París, 26 de marzo de 2026. Esta decisión pone fin a una anomalía y a una injusticia con tintes coloniales. En una notificación oficial dirigida al Consejo de Europa, Francia declaró el 19 de marzo de 2026 la extensión de la aplicabilidad de la Carta Social Europea a sus territorios denominados "de ultramar". A partir del 1 de mayo de 2026, las personas residentes en Guadalupe, Martinica, Guayana, Mayotte y La Reunión, así como de San Martín, San Bartolomé y San Pedro y Miquelón, podrán disfrutar de los derechos protegidos por la Carta Social Europea. Esta Carta garantiza derechos sociales esenciales para una vida digna, como la vivienda, la salud y el trabajo. Las organizaciones que participaron en esta iniciativa celebran la victoria de la sociedad civil, fruto de una movilización local, nacional e internacional.
Nathalie Tehio, presidenta de la LDH celebra esta victoria: "Por fin, tras 50 años de exclusión, la Carta Social Europea se aplica a los territorios de ultramar, lo que pone fin a una injusticia que afectaba a más de dos millones de personas, con la esperanza de que, a largo plazo, también se aplique en Nueva Caledonia, en la Polinesia o en Wallis y Futuna".
"Francia reconoce por fin la plena igualdad de derechos entre las poblaciones de sus territorios de ultramar y la población de la metrópoli, al eliminar una cláusula heredada del pasado colonial", afirma Elena Crespi, directora de la oficina europea de la FIDH. "La FIDH insta a los demás Estados miembros del Consejo de Europa que hayan ratificado la Carta Social Europea y que cuenten con territorios denominados ’de ultramar’ a que, a su vez, procedan sin demora a realizar la declaración sin reservas. Esta excepción territorial es injustificable a la luz del derecho internacional y europeo y es necesario eliminarla".
Una reclamo colectivo
El 18 de marzo de 2024, la FIDH y sus organizaciones miembros, Kimbé Rèd F.W.I. y la LDH, presentaron una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) contra Francia, relativa a las violaciones de la Carta Social Europea revisada, en particular, por la falta de acceso al agua potable en Guadalupe y el envenenamiento por clordecona en las Antillas.
En una decisión del 19 de marzo de 2025, el Comité se negó a examinar el fondo de la demanda. El motivo invocado fue precisamente la exclusión territorial prevista en el artículo 2 de la Carta y la falta de una declaración expresa de Francia sobre su intención de ampliar la aplicación de la Carta a sus territorios denominados "de ultramar" en el momento de la decisión.
Entonces la FIDH, Kimbé Rèd F.W.I. y la LDH, con el apoyo de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), habían instado a las autoridades francesas a realizar esta declaración lo antes posible. De este modo, les invitaban a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, en particular en materia de no discriminación.
"Gracias a esta declaración, más de dos millones de personas que hasta ahora carecían de un recurso efectivo podrán hacer valer plenamente el respeto de sus derechos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, algo fundamental en un contexto en el que estas poblaciones se ven, de hecho, afectadas de manera desproporcionada por las violaciones de los derechos protegidos por la Carta Social Europea revisada", añade Sabrina Cajoly, fundadora y directora ejecutiva de Kimbé Rèd F.W.I.
La FIDH y sus miembros, la LDH y Kimbé Rèd F.W.I., continuarán su trabajo hasta obtener justicia para las poblaciones afectadas, recurriendo a las instancias nacionales y europeas competentes.