16 de abril de 2026. Al Haq, la organización palestina más antigua de defensa de los derechos humanos, pionera del movimiento de derechos humanos en Oriente Próximo, es una de las tres organizaciones palestinas principales –junto con Al Mezan, con sede en Gaza, y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)– que se enfrentan a sanciones del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) por su trabajo con la Corte Penal Internacional (CPI). En 2021, Al Haq también fue criminalizada injustamente por Israel después de décadas de ser objeto de campañas de desprestigio y ataques en su contra y a su personal.
"Resulta vergonzoso y muy preocupante que se impida entrar en el espacio Schengen a un defensor de los derechos humanos que ha dedicado su vida a exigir justicia por crímenes internacionales, cuando hay personas a las que se busca por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pueden viajar sin impedimentos. La existencia de este doble rasero, cruel y absurdo, debería suscitar una reflexión urgente entre los Estados europeos sobre su compromiso con la rendición de cuentas y la aplicación coherente de la justicia internacional", afirmó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
"La aportación de Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos al movimiento mundial de derechos humanos es inmensa, documentando con valentía y rigor los abusos, alzando la voz en nombre de las víctimas y defendiendo los mismos valores universales que Francia afirma respaldar. En 2018, Francia concedió a Al Haq el prestigioso Premio de la República Francesa en reconocimiento a su trabajo en materia de derechos humanos, que se entregó personalmente a Jabarin. Instamos a las autoridades francesas a que reconsideren su decisión con efecto inmediato y se comprometan a conceder un visado a Jabarin", declaró Alexis Deswaef, presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Además de estas tres organizaciones palestinas, en la lista de sanciones de EE. UU. figuran también ocho miembros de la judicatura de la CPI, tres fiscales de la CPI y la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
"En 2025, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de busca y captura de la CPI por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina, fue recibido en Hungría, y un fugitivo libio de la CPI pudo entrar y salir de Italia sin impedimentos; es decir, ambos accedieron al espacio Schengen sin ser detenidos y sin que ningún otro Estado del espacio Schengen formulase ninguna objeción. Mientras tanto, se castiga a las personas defensoras de los derechos humanos que tratan de apoyar la justicia y se les impide llevar a cabo su legítima labor en materia de derechos humanos", afirmó Alison Smith, directora de la Secretaría de la CICC.
Varios países, entre ellos, Francia, se han pronunciado públicamente contra las sanciones, y el Presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado directamente al Presidente Trump que levante las sanciones contra el juez francés de la CPI, Nicolas Guillou. Por otra parte, también han denunciado la criminalización de las organizaciones de derechos humanos por parte de Israel. Francia debe mantener esta postura y negarse a que se la perciba como un país que cede ante las sanciones de EE. UU. o las imposiciones israelíes.
En octubre de 2025, un mes después de que EE. UU. incluyera a las organizaciones palestinas en su lista de organizaciones dichas "terroristas", "uno o varios Estados miembros de la UE" rechazaron la solicitud de visado Schengen de Shawan Jabarin con el argumento de que su presencia podría suponer una "amenaza para el orden público o la seguridad interior". El 10 de abril de 2026, Jabarin tenía previsto viajar a Europa para atender una serie de compromisos públicos sobre las sanciones y las medidas concretas que la Unión Europea y sus Estados miembros podrían poner en marcha para apoyar y proteger a la CPI y a quienes cooperan con ella. Estos compromisos se llevan a cabo junto con la dirección del PCHR, Al Mezan y varias ONG internacionales. Ante la denegación previa de su visado Schengen, Jabarin solicitó visados nacionales a los países que tenía previsto visitar, Bélgica, Francia y los Países Bajos.
En el último momento, Francia denegó el visado nacional, lo que le impide participar en las próximas reuniones informativas con el Parlamento francés, organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Por otra parte, el retraso de Francia en dar una respuesta a las autoridades belgas y neerlandesas impidió a Jabarin participar en varios encuentros previstos en el Parlamento Europeo y en el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. Posteriormente, los Países Bajos y Bélgica expidieron un visado nacional que permite a Jabarin asistir al resto de reuniones previstas en sus respectivos territorios nacionales. Sin embargo, la denegación de Francia ya ha impedido a Jabarin tomar parte en algunos encuentros y ha restringido su labor esencial en materia de derechos humanos e incidencia política, inclusive en lo que respecta a los efectos de las sanciones en el ecosistema de la justicia internacional.
Esta denegación de visado lanza un mensaje extremadamente alarmante por parte de Francia, especialmente en el contexto de la reducción global del espacio para la labor en materia de derechos humanos en todo el mundo y de los crecientes ataques contra el propio derecho internacional. La negativa a expedir un visado es un ejemplo más de las restricciones contra las personas defensoras de los derechos humanos. Si estuviera vinculada de algún modo a las sanciones de EE. UU. o a las imposiciones israelíes, supondría una escalada extremadamente preocupante en la aplicación extraterritorial de sanciones contra quienes trabajan por la justicia y la rendición de cuentas.