Como organizaciones humanitarias y de derechos humanos que desarrollan su labor en Europa, observamos con gran preocupación que las políticas europeas tratan cada vez más de expulsar a las personas fuera de nuestro continente, haciendo que cada vez sea más difícil solicitar asilo y dejando que los Estados miembros de la primera entrada, como Grecia, asuman toda la responsabilidad, ignorando la realidad de terreno y las violaciones de los derechos humanos que ha provocado la Declaración UE-Turquía, la Comisión Europea propone una serie de medidas que agudizarán aún más la situación.
En su informe sobre el acuerdo UE-Turquía publicado la semana pasada, la Comisión Europea reconoce que sus políticas europeas y enfoques están causando múltiples problemas en Grecia, que los centros de recepción en las islas están masificados, muy por encima de su capacidad, y que las condiciones se están deteriorando drásticamente debido a las duras condiciones climáticas del invierno. Sin embargo, en el plan de acción conjunto, que se publicó la semana pasada junto con el informe de avance, se pide a Grecia que adopte difíciles medidas para aumentar los retornos a Turquía, entre otros, de solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad y de personas que tienen familiares en otros países de la UE. Asimismo, la Comisión recomendó a los países de la UE que reanuden gradualmente los retornos a Grecia de los solicitantes de asilo que atraviesen este país a partir del 15 de marzo de 2017, en aplicación del Reglamento Dublín II. Habida cuenta de los desafíos que afronta el país, esta decisión llega cuando deberían incrementarse los esfuerzos para reubicar a los solicitantes de asilo fuera de Grecia.
Durante la Cumbre de la UE del 15 de diciembre, los países europeos tienen la oportunidad de introducir cambios concretos que determinarán el modo en el que la UE gestiona la migración dentro del respeto de los derechos humanos y evitando sufrimiento innecesario. Sus líderes tienen la fuerza política para garantizar que la gestión futura de las personas que llegan a Europa se hará de forma humana y responsable.
La pregunta es si tendrán o no la voluntad política de hacerlo.
Las condiciones de vida de decenas de miles de hombres, mujeres y niños en las islas del Egeo ni siquiera cumplen las condiciones mínimas de dignidad y de seguridad. Muchos centros no son adecuados para albergar a personas durante el invierno, las personas enferman e incluso mueren en tiendas de campaña debido a los incendios, o sufren intoxicaciones por monóxido de carbono, las familias permanecen separadas y los procedimientos de solicitud de asilo son lentos y confusos. Los menores no acompañados son retenidos en establecimientos de detención o en celdas policiales, con frecuencia en condiciones sanitarias deplorables, sin privacidad, mientras esperan que haya espacio en los albergues. A veces se les detiene junto con adultos, aumentando de este modo el riesgo de abusos, tanto sexuales como de otro tipo.
Si esto ocurriera en cualquier otra parte del mundo, Europa estaría exigiendo a los Gobiernos una mejora de la situación. En cambio, los países europeos están trasladando sus responsabilidades de protección a países exteriores a la UE, aun a costa de incumplir la legislación europea y el derecho internacional. Han fracasado a la hora de unirse para gestionar de forma colectiva las nuevas llegadas de personas y, en vez de ello, están ejerciendo una enorme presión sobre unos pocos países para que gestionen los procesos y las consecuencias de las políticas a nivel comunitario. Expresiones como “solidaridad flexible” no tienen cabida en un enfoque común de la migración, humano y bien gestionado.
El acuerdo UE-Turquía, esta política emblemática, ha provocado que cerca de 16 000 personas se vean atrapadas en las islas de Lesbos, Chíos, Samos, Leros y Kos, a pesar de que la capacidad de recepción de sus centros se limita únicamente a 7 450 personas. A muchas de estas personas se les detiene a su llegada a las islas y la mayor parte de los centros y albergues donde viven las personas solicitantes de asilo carecen de servicios e instalaciones adecuadas. En la actualidad es urgente el traslado de las personas desde los centros masificados de las islas a otros centros en el continente que cumplan las normas europeas de recepción.
En el continente, el cierre de fronteras bloquea la continuación del viaje y la falta de alternativas oportunas para solicitar asilo en otros Estados miembros de la UE, han provocado que en Grecia las personas estén viviendo en campamentos que estaban diseñados únicamente para una estancia temporal. Los menores, las personas de avanzada edad y otros grupos vulnerables no deberían verse obligados a permanecer en tiendas de campaña sin calefacción, en el frío extremo de Europa. Se requiere un importante esfuerzo y ayuda para mejorar las condiciones de recepción en todo el país y garantizar un acceso rápido y eficiente a los procedimientos de asilo.
El mecanismo de reubicación sigue siendo lento y difícil de aplicar y, además, las propuestas de los Estados miembros están muy por debajo de sus objetivos. Aunque el mecanismo concluya en septiembre de 2017, tan solo 8 162 refugiados han sido reubicados en los 106 000 espacios asignados —menos de un 8%— del objetivo acordado. El sistema presenta graves fallos, entre otros, el de excluir a muchas personas, ya que el proceso de reubicación únicamente está disponible para aquellas nacionalidades que tengan un porcentaje de reconocimiento en la UE como mínimo de un 75%.
Durante la cumbre del 15 de diciembre, los líderes europeos tendrán la oportunidad de garantizar que las personas que lleguen a Europa reciben un trato humano y responsable, y que se protegen sus derechos.
Con el fin de mejorar la situación, los líderes europeos deben tomar de inmediato ciertas medidas importantes:
Los Estados miembros deben dar prioridad al traslado inmediato de las personas desde los centros masificados en las islas a las instalaciones abiertas en el continente que cumplan con las normas europeas en materia de recepción; en lugar de ejercer presión sobre las autoridades griegas para que mantengan a estas personas en las islas en condiciones deficientes.
Los Estados miembros deben comprometerse a redoblar esfuerzos para reubicar a los solicitantes de asilo fuera de los países de llegada, entre otros Grecia, dando prioridad a los grupos más vulnerables, independientemente de su nacionalidad, y a ofrecer información y apoyo a las personas a la hora de elegir el país de destino. Los Estados miembros deben permitir un acceso rápido y eficiente a la reunificación familiar, a la reubicación y garantizar el estatuto de refugiado.
Los Estados miembros deben asegurarse de que cada persona puede acceder a la protección y a un proceso de asilo justo y eficiente. La UE debe respetar el marco de derechos fundamentales que ha establecido para sí misma, y debe garantizar que su deseo a la hora de acelerar los procesos no se realiza a expensas del acceso al asilo.
La UE debe poner fin a su política de externalización de la gestión migratoria mediante acuerdos como la Declaración UE-Turquía, que no cumple los compromisos de la UE en virtud del derecho de los derechos humanos y de los refugiados. Es posible gestionar la migración de una forma digna y humana. Mediante el refuerzo del marco de la migración legal; la multiplicación de las rutas seguras y legales para los refugiados y la protección de los derechos de todas las personas que llegan a Europa, la UE puede servir de ejemplo mundial, como un sistema que garantiza el bienestar de las personas migrantes, incluyendo los refugiados, al tiempo que protege sus propias libertades internas.
Atentamente,