Con la nueva ley, las agencias de inteligencia francesas estarían facultadas para introducirse en los ordenadores y dispositivos y espiar las comunicaciones de cualquier persona que entre en contacto con un sospechoso, aunque sea de forma accidental. La nueva ley les permitirá hacerlo sin necesidad de obtener una orden judicial.
Nuestras organizaciones expresan su profunda preocupación ante la propuesta del proyecto de ley de instalar la tecnología de vigilancia en los proveedores de servicios de internet y en las empresas de telecomunicaciones, con el fin de analizar toda la actividad de internet según unos algoritmos específicos establecidos por el Gobierno. Estos sistemas de vigilancia masivos suponen un peligro para la intimidad de los usuarios de internet, pueden afectar potencialmente a la libertad de expresión y podrían ser utilizados para cometer abusos graves.
El proyecto de ley pone en manos del gabinete del Primer Ministro un poder sin precedentes otorgándole capacidad suficiente para que pueda autorizar cualquier forma de vigilancia sin necesidad de solicitar una autorización judicial. Si bien la ley prevé la creación de una Comisión Nacional ampliada para el control de las técnicas de inteligencia, las recomendaciones de esta Comisión no serían vinculantes para el Primer Ministro y sus representantes. Al eliminar el control judicial sobre la vigilancia, el proyecto de ley no solo supone una grave intromisión en la intimidad de los ciudadanos de a pie, sino que aumenta aún más el riesgo de que se cometan abusos. Podría asimismo agravar los riesgos que la vigilancia masiva entraña para quienes que trabajan en cuestiones sensibles y recurren a fuentes confidenciales, entre ellos los periodistas y las organizaciones de derechos humanos.
Los poderes de vigilancia en el exterior otorgados por el proyecto de ley son muy amplios y se asimilan a los que ahora se enfrentan a impugnación legal en el Reino Unido, ya que habilitan al Primer Ministro francés a ordenar la interceptación de comunicaciones que se emitan o reciban fuera de Francia. Según el proyecto de ley, el Consejo de Estado, mediante un decreto aún no publicado, decidiría los medios técnicas que las agencias de inteligencia pueden utilizar.
Además de las herramientas propuestas de filtrado masivo, el proyecto de ley otorga a las agencias del Gobierno una peligrosa serie de poderes adicionales:
- El proyecto de ley prevé de forma explícita la posibilidad de que los agentes de inteligencia pinchen dispositivos y ordenadores, como un medio de última instancia. El pirateo es una forma de vigilancia extremamente invasiva y su uso por cualquier autoridad del Estado, en particular por las agencias de inteligencia, debe ser altamente regulado para prevenir los abusos de poder, si bien el proyecto de ley no prevé la necesidad de autorización judicial ni la supervisión de los poderes de pirateo.
- El proyecto de ley autoriza a las agencias de inteligencia a utilizar "sensores de proximidad" en la vigilancia sobre el terreno con el fin de determinar la localización e identificación de personas concretas. Esta disposición es un intento de fomentar el uso de receptores IMSI (International Mobile Subscriber Identity) por parte de los servicios de inteligencia franceses, según la Comisión Nacional de Informática y Libertades, autoridad francesa de protección de datos, que logró presionar al Gobierno para incluir una serie de protecciones adicionales en el proyecto de ley antes de su publicación. Los receptores IMSI son dispositivos de interceptación de móviles sujetos a control de exportación en Estados Unidos y Europa, que han sido recientemente sometidos a un análisis crítico por parte de los tribunales y las legislaturas de los Estados Unidos. El proyecto de ley estipula que los receptores IMSI se pueden utilizar para la recogida de la información de geolocalización en directo de las personas que utilizan sus propios dispositivos móviles. Teniendo en cuenta que los receptores IMSI no son dispositivos selectivos sino que identifican y geolocalizan personas que se encuentran dentro de un lugar determinado (por ejemplo, una plaza o un aeropuerto) esto facilitaría inevitablemente la vigilancia de personas que no son sospechosas de delito alguno.
- En virtud de las nuevas competencias introducidas por el proyecto de ley, las agencias de inteligencia pueden interceptar y analizar las comunicaciones electrónicas de cualquier persona que se conecte con un sospechoso –incluidas las conexiones o encuentros en línea o fuera de línea–.
Estas organizaciones instan al parlamento francés a que analice en profundidad el proyecto de ley en las próximas semanas, para velar por que el derecho francés cumpla la normativa internacional en materia de derechos humanos y de normas de vigilancia.
Carly Nyst, director jurídico de Privacy International afirmó: "La adopción de esta ley solo dos meses después de la tragedia de Charlie Hebdo es un intento de ampliar los poderes de vigilancia con el pretexto de prevenir el terrorismo. El aumento de la seguridad no debe ir en detrimento de la intimidad y no se debe utilizar la amenaza del terrorismo para justificar la vigilancia masiva de las actividades de todos los internautas franceses. Si el parlamento no aprobase las medidas propuestas sin antes someterlas a un análisis y un examen rigurosos Francia estaría camino de convertirse en un estado controlador, sin por ello garantizar una mayor seguridad ante ataques terroristas."
Joshua Franco, investigador sobre tecnología y derechos humanos en Amnistía Internacional, afirmó: "Francia no puede dejar que la búsqueda de la seguridad se haga a costa del respeto a los derechos humanos, de la libertad de expresión y del derecho a la intimidad. Estos amplios e invasivos poderes de vigilancia no estarían sujetos a un control significativo y pueden resultar en una autocensura de los usuarios de internet."
Karim Lahidji, presidente de la FIDH, afirmó: "Nos preocupa mucho la falta de supervisión judicial de estas disposiciones, que otorgan al Gobierno la facultad de autorizar una amplia vigilancia de cualquier individuo sin ninguna posibilidad de impugnar judicialmente estas medidas. También estamos preocupados por la creciente tendencia a abusar de la retórica antiterrorista para vulnerar las libertades."
Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, afirmó: "Exigimos que esta ley incluya salvaguardas para el derecho de los periodistas a trabajar sin que se les espíe, porque lo contrario constituiría una grave violación de la libertad de prensa. El Gobierno debe restablecer la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas volviendo a introducir en los procedimientos establecidos la necesidad de intervención judicial. Es esencial que se incluya una excepción para los periodistas en el sistema de vigilancia previsto en el presente proyecto de ley."
Pierre Tartakowsky, presidente de la LDH, afirmó: “Los derechos fundamentales solo se respetarán de manera efectiva si se restablece el principio del control eficaz y proporcionado, con autorización previa de las medidas, y con una finalidad estrictamente definida y relevante para la seguridad nacional”.