17 de diciembre de 2025. El Tribunal Supremo examinó un recurso interpuesto por el secretario de Estado para Irlanda del Norte y procedió a anular las decisiones del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, que habían afirmado que el juez forense tenía derecho a comunicar a las familias de las víctimas un "resumen" con información "sensible". Por el contrario, el Tribunal Supremo dictaminó que prevalece la opinión del secretario de Estado sobre las repercusiones para la seguridad nacional de comunicar un resumen de este tipo, estableciendo así un listón muy elevado para los jueces forenses.
El juez forense, el jefe de la Police Service of Northern Ireland (PSNI) y el hermano de Paul Thompson, Eugene Thompson, eran la parte demandada en el recurso de apelación, en el marco del cual defendieron que el juez forense tenía derecho a comunicarles este resumen, una postura que apoyaron igualmente la parte interviniente, la Northern Ireland Human Rights Commission.
Eugene Thompson llevaba mucho tiempo luchando por descubrir la verdad sobre el asesinato de su hermano y se encontraba enfermo de gravedad en el momento de la celebración de la vista ante el Tribunal Supremo el pasado junio. Por desgracia, falleció a finales de julio. Su muerte tuvo lugar poco tiempo después de que el jefe de policía de la PSNI se disculpara oficialmente con él por las deficiencias de la actuación policial en relación con el asesinato de su hermano, entre otros, por el hecho de no haber detenido e investigado a tres posibles sospechosos.
En su apelación, el secretario de Estado aludía a la política del Gobierno británico de "ni confirmar ni desmentir" - en inglés "Neither Confirm Nor Deny" (NCND). Las recientes directrices del Ministerio del Interior que se desvelaron durante la vista son indicativas de una posición política según la cual, no debe proporcionarse ningún tipo de información sobre la participación de un agente estatal en un incidente relacionado con el conflicto, cuando se trata de casos antiguos.
Los grupos de derechos humanos y de víctimas están especialmente preocupados por el hecho de que esta sentencia del Tribunal Supremo permita, en la práctica, que los ministerios oculten la participación de agentes estatales en los asesinatos cometidos durante el conflicto de Irlanda del Norte.
En la Ley sobre el legado de Irlanda del Norte de 2023 figura una facultad expresa de "veto por motivos de seguridad nacional", que permite al secretario de Estado censurar cualquier informe relativo a casos antiguos antes de que se envíen a las familias. El Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte había declarado ilegal este "veto por motivos de seguridad nacional", en el marco del caso Dillon. Dicha sentencia es objeto de un recurso separado ante el Tribunal Supremo por parte del secretario de Estado. En el proyecto de ley sobre el conflicto del Gobierno laborista, que sustituirá a la Ley sobre el legado, está previsto mantener un veto similar por motivos de seguridad nacional. En respuesta a estos tres expertos oficiales de las Naciones Unidas en materia de recuperación de la verdad, tortura y ejecuciones extrajudiciales, se ha manifestado preocupación por el hecho de que "el uso del veto por razones de seguridad nacional por parte del secretario de Estado podría servir para encubrir la participación de agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, en contravención de las normas internacionales y el CEDH."
Reacción a la sentencia del Tribunal Supremo
Daniel Holder, director de CAJ, cuyos abogado/as actuaron como representantes legales del difunto Eugene Thompson, afirmó: "Tres personas expertas de la ONU ya han señalado que la facultad de veto por motivos de seguridad nacional en la legislación sobre el legado de Irlanda del Norte es contraria al derecho internacional. Las familias tienen derecho a saber si el Estado ha participado de algún modo en el asesinato de sus seres queridos. (...) A CAJ le preocupa que, en la práctica, esta sentencia pueda permitir al secretario de Estado ocultar la participación de agentes estatales en asesinatos y otras violaciones cometidos durante el conflicto de Irlanda del Norte. Esta misma sentencia supone que esta ocultación es una aplicación adecuada de la política de “ni confirmar ni desmentir” (NCND) del Gobierno. (...) Todo ello a pesar de que los ministros son los responsables últimos de los organismos de seguridad a cuyas órdenes respondían los agentes".
Gráinne Teggart, subdirectora de Amnesty International UK en Irlanda del Norte, declaró: "Hoy es un día nefasto para la verdad. La seguridad nacional no puede ser un cheque en blanco para ocultar las irregularidades del Estado o las violaciones de los derechos humanos. (...) La NCND es una política, no una ley. El uso indebido de esta política por parte del Gobierno continúa siendo un obstáculo para la verdad, en vez de sacarla a la luz. (...) El caso Thompson es una muestra paradigmática de todo lo que no funciona en el modo en que el Reino Unido aborda los casos históricos: secretismo, retrasos interminables y un Estado que cierra filas contra las familias que buscan respuestas. Cuando varios departamentos gubernamentales actúan conjuntamente contra una familia en duelo, las víctimas entienden exactamente a qué se enfrentan. La verdad no debería depender de la fuerza con la que las familias estén dispuestas a luchar, ni del tiempo que puedan soportar el proceso. (...) Estamos ante un momento crítico para la verdad, y el Gobierno del Reino Unido no debe aprovechar esta oportunidad para reforzar el secretismo con el que trata este y otros casos. El énfasis en la cuestión de la seguridad nacional que se percibe también del proyecto de ley sobre el conflicto norirlandés no es el nuevo enfoque que esperaban las víctimas. Se debe dar a las familias la verdad que merecen, en lugar de verse obligadas a seguir luchando contra un Estado empeñado en ocultarla".
Mark Thompson, director ejecutivo de Relatives for Justice (RFJ) afirmó: "Este caso ha demostrado sin lugar a dudas que en el asesinato de Paul participaron, de algún modo, agentes estatales. Queda por aclarar hasta qué punto estuvieron implicados y de qué modo. Se esperaba que la publicación del resumen contribuyese a aportar respuestas a estas preocupaciones. Para la familia, la sentencia de hoy refuerza la percepción de que quienes dirigen a los agentes e informantes continúan sin rendir cuentas y se encuentran por encima de la ley. (...) Una vez más, el mensaje claro de esta sentencia es que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para encubrir a quienes manejan y dirigen a los agentes, incluso cuando esto afecte a situaciones en las que se hayan cometido asesinatos. Esto no augura nada bueno para cualquier nuevo acuerdo sobre los casos antiguos y constituye, en la práctica, el mantenimiento de una forma de inmunidad de facto que la Ley sobre el legado había considerado ilegal hasta ahora. (...) Queremos rendir homenaje al difunto Eugene Thompson, que luchó incansablemente por la verdad y justicia para su hermano Paul y que, lamentablemente, falleció a principios de este año, poco después de la celebración de la audiencia ante el Tribunal Supremo. Para él, la sentencia llegó demasiado tarde. Sin embargo, su familia extensa, con el apoyo de la comunidad, continuará impulsando este caso e intentará que se haga justicia a Paul".
Elena Crespi, directora de la Oficina de Europa Occidental de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) agregó: "Las repercusiones de esta sentencia van mucho más allá de Irlanda del Norte o del Reino Unido.
En toda Europa y fuera de sus fronteras, los Estados apelan cada vez con más frecuencia a la seguridad nacional u otras circunstancias excepcionales para eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos y evadir su responsabilidad. Al dar prioridad a la discrecionalidad del Gobierno por encima del derecho de las víctimas a la verdad y a un recurso efectivo –principios que están firmemente arraigados en el derecho internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos–, esta sentencia corre el riesgo de contribuir a afianzar esta peligrosa tendencia en la legislación y de debilitar las normas de rendición de cuentas más allá de este contexto. En este sentido, el Tribunal Supremo del Reino Unido debe proceder con especial cautela en sus próximas sentencias y el Parlamento debe garantizar que la nueva legislación sobre los casos históricos que actualmente se está examinando se ajuste plenamente a las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional y el CEDH".
Antecedentes
– El caso Thompson se deriva de una investigación histórica sobre el asesinato en 1994 de Paul "Topper" Thompson por parte del UDA, con presunta participación de agentes estatales.
– En 2024, al acercarse el inicio de la prohibición de nuevos procedimientos de investigación de casos antiguos que estableció la Ley sobre el legado de 2023, el juez forense intentó comunicar a la familia un "resumen", proporcionando más información sobre el asesinato.
– El secretario de Estado para Irlanda del Norte bloqueó la publicación de esta información, apelando a la política NCND en relación con los asuntos de inteligencia y los actos de los agentes estatales.
– Esta intervención se produjo poco después de que el juez forense encargado de la investigación sobre Sean Brown publicara un resumen informativo en el que afirmaba que había agentes estatales relacionados con el asesinato en 1997 del miembro de la GAA Sean Brown por parte de la LVF.
– El Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte confirmaron la decisión del juez forense, al considerar que tenía derecho a divulgar la información esencial del caso Thompson.
– El secretario de Estado recurrió ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, con el apoyo de otros departamentos del Gobierno británico.
– En junio de 2025 se celebró la vista del Tribunal Supremo, en la que la parte demandada, la familia Thompson, el juez forense y el jefe de la PSNI, estaban a favor de la publicación del resumen.
– Eugene Thompson, que padecía una enfermedad terminal en el momento de la vista, falleció tristemente a finales de julio de 2025, una semana después de recibir en su lecho de muerte las disculpas oficiales del jefe de la PSNI, Jon Boutcher, por los fallos policiales en relación con el asesinato de su hermano.
– El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, hizo referencia a la sentencia pendiente del caso Thompson como motivo para no dar su aprobación para el informe final de la Operación Kenova, en el que se nombraba al agente conocido como "Stakeknife", cuando se publicó la semana pasada.
– La sentencia del caso Thompson y la información de fondo se pueden consultar en el sitio web del Tribunal Supremo del Reino Unido, en este enlace.