Sobre la urgencia de activar el artículo 7 para proteger los valores de la Unión Europea

18/06/2021
Comunicado
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Es necesario una acción concertada para responder a las amenazas al Estado de derecho en Polonia y Hungría.

Bruselas — Los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la Unión Europea deben hacer saber al gobierno húngaro y al polaco que los ataques contra el Estado de derecho no tienen cabida en la UE. En vísperas de la nueva reunión del Consejo de Asuntos Generales, el 22 de junio de 2021, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Open Society European Policy Institute (OSEPI) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideran que “hay que reforzar la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos que cometen”.

Los ministros y ministras de los Estados miembros de la UE, debatirán sobre la situación en Polonia y Hungría en el marco del procedimiento del artículo 7 en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del 22 de junio de 2021. El artículo 7 es el mecanismo previsto por el tratado de la UE para exigir que rindan cuentas los gobiernos cuyas acciones suponen una amenaza para el Estado de derecho, los derechos humanos y los principios democráticos de la Unión.

“Las acciones de Polonia y Hungría muestran que permitir que se viole el Estado de derecho mina las instituciones democráticas, lo que acaba afectando a los derechos humanos y a la vida de todas las personas en estos países,”

declaró Philippe Dam, director de incidencia para Europa y Asia central en Human Rights Watch.

“Las audiencias del 22 de junio son un buen comienzo, pero hay que hacer mucho más para demostrar la determinación de los Estados miembros de proteger los valores democráticos de la UE. Se trata de reafirmar, alto y claro, que en la UE no hay lugar para quienes reniegan de ellos.”

Elena Crespi, responsable del programa de Europa Occidental de la FIDH.

Las organizaciones consideran que la reanudación de las audiencias del artículo 7 sobre la situación en Hungría y Polonia es una señal clara del Consejo de que las violaciones de los principios de la UE no pasarán inadvertidas en la Unión. Sin embargo, los ministros y ministras de la UE tienen la responsabilidad de recuperar el tiempo perdido y de mostrar su disposición a tomar nuevas medidas si la situación en ambos países sigue empeorando.

La Comisión Europea invocó el artículo 7 en diciembre de 2017, por primera vez desde su creación, en respuesta a la drástica erosión de la independencia judicial en Polonia por parte del gobierno del partido Ley y Justicia (PiS). Sin embargo, el Consejo de la UE, formado por los Estados miembros, no ha celebrado una audiencia oficial sobre la situación desde septiembre de 2018.
El Parlamento Europeo activó entonces el artículo 7 en septiembre de 2018 para Hungría, debido a los reiterados ataques deliberados contra las instituciones democráticas y los derechos humanos cometidos por el gobierno liderado por el Fidesz. También en este caso, el Consejo no ha convocado una audiencia sobre el asunto desde diciembre de 2019. El personal de la UE afirmó que los debates relacionados con el artículo 7 no se podían celebrar durante la pandemia de COVID-19 porque, al parecer, los ministros y ministras de la UE no podrían reunirse de forma presencial durante este periodo.

Mientras la acción de la UE se estancaba, el gobierno polaco ha seguido reforzando su control sobre el sistema judicial. Muchos jueces/as y fiscales han sido objeto de procedimientos disciplinarios arbitrarios por manifestarse contra de las problemáticas reformas judiciales. El gobierno utilizó a un tribunal constitucional políticamente comprometido para eludir las objeciones del parlamento a los esfuerzos por socavar las instituciones independientes y erosionar los derechos en todos los ámbitos. La preocupación por el funcionamiento del tribunal se refiere principalmente a la mala gestión de los casos por parte de su Presidencia y a la modificación ilegal de la composición de los tribunales ya nombrados.

En octubre de 2020, a petición del gobierno polaco, el Tribunal Constitucional limitó el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia. Para ello, amplió la prohibición existente del aborto a los casos de “malformación grave e irreversible del feto o enfermedad incurable que amenace la vida del mismo”. En abril, el gobierno recurrió al mismo tribunal para poner fin al mandato del mediador de derechos humanos del país, a pesar del retraso en el nombramiento de su sucesor. El gobierno también utiliza al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la validez del Convenio de Estambul, que trata sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. Su objetivo es socavar el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE sobre el derecho polaco.

En Hungría, el gobierno ha utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para intensificar sus ataques contra el Estado de derecho y las instituciones públicas, aumentar el poder ejecutivo y limitar los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica. Hungría cumplió finalmente la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2020 que deroga una ley de 2017 según la cual las organizaciones de la sociedad civil que reciban más de 20 000 EUR al año de fondos extranjeros deben inscribirse como entidades financiadas en el extranjero. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que exige que la Oficina Nacional de Auditoría del Estado realice inspecciones financieras anuales de las organizaciones de la sociedad civil que declaran más de 55 000 EUR. Esto supone un riesgo: crear un nuevo método para demonizar y obstaculizar el trabajo de los grupos de vigilancia. Este proyecto de ley no afecta a la controvertida ley de 2018 que criminaliza a los grupos que ofrecen ayuda a las personas demandantes de asilo.

En julio de 2020, el redactor jefe del mayor diario independiente en línea de Hungría, Index.hu, fue despedido después de que una persona estrechamente ligada al partido en poder en el país tomara el control financiero de la empresa que controlaba sus ingresos. En septiembre, el Consejo de Medios de Comunicación, un organismo que regulación de la radiodifusión vinculado al ejecutivo tras los polémicos cambios adoptados a principios de la década, revocó la frecuencia de la emisora de radio independiente Klubradio de Budapest, obligándole a dejar de emitir. El 9 de junio, la Comisión Europea abrió un nuevo procedimiento judicial contra Hungría por considerar que la decisión de retirar Klubradio de las ondas era discriminatoria y no transparente.

Algunos grupos de la sociedad civil en Polonia, Hungría y fuera de la UE criticaron al Consejo Europeo y la Comisión Europea por no defender los valores fundadores de la Unión de respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en los países que los infrinjan.

En diciembre, la UE estableció un nuevo mecanismo que condiciona la financiación europea al respecto del Estado de derecho, pero tanto la Comisión Europea como el Consejo han sucumbido al chantaje de Hungría y Polonia y anunciaron que no empezarían a aplicar esta medida hasta el otoño. El 10 de junio, el Parlamento Europeo llevó ante la justicia a la Comisión Europea para evitar que siga retrasando la aplicación del mecanismo.

Los ministros y ministras de Europa deberían seguir celebrando audiencias periódicas sobre la situación en Polonia y Hungría y adoptar todas las medidas disponibles en virtud del artículo 7 para exigir responsabilidades a ambos gobiernos por la violación de los valores fundamentales de la UE. Estas medidas deberían incluir la adopción de recomendaciones específicas sobre el Estado de derecho para que los gobiernos de Polonia y Hungría las apliquen en un plazo determinado y, a falta de medidas concretas para su cumplimiento, trabajar para obtener el cuatro quinto de los votos necesarios para determinar que existe un riesgo claro de violación grave de los valores protegidos por el Tratado de la UE. Una determinación de este tipo abriría la posibilidad de sanciones que el Consejo podría adoptar, por unanimidad, para responder a estas violaciones.

“Tras años de indecisión, es importante que los Estados de la UE se unan por fin para abordar la situación de Polonia y Hungría,”

afirmó Eva Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

“Los Estados de la UE tienen el deber de actuar juntos para poner fin al vaciamiento de las instituciones públicas y a los ataques contra el Estado de derecho en Polonia, Hungría y cualquier otro Estado miembro, que suponen una amenaza para los valores europeos fundamentales,”

declaró Natacha Kazatchkine, analista política senior en Open Society European Policy Institute.
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