reformas más efectivas. Su gobierno tiene ahora la responsabilidad de mantener la evaluación de la Comisión y aplicar por primera vez el mecanismo de condicionalidad para velar por la protección del presupuesto de la UE.
Hace años que son evidentes las pruebas del declive del Estado de derecho en Hungría.
Los informes del artículo 7 del Parlamento Europeo, las audiencias del artículo 7 del Consejo, los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho y las infracciones de los valores, junto con los informes y las pruebas recogidas por otras organizaciones internacionales y la sociedad civil, han atestiguado repetidamente, a lo largo de los años, que en Hungría existen problemas sistémicos profundamente arraigados relacionados con el Estado de derecho. En la última década, el gobierno húngaro ha sometido a los tribunales, ha socavado la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, ha demonizado a los grupos no gubernamentales y criminalizado algunas de sus actividades legítimas, ha erosionado la libertad académica, ha vulnerado los derechos de las personas migrantes y LGBTIQ+ y de las mujeres, mientras seguía beneficiándose del dinero de la UE. Las investigaciones de grupos como Transparencia Internacional Hungría, en su reciente Libro negro sobre la corrupción y la captura del Estado en Hungría (en inglés), concluían que esa financiación alimentaba un sistema de recompensa a los compinches del partido gobernante.
A través del mecanismo de condicionalidad, por primera vez en más de una década, el Gobierno húngaro se ha comprometido a poner en marcha reformas contra la corrupción, lo que demuestra la eficacia de esta herramienta para impulsar un cambio de rumbo. Sin embargo, tal y como confirmó la Comisión, las organizaciones húngaras que trabajan en torno a la cuestión del Estado de derecho –el Comité Helsinki húngaro, K-Monitor y Transparencia Internacional Hungría– constataron que las medidas adoptadas por el gobierno húngaro se quedan cortas en varias de las 17 medidas correctoras propuestas y no abarcan la complejidad de las malas prácticas gubernamentales existentes en Hungría. No podemos desaprovechar la ocasión. El Consejo tiene ahora la posibilidad de garantizar que se realiza el seguimiento del proceso de supervisión y de mantener al gobierno húngaro bajo escrutinio, con vistas a seguir examinando las medidas correctoras y su aplicación efectiva, según lo previsto en el reglamento de condicionalidad, antes de revisar la cuestión de la suspensión de los fondos.
También ha llegado el momento de que el Consejo adopte una postura con firmes principios e impida que los Estados miembros tomen decisiones sobre prioridades vitales de la UE, como el paquete de ayuda de 18.000 millones de euros a Ucrania y el impuesto mínimo de sociedades a escala mundial.
Instamos a sus dirigentes a preservar y proteger activamente el Estado de derecho y otros valores contemplados en el artículo 2 del TUE en los Estados miembros de la UE, absteniéndose de financiar a gobiernos que los violan sistemáticamente. También le pedimos que proteja los intereses financieros de la Unión al velar por que el dinero de la UE se destina a los fines previstos y beneficia realmente a la sociedad y a la población de Hungría, en lugar de servir a los intereses de las élites y perpetuar las violaciones de derechos.
Estamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.
Atentamente,