Dando seguimiento a su informe de 2018, por el que el Parlamento Europeo activó por primera vez en la historia de la UE el procedimiento del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) contra Hungría, los miembros del Parlamento Europeo instaron al Consejo a no retrasar más la toma de medidas en virtud del artículo 7. Haciéndose eco de los llamamientos de la sociedad civil para que el Consejo actúe con firmeza, lamentaron la desidia de los Estados miembros hasta el momento, que ha permitido que Hungría se convierta en una "autocracia electoral".
Lea más sobre la utilización del artículo 7 para frenar el autoritarismo en Europa
El Parlamento instó al Consejo, que reúne a representantes de los 27 Estados miembros, a abordar con decisiónel deterioroque se ha producido desde que se inició el procedimiento en 2018. Este deterioro incluye ataques a las instituciones independientes y a las organizaciones de la sociedad civil, como las restricciones impuestas al derecho de asociación, los intentos de limitar la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación, el menoscabo de los derechos de igualdad y de las minorías, en particular los derechos de las personas LGBTI+ y de las mujeres, así como la corrupción sistemática generalizada.
La FIDH respalda firmemente el llamado del Parlamento a los Estados miembros para que asuman su responsabilidad en la defensa de los valores de la UE y continúen con el procedimiento del artículo 7 del TUE, emitan recomendaciones claras, específicas y con plazos concretos dirigidas al gobierno húngaro para que aborde las violaciones identificadas en el informe del PE y celebren una votación por cuatro quintos para establecer que existe un riesgo claro de violación grave de los valores de la Unión en Hungría.
La FIDH insta al Consejo a que no ceda ante el chantaje de Hungría ni crea las falsas promesas de su gobierno ni los cambios estéticos que supuestamente garantizarían el cumplimiento de la legislación y las recomendaciones de la UE. La UE y los Estados miembros no deben aliviar la presión sobre Viktor Orban, sino adoptar una postura dura contra los ataques sistemáticos y continuos de su gobierno a los valores de la UE, en particular al Estado de Derecho y los derechos humanos. Esto incluye no adoptar ninguna postura indulgente en las negociaciones con Hungría sobre el fondo de recuperación y su condicionalidad, así como retener la financiación a su gobierno mientras no existan garantías sólidas de que se restaurarán los derechos y valores de la UE.