En la declaración conjunta emitida al término de una reunión de trabajo entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro indio, Narendra Modi, el 4 de mayo de 2022, Francia y la India expresan su adhesión “a los valores compartidos de la democracia, las libertades fundamentales, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.
Francia y sus socios europeos llevan años repitiendo una y otra vez esta alusión a los “valores compartidos”. En un discurso pronunciado en abril de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden describió a la India y a la Unión Europea (UE) como “democracias dinámicas”que “comparten valores fundamentales e intereses comunes”. En mayo de 2021, las autoridades de la UE y de la India destacaron sus “intereses, principios y valores comunes en materia de democracia, libertad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos”.
Una democracia amordazada
Estas declaraciones ignoran una realidad mucho más siniestra: desde que Narendra Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP) llegaron al poder en 2014, los derechos humanos han sido objeto de ataques sistemáticos. Miles de ONG han sufrido el efecto de una legislación represiva en materia de financiación extranjera y muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar. A algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos o de protección del medio ambiente como Amnistía Internacional India y Greenpeace India se les ha revocado el permiso para recibir financiación extranjera sin causa justificada.
Se aplica la legislación antiterrorista y sobre sedición a personas defensoras de los derechos humanos y a periodistas.
Así, el defensor de los derechos humanos de Cachemira Khurram Parvez, fue detenido en noviembre de 2021 por su trabajo de investigación sobre la tortura y las desapariciones forzadas en esa región y lleva más de 150 días encarcelado arbitrariamente.
Del mismo modo, se detuvo al periodista Siddique Kappan y a tres de sus colegas, a quienes se acusa de terrorismo y sedición por denunciar la violación en grupo y el asesinato de una niña dalit en Uttar Pradesh. A Siddique Kappan también se le acusa de haberse manifestado contra la represión policial de las protestas que tuvieron lugar en Delhi en 2020 contra la controvertida Ley de Ciudadanía, que prevé un proceso de ciudadanía “acelerado” con exclusión específica de las personas musulmanas.
Violencia contra la población musulmana
Las minorías, sobre todo la musulmana, son objeto de constantes ataques por parte de los nacionalistas hindúes, apoyados por el gobierno liderado por el BJP. Con frecuencia, turbas violentas y armadas atacan a la población musulmana y llaman abiertamente a su genocidio, así como a la violación de mujeres musulmanas.
Frente a estos alarmantes acontecimientos, Francia y los gobiernos europeos continúan reiterando su apoyo al gobierno indio, especialmente a través de acuerdos comerciales y de cooperación militar.
Cuando en un país se amordaza a la democracia, es necesario que la totalidad de sus representantes la defienda. Seguir colaborando con el gobierno de Narendra Modi sin condenar públicamente su política de represión de los derechos humanos es una traición a los valores y objetivos declarados de la política exterior de Francia y de la Unión Europea. Ha llegado el momento de que Francia y sus socios europeos exijan el respeto de los derechos humanos en la India.
Alice Mogwe, presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Malik Salemkour, presidente de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)