El cierre de la radiotelevisión griega afecta a todos los demócratas de Europa

Análisis de la situación Griega escrita por Dimitris Christopoulos, Vicepresidente de la FIDH, Profesor Asociado de la Universidad Panteion de Atenas.

El pasado 11 de junio de 2013, el gobierno griego decidió cesar las actividades de la ERT (Radiotelevisión Estatal Griega) a través de un decreto de “urgencia”. Ante un acontecimiento sin precedentes como éste, es nuestro deber recordar algo que resulta evidente: es inconcebible que hoy por hoy un régimen democrático carezca de Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión.

En todos y cada uno de los países europeos – las denominadas democracias ‘occidentales’ – el derecho de los ciudadanos a acceder a la información exige la presencia del gobierno en el ámbito de los medios de comunicación de masas. El reciente decreto promulgado por el gobierno griego usurpa a su país este derecho y lo borra del mapa de las democracias modernas en materia de derecho de acceso a la información y de participación ciudadana en la sociedad de la información. En cuanto al método utilizado para formular e implementar esta decisión, comentar que hace pensar en algunos de los periodos más oscuros de la Historia constitucional de Grecia del siglo XX. Incluso los ciudadanos de a pie que se mostraban descontentos con las múltiples dolencias de la ERT se han quedado horrorizados. “No nos habíamos imaginado lo que está ocurriendo”, susurra la gran mayoría. Y sin embargo, los golpes más fuertes son siempre los que menos se esperan. Esto prepara a la gente para lo peor y, sobre todo, les muestra que ya no pueden estar convencidos de nada en absoluto. He aquí la preocupación principal del gobierno griego en sus prácticas de los últimos tres años bajo supervisión de la Troika. He aquí la quintaesencia del lado más destructivo del experimento neoliberal que está teniendo lugar en Grecia.

Sea cual fuere el tipo de intervención del Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión, con miras a racionalizar su estructura, la frontera se sitúa en que permanezca operativo y funcional. La suspensión de las actividades de la ERT transciende los límites de la Constitución al tiempo que viola lo que quedaba de legislación laboral y europea con los despidos masivos.

La Televisión Pública no es un servicio público cualquiera. Se trata de un bien de interés público cuya disponibilidad ininterrumpida al público no puede abandonarse a los caprichos de cada gobierno. Tal y como se estipula en la Constitución griega (artículo 15, párrafo 2), el control del Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión, contrariamente a lo que creen quienes gobiernan Grecia, no es un derecho de propiedad sobre la televisión y la radio griegas que pueda servir para satisfacer las exigencias de los acreedores que reclaman 2000 despidos en la función pública. Estos hechos que en cualquier democracia moderna resultan tan evidentes deberían proclamarse con bombo y platillo en la Grecia del 2013.

Que el pueblo griego confíe en un gobierno que utiliza el Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión como medio de la más grotesca propaganda y manipulación para “purgar” la ERT es otra cuestión – de naturaleza retórica – que no debería obviarse bajo ningún concepto sino mas bien plantearse constantemente a aquellos que abogan por las políticas de reforma en el sector público griego. El hecho de que sea el portavoz del gobierno quien dirija este esfuerzo de reforma del Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión que el pasado 11 de junio promulgó una declaración-decreto coronada de autoritarismo gubernamental, populismo y revanchismo declarando que “se acabó lo que se daba”, resulta repulsivo en la maraña del conflicto actual. Y esto simple y llanamente porque lo que se daba era (también) suyo y no del pueblo griego.

No obstante, el primer ministro griego pretende algo más a través de la decisión del pasado 11 de junio. En vista de que nadie en este país en su sano juicio crea que este gobierno es capaz de mejorar y racionalizar la ERT, el cese de las actividades de la ERT ha resultado ser una muestra de la determinación política para convencer tanto dentro del país como a nuestros socios de la EU de que – única y exclusivamente - este gobierno es capaz de asegurar que se respeten los derechos de los acreedores. La ERT no es más que el principio.La manera en la que se ha comunicado esta muestra acaba por hundir a los ya menospreciados socios del gobierno (el Partido Socialista y la Izquierda Demócrata) a un punto de extinción política al mismo tiempo que plantea dilemas mucho más profundos para la Oposición (la coalición de izquierda de SYRIZA) que se ve confrontada a la imperiosa necesidad de “madurar a la fuerza”. Las deficiencias de la Oposición pesan ahora mucho más que nunca ya que continuar con este gobierno resultaría condenable.

No cabe duda de que la democracia en Grecia se encuentra amenazada. Resulta duro reconocerlo – para un griego – pero así es. Sin pizca de exageración, se ha desafiado la democracia. No se habría podido inventar una instantánea más simbólica de estas tribulaciones que la pantalla “negra” de la ERT en la tarde del 11 de junio de 2013 y que los 2,500 despidos en la función pública firmados por dos ministros a través de un decreto de urgencia.Si esta campaña se corona con éxito en Grecia, está de más decir que irá más allá de nuestras fronteras. Resulta indispensable derrocarla por el bien de la democracia en Europa. No es sorprendente que la pantalla negra de la ERT encontrara como defensores a los nazis griegos.

A tenor de todo esto, el acontecimiento del 11 de junio de 2013 afecta a todos los demócratas europeos.

Dimitris Christopoulos, Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Profesor Adjunto de la Universidad Panteion de Atenas.

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