Grecia: Informe revela violaciones a los derechos humanos derivadas de la política de austeridad

Atenas, París, 18 de diciembre de 2014. En un informe publicado hoy (en inglés), la FIDH, conjuntamente con una de sus asociaciones miembros, la Liga Helénica de Derechos Humanos (LHDH), ha denunciado que las medidas de austeridad adoptadas en respuesta a la crisis económica han tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos, como el derecho al trabajo y a la salud, y que han restringido libertades fundamentales en Grecia. El informe recoge datos de un trabajo de investigación llevado a cabo por estas organizaciones en enero de 2014 el cual contó con el apoyo de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Describe un país en el que las dificultades económicas, combinadas con la austeridad, han puesto en peligro los derechos humanos y las normas democráticas en diferentes sectores, desde derechos sociales y económicos hasta civiles y políticos. También revela los riesgos inherentes a políticas que han pasado por alto el perjudicial impacto que forzosamente tendrían en la sociedad y destaca las responsabilidades que deben asumir por dichas violaciones las instituciones nacionales e internacionales, especialmente la Unión Europea (UE) sus Estados miembros. Las conclusiones del informe son válidas no solo para el caso de Grecia, sino que, de hecho, son aplicables a todos los países que recibieron ayuda económica en respuesta a la grave recesión económica.

Mientras que en el Eurogrupo se ha negociado una ampliación del rescate financiero griego y el país celebra elecciones presidenciales, el informe indica que junto al presupuesto público, se ha ido reduciendo igualmente el lugar que ocupan los derechos y libertades individuales, tanto en Grecia como en el resto de Europa.

“Las medidas que Grecia ha adoptado para cumplir con las demandas de sus acreedores muestran una disposición a sacrificar casi todo en aras de la recuperación económica, tanto a nivel nacional como internacional” , declaró en Atenas el presidente de la FIDH, Karim Lahidji, con motivo de la publicación del informe. Y añadió: “Aunque aceptamos que circunstancias excepcionales puedan requerir soluciones excepcionales, la manera en que las políticas han sido adoptadas y aplicadas en este contexto claramente no ha respetado las normas internacionales” .

Los objetivos draconianos de reducción del déficit y la deuda impuestos por la Troika se alcanzaron principalmente gracias al recorte de los gastos públicos, que incluyeron servicios fundamentales como el empleo y la atención sanitaria, sin ninguna consideración por la necesidad de preservar los niveles mínimos y cumplir con las obligaciones básicas respecto a estos derechos. De este modo, las autoridades han ignorado los desastrosos efectos sociales que probablemente produzcan los programas acordados con la Troika, y han desatendido las condiciones preexistentes, en particular relativas a la igualdad de acceso a los derechos económicos y sociales, que estos programas agravarán. De hecho, ni Grecia ni la Troika nunca consideraron las consecuencias que estas medidas provocarían en los derechos humanos.

El enfoque unilateral de los objetivos económicos y financieros resultaron ser nocivos para un mercado laboral y un sistema sanitario ya de por sí afectados. Los recortes masivos en el empleo del sector público y la incapacidad para abordar las necesidades sociales fundamentales derivadas de la crisis han generado un brusco aumento del desempleo, que alcanzó niveles sin precedentes de 28% (en septiembre de 2013) y 60,8% entre los jóvenes (en febrero de 2013), antes de establecerse en 25,7% y 49,3% respectivamente. Asimismo, las inequidades ya existentes también se han visto agravadas, lo que ha supuesto que los sectores vulnerables paguen el precio más alto por un reducido acceso al empleo y en peores condiciones laborales. A partir de febrero de 2012 (cuando se negociaba el segundo rescate financiero), el salario mínimo se redujo al 22% para todos los trabajadores de más de 25 años y al 32% para los menores de 25 años, al tiempo que las reformas cuya finalidad era lograr un mercado laboral más flexible redujeron considerablemente la protección de los derechos de los trabajadores. Así, la austeridad claramente ha aumentado la desigualdad.

El acceso a la atención sanitaria básica también se ha visto duramente debilitado por los recortes en el presupuesto de salud pública, así como en los servicios y programas de salud pública básicos. Los médicos han manifestado que a veces rechazan pacientes o posponen operaciones quirúrgicas importantes debido, entre otras cosas, al reducido número de camas disponibles en los hospitales y a los recortes en el personal, de por sí insuficiente y bajo presión. Todo ello, sumado a las crecientes dificultades para contratar un seguro sanitario, especialmente para los desempleados, y pese a las recientes reformas orientadas a garantizar el acceso a los servicios públicos a aquellos que no disponen de un seguro, ha impedido gravemente el acceso a la asistencia sanitaria. Una vez más, tal como el informe señala, los grupos vulnerables, que incluyen mujeres, migrantes y jóvenes, deben soportar una carga desproporcionada.

“A diferencia de las finanzas, los derechos humanos y las libertades fundamentales no pueden beneficiar de rescates financieros internacionales” , afirmó Konstantinos Tsitselikis, presidente de la LHDH. “Las políticas económicas y fiscales han ignorado abiertamente sus devastadoras consecuencias sociales y las autoridades han fracasado en su obligación de proporcionar el apoyo social necesario" .

Los derechos civiles y políticos también han sido perjudicados. En una flagrante indiferencia hacia los canales regulares para la toma de decisiones, no se ha tenido en cuenta el malestar social, impulsado por medidas de austeridad que no incluyen a la población en su concepción. Además, el deterioro de las condiciones de vida se enfrenta a la cada vez más violenta respuesta y brutal represión por parte de las autoridades, mientras que los incidentes rara vez se investigan y casi nunca se llevan ante un tribunal. Grupos de extrema derecha, en particular los neonazis Golden Dawn, cuentan con un apoyo creciente y sacan provecho del descontento popular y del duro programa contra la austeridad. El gobierno adoptó asimismo una creciente posición autoritaria respecto a la crítica pública, con lo cual ha generado un entorno social y profesional aún más opresivo para los medios de comunicación independientes y demás voces discrepantes. En el verano de 2013, este ambiente llevó al cierre del Servicio Público de Difusión de Radio y Televisión ERT, una acción que provocó la indignación pública tanto en Europa como en el extranjero.

Al destacar los desafíos a los que el país se enfrenta y evaluarlos respecto a las normas internacionales de derechos humanos, el objetivo del informe reside en mostrar que aquello que comenzó siendo una crisis económica y financiera se ha convertido en un atentado sin precedentes contra los derechos humanos y las normas democráticas en aquellos países que comparten un destino similar. Asimismo, exhorta a todos los agentes implicados a abordar estos desafíos y a revertir un enfoque que pone en peligro las bases mismas sobre las que se erige la UE y sus Estados miembros.

A pesar que el Estado griego es el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en su territorio, la UE y el FMI, al imponer medidas contra la crisis, también han incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Del mismo modo, los Estados miembros de la UE, que establecieron la Troika y aprobaron sus propuestas, han violado sus propias obligaciones de ayuda a Grecia a cumplir con sus compromisos relativos a los derechos humanos. La UE en particular ha incumplido la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos derivados de sus propios tratados constitutivos y de su Carta de los Derechos Fundamentales. “ Tengo serias dudas que se hayan tomado en cuenta las inquietudes respecto a los derechos humanos al momento de concebir y aplicar los planes de “rescate” del país. Todo lo contrario, parece que las violaciones de derechos humanos simplemente fueron consideradas como un daño colateral aceptable dentro de un marco de gestión de crisis más amplio, o como una solución bien merecida al “problema griego. Es simplemente inaceptable” , concluyó Dimitris Christopoulos, vicepresidente de la FIDH.

Lea y descargue el Informe aquí (en inglés)]

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