París, 31 de marzo de 2025. En su decisión publicada hoy, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) constata inequívocamente la existencia de una discriminación entre los diferentes territorios franceses, pero opta por no cuestionarla. “La Carta [Social Europea] no puede considerarse de facto aplicable a Guadalupe y Martinica. El resultado es una situación en la que la ciudadanía de estos territorios disfruta de un nivel de protección de los derechos sociales significativamente inferior, en términos de derechos humanos europeos, en comparación con sus conciudadanos/as de la metrópoli”. Con estas palabras, el Comité considera inadmisible la reclamación colectiva que han presentado la FIDH, la LDH y Kimbé Rèd F.W.I.
“La falta de acceso al agua potable y la contaminación por clordecona representan un sufrimiento diario y una inmensa herida para todas las personas antillanas. Al declarar esta denuncia inadmisible, el CEDS priva a las poblaciones de Guadalupe y Martinica de la posibilidad de lograr justicia, reparación e indemnización en relación con dos importantes problemas que llevan décadas estancados en Francia. Esta decisión legitima el hecho de que, en 2025, en los territorios de ultramar no se nace iguales en derechos humanos”, declara Sabrina Cajoly, fundadora y directora de la asociación antillana Kimbé Rèd F.W.I.
La decisión del CEDS supone que la Carta Social Europea seguirá sin aplicarse a los territorios denominados “de ultramar” hasta que los Estados signatarios no hagan una “declaración expresa” para que se su contenido se haga extensible a ellos. Una excepción que la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) de Francia califica de “cláusulas coloniales” y contraria a la Constitución.
“Dado que el Comité ha decidido dejar total libertad a Francia, este país debe aplicar la Carta a la totalidad de su ciudadanía. No puede seguir reivindicando su soberanía sobre los territorios de ultramar, negando el hecho colonial, mientras sigue tratando a sus habitantes como ciudadanos/as de segunda. Las personas no solo sufren esta discriminación, sino también las consecuencias sanitarias de la contaminación del agua y la tierra por clordecona, que han asumido los diferentes gobiernos franceses”, declara Nathalie Tehio, presidenta de la LDH.
“En mi calidad de activista de derechos humanos que ha luchado y sigue luchando firmemente contra el apartheid, el racismo y la discriminación, debo constatar que esta reciente decisión reafirma lamentablemente todos estos conceptos. En un momento en que se está produciendo un retroceso de los derechos humanos en todo el mundo, el Comité Europeo de Derechos Sociales no ha sabido utilizar la jurisprudencia como herramienta de progreso y protección de la dignidad. Este caso ofrecía al Comité la oportunidad de cuestionar el statu quo y romper con la persistente colonialidad que se manifiesta en la relación entre Francia y sus territorios de ultramar.1 Por el contrario, el Comité, ha decidido sumarse a la postura del Estado, que aprueba esta discriminación. Esta decisión va en contra de los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos, que se basa en la universalidad, la inalienabilidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos”, declara Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
Francia debe extender inmediatamente la Carta Social Europea a sus territorios denominados “de ultramar”
En sus observaciones sobre la admisibilidad de la reclamación, el Gobierno francés se había limitado a afirmar que “(...) la Carta no se aplica a los territorios no metropolitanos de Francia, ya que Francia no ha formulado hasta la fecha la declaración prevista en el apartado 2 del artículo L de la Carta”, asumiendo la discriminación hacia una parte de su ciudadanía. Sin embargo, la falta de acceso al agua potable y los daños causados por décadas de contaminación deliberada con clordecona afectan a más de medio millón de personas en sus territorios denominados “de ultramar”.
Por lo tanto, las tres organizaciones firmantes instan al Gobierno francés a que extienda inmediatamente la Carta Social Europea a sus territorios denominados “de ultramar”. Esta declaración es aún más esperada porque las autoridades ya han reconocido públicamente en varias ocasiones que era inexistente.
Además, nuestras organizaciones piden a Francia que tome medidas concretas de inmediato, como la distribución de cisternas, garrafas de agua, la anulación de facturas y la puesta en marcha de servicios de información a la población en tiempo real en caso de cortes y contaminación prolongados. Estas medidas inmediatas pueden aliviar el sufrimiento de la población mientras se esperan políticas públicas a la altura de los retos.
Una decisión favorable del Comité respecto de los territorios “de ultramar” habría permitido eludir esta limitación inaceptable y abrir el camino a la justiciabilidad de los derechos protegidos por la Carta en todos los territorios europeos de ultramar. Ahora corresponde a los Estados miembros que siguen tratando de manera diferente a su población en función de su lugar de residencia, superar esta disposición y declarar la aplicabilidad inmediata de la Carta a todo su territorio.