"Esta decisión viene a confirmar la pertinencia del procedimiento iniciado por nuestras organizaciones al presentar una denuncia en julio de 2012," declaró Patrick Baudouin, abogado y presidente honorario de la FIDH.
Es importante recordar que el estatus de testigo asistido, que puede ser previo a una imputación, se dirige contra cualquier persona que pueda haber sido implicada por un testigo o contra la que existan indicios racionales de que haya podido participar, como autor o como cómplice, en la comisión de las infracciones que competen al juez de instrucción.
"Esperamos que a partir de ahora la instrucción permita que se aclaren por completo las condiciones en las que se puso en marcha un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones, en beneficio del régimen criminal de Bachar el Asad y en perjuicio del pueblo sirio," declaró Michel Tuviana, abogado y presidente honorario de la LDH.
Esta decisión se toma en el marco de una investigación judicial abierta tras la denuncia presentada por la FIDH y la LDH por la participación de empresas francesas en la puesta en marcha de un sistema generalizado de vigilancia de las comunicaciones electrónicas suministrado al régimen de Bacher el Asad, que sirvió para perseguir, torturar y ejecutar a opositores del régimen.
Nuestras organizaciones denunciaron igualmente a la empresa Amesys por hechos similares cometidos en la Libia de Muamar Gadafi. La unidad de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad del TGI de París está llevando a cabo una investigación judicial y esperamos que este procedimiento avance rápidamente, teniendo en cuenta que cinco víctimas libias constituyeron en partes civiles y comparecieron ante los jueces en 2013.