11 de junio de 2025. La apelación del secretario de Estado para Irlanda del Norte cuenta con el apoyo de cuatro organismos gubernamentales: el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo y el Abogado General. Esta apelación se produce tras varias sentencias anteriores del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte, favorables a la divulgación de la información a la familia Thompson.
Este caso histórico plantea cuestiones fundamentales sobre la política de "ni confirmar ni desmentir" (NCND, por sus siglas en inglés) que utiliza el Gobierno para impedir la divulgación de información por motivos de seguridad nacional. Comité de Administración de Justicia (CAJ), Amnistía Internacional y Relatives for Justice (RFJ) sostienen que se emplea a menudo esta política para ocultar la responsabilidad del Estado en violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional lanzó una firme advertencia sobre el hecho de que el secreto de Estado continúa bloqueando el acceso a la verdad y la rendición de cuentas en casos antiguos, lo que prolonga el sufrimiento de las familias de las víctimas y socava el estado de derecho.
Antes de la vista, Eugene Thompson, hermano de Paul Thompson, que se encuentra gravemente enfermo, declaró: "Llevo décadas luchando para saber la verdad sobre lo que le ocurrió a Paul. El Gobierno no debería oponerse a que obtengamos las respuestas que necesitamos. Me hubiera gustado acudir personalmente al tribunal para seguir luchando por la justicia para Paul, pero mi salud no me lo permite. Sé que mi familia estará allí. Es algo que se debería haber resuelto hace mucho tiempo. Las reiteradas tácticas dilatorias y obstruccionistas del Gobierno nos hacen seguir luchando; no se debería haber llegado a este punto."
Antes de su fallecimiento, la madre de Paul y Eugene, Margaret Thompson, se desplazó hasta la Cámara de los Comunes para solicitar una investigación pública sobre el asesinato de su hijo. Eugene añadió: "Mi madre comenzó la lucha de nuestra familia por la justicia hace más de 31 años y ya falleció. Espero que el Tribunal Supremo del Reino Unido ayude a cerrar este caso."
Daniel Holder, director del Comité de Administración de Justicia (CAJ, equipo defensor de la familia, declaró: "Eugene y su familia llevan mucho tiempo buscando justicia y verdad para el asesinato de Paul, pero se encontraron con retrasos y obstáculos repetidos. Nunca se llevó a cabo una investigación eficaz y, 31 años después, todavía no se concluyó la instrucción judicial. Este caso tiene muchas repercusiones para numerosas familias en duelo y para el estado de derecho. No se puede apelar a la seguridad nacional para ocultar las irregularidades cometidas por el Estado o la participación de agentes estatales en asesinatos u otras violaciones de los derechos humanos".
Grainne Teggart, subdirectora de Amnistía Internacional Reino Unido en Irlanda del Norte, declaró: "Este caso es fundamental en lo que respecta al secreto de Estado sobre cuestiones antiguas y pone de relieve todo lo que falla en la actitud del Reino Unido, la de un Gobierno más centrado en protegerse a sí mismo que en revelar la verdad. Pone al descubierto una cultura de obstrucción en la que ni siquiera la petición de un hermano gravemente enfermo y tres sentencias judiciales son suficientes para que se imponga la transparencia. La obsesión del gobierno por el secreto sigue prevaleciendo sobre la rendición de cuentas, y son las familias quienes lo están sufriendo en primera persona. El caso Thompson resume a la perfección los fallos de la política del Reino Unido sobre los casos históricos: un sombrío ejemplo de cómo se utiliza el secreto de Estado, los retrasos interminables y la obstrucción institucional para continuar negando sus derechos a las familias de las víctimas. Pone de manifiesto el desequilibrio de poder: una familia que busca respuestas frente a un gobierno que cierra filas para protegerse del escrutinio. Resulta profundamente decepcionante que el Gobierno siga negando la verdad a las víctimas mientras afirma su compromiso de ofrecer una solución acordada sobre el pasado".
Irati Oleaga, de Relatives for Justice agregó: "La vida de Paul Thompson importaba. También importa conocer la verdad sobre su muerte. Y también importa el valor de quienes nunca dejaron de exigirla. Estamos con Eugene. Con su madre Margaret, cuya ausencia lamentamos profundamente. Y estamos con las muchas otras familias a las que todavía se les niega la verdad, la justicia y el reconocimiento. Su persistencia frente a los retrasos, las negativas y la obstrucción deliberada es un testimonio de la fuerza de la dignidad humana".
Reyhan Yalcindag Baydemir, vicepresidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que asistirá a la vista como observadora internacional, dijo: "La justicia es el único camino para las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Negar el acceso a la información sobre un asesinato no solo obstaculiza el derecho a la verdad y la rendición de cuentas, sino que también vulnera la dignidad de las víctimas y la memoria de las personas fallecidas. El Gobierno británico debe asumir sus responsabilidades y cumplir sus obligaciones internacionales poniendo fin a la práctica del secreto de Estado, que socava el estado de derecho y perpetúa la impunidad de los delitos cometidos en el pasado".